La postura del presidente Luis Lacalle Pou se mantiene firme en un contexto de aumento de casos de Covid-19 en su país: cuando asoma el verano, la República Oriental del Uruguay sigue cerrada al turismo. Ese impedimento incluye a los argentinos que tienen propiedades allí, quienes reclaman que como pagan sus impuestos todo el año “no son meros turistas” y deberían poder ingresar.
Por ahora, solo pueden entrar al país quienes tienen motivos muy específicos: diplomáticos, pilotos, quienes precisan ir por cuestiones laborales, económicas, empresariales o judiciales, entre otras pocas excepciones listadas en la página web del gobierno uruguayo.
“Está totalmente prohibido el turismo: están ingresando solo por razones de negocios, como firma de boletos de escrituras, o de unificación familiar entre padres e hijos. Todas las demás autorizaciones son muy difíciles de conseguir”, explicó Alejandra Covello, titular de Covello Propiedades, una argentina que reside allí desde hace un año y que ayuda a gestionar los permisos para acceder al país vecino.
Más allá del problema puntual de la emergencia sanitaria, varios argentinos con propiedades en Uruguay coinciden en que la pandemia los ayudó a tomar la decisión de solicitar la residencia.
Puntos de vista, ante próximos anuncios
El 18 de diciembre próximo, el gobierno uruguayo analizará las medidas que viene tomando desde el 1º de diciembre para enfrentar al Coronavirus y, en base a ello, hará anuncios. “Se va a definir si tenemos fiestas y si tenemos verano”, afirmó el secretario de Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado.“Todo el mundo especula que el 18 habrá medidas más restrictivas porque la situación está muy preocupante, sobre todo en Montevideo”, señaló Baltasar Urrestarazu, gerente de nuevos negocios del portal inmobiliario InfoCasas. Desde su punto de vista, sería imposible de controlar la llegada masiva de argentinos. Si a ellos se le suman los miles de uruguayos que viven en el exterior, que sí están autorizados para entrar al país para las fiestas, se podría agravar el hilo epidemiológico que aún no se perdió en Uruguay.
La falta de los argentinos cambió la dinámica de los alquileres en el país vecino. Según Urrestarazu, la ocupación de casas y departamentos en Punta del Este se mantiene por los propios uruguayos que no pudieron salir de vacaciones en la temporada de julio, agosto y septiembre y ahora alquilan casas por el verano por hasta tres meses, algo no tan común. “Probablemente haya muy buena ocupación pero de un público distinto. Y se va a resentir el segmento del lujo”, advirtió.
Sergio Quintieri es otro argentino que va a tener que cambiar su destino de vacaciones. Hace más de 20 años que visita Punta del Este: aún no sabe qué hará este verano y está a la expectativa de novedades. Como propietario suma otra preocupación: “Hace nueve meses que no sé cómo está mi casa”, lamentó. Ni siquiera intentó una gestión en el consulado porque supo que daban turno con una demora de dos meses.
“Hoy se entra por goteo, muy calificado: hay un cuello de botella en el que se tratan unos 150 ó 200 casos por semana”, definió Juan Carlos Sorhobigarat, director general de Terramar Christie's International Real Estate, la división uruguaya de la marca líder de servicios inmobiliarios de lujo.
“La decisión de no abrir las fronteras de ninguna forma nos encuentra con una temporada totalmente desconocida: desde Colonia a Montevideo, se va a vivir con los que ya están adentro o el goteo que pueda entrar por permisos puntuales. Es una temporada casi sin demanda de alquileres”, indicó, refiriéndose al segmento de alta gama.
La temporada de invierno ya había tenido sus particularidades: “Las radicaciones son impresionantes: tuvimos el mejor invierno que yo puedo conocer en los casi 32 años que vivo en Uruguay. Vi pasar la crisis del ‘89, la del Tequila, la de Indonesia y la del 2001 y ninguna se asemeja al nuevo ingreso de gente que eligió venir a vivir acá”.
Sin datos oficiales
No hay una cifra formal de ciudadanos argentinos con propiedades en Uruguay, aunque algunos agentes inmobiliarios estiman que podrían ser más de 200 mil. Los inmuebles allí pagan dos impuestos: el de contribución inmobiliaria, que varía según la zona en la que está ubicada la propiedad, más el llamado “impuesto de enseñanza primaria”, que financia costos de educación. Ambos son anuales y juntos no suelen sumar más del 1% del valor de la propiedad.Fuente: La Nación - María Ayzaguer