El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri; el exministro de Comunicación y actual diputado del FPV, Pedro Báez; y el empresario Germán Buffa, tendrán un respiro al finalizar el año. Y es que sus declaraciones indagatorias previstas para esta semana fueron suspendidas por la Justicia a pedido de los abogados defensores, que expusieron diferentes excusas. En Tribunales estiman ahora que las indagatorias se tomarían recién en febrero de 2018.

Los tres debían declarar en la causa denominada "Global Means", en referencia a la sociedad anónima que aparece investigada en el expediente. Pero está caratulado "Urribarri Sergio Daniel, Báez Pedro Ángel, Buffa Germán Esteban s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". Precisamente, en la Justicia investigan el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el otorgamiento de publicidad sin respetar reglas de contratación pública.

La investigación se abrió tras una denuncia presentada en 2013 por el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D' Agostino (Cambiemos), quien destacó que durante la gestión de Urribarri en la Gobernación y Báez en el Ministerio de Comunicación "se utilizó como un patrón el uso de la excepción y el pago previo antes de la cotización, violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos (los pagos) fueron de mayor valor". Entre las empresas beneficiadas con pauta y que no habría cumplido los requisitos básicos para su contratación se encuentra Global Means SA, que integra el contador Germán Buffa.

El pasado 24 de octubre, la jueza María Gabriela Garbarino, titular del Juzgado de Transición N° 1, citó a Urribarri, Báez y Buffa a declarar en el siguiente orden: el exmandatario fue convocado para este martes 12 de diciembre, a las 9; mientras que el exministro y actual diputado provinjcial fue citado para este miércoles 13, y el empresario para el jueves 14. En aquella resolución, la magistrada también libró un oficio a la Dirección General del Ministerio de Comunicación y Cultura de Entre Ríos para que remita copia del legajo de German Buffa, que debería estar en el Registro de Medios.

Sin embargo, los defensores de los tres presentaron sendas excusas para evitar las indagatorias. Fuentes judiciales indicaron que el abogado de Urribarri, Marcos Rodríguez Allende, presentó un pedido de suspensión ya que se encuentra con licencia médica que impide estar cuando su defendido declare.

Por su parte, el abogado de Báez, Ignacio Díaz, argumentó el pedido de suspensión en el hecho de que su defendido tiene "una agenda apretada" durante el mes de diciembre debido a la extensión de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Esa extensión fue solicitada en los primeros días de diciembre por el presidente de la Cámara Baja, Urribarri. La razón: votar el pacto fiscal que firmó el gobernador Gustavo Bordet con el presidente Mauricio Macri.

En tanto, el empresario Buffa logró evitar la indagatoria porque su abogado, José Velazquez, manifestó que tenía otras audiencias programadas, que hacían imposible su presencia en la declaración de su defendido.

Con esos fundamentos en mano, la jueza Garbarino decidió suspender las indagatorias y comenzar a evaluar una nueva fecha para citarlos a los tres. De momento, trascendió que podrían ser citados para el mes de febrero de 2018.

"El juzgado tiene otras causas en trámite y no ven factible fijar las indagatorias de esta causa en lo que queda de diciembre. Ven probable que las indagatorias sean fijadas para el mes de febrero", aseguraron en Tribunales.

Desde Tribunales también se explicó que Urribarri, Báez y Buffa están imputados, pero de que esa novedad no pudieron anoticiarse de manera formal por cuanto no se presentaron a la indagatoria, que consiguieron aplazar para 2018.

El pedido de indagatoria, junto a medidas de prueba, había sido solicitado por la fiscal Viviana Ferreyra, que investiga a Urribarri, Báez y Buffa. La jueza Garbarino hizo lugar a la solicitud y comenzó con la instrucción formal. La denuncia tramita con el Código Procesal Penal anterior, y por ello en este caso es el juez quien lleva adelante las indagatorias y medidas de prueba que le requiere el fiscal.

¿Cómo seguirá el caso? Una vez que la magistrada le tome declaración a los imputados deberá dictar un auto de mérito, con tres posibilidades: un procesamiento, una falta de mérito o un sobreseimiento. En caso de dictar un procesamiento, la fiscal debe solicitar la elevación de la causa a juicio. En esa instancia la defensa de los acusados podrá oponerse, y será el juzgado de Garbarino quien deberá resolver el asunto. Sin embargo, para ello habrá que esperar hasta 2018.

<h5>Qué se investiga</h5>

La denuncia de D´Agostino hizo notar que el gobierno de Urribarri adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.

Además, el radical señaló que entre los medios más beneficiados por la inequitativa distribución de la publicidad fueron canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal Lopez), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.

En la justicia señalaron que en el caso de Global Means le habría otorgado esa cifra importante en publicidad "cuando no reunía los requisitos para su otorgamiento".

Fuente: Entre Ríos Ahora