El exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, analizó la sentencia a ocho años de prisión que le impuso el Tribunal de Juicio de Paraná al exgobernador Sergio Urribarri por hechos de corrupción ocurridos durante su gestión.
En esta ocasión, Urribarri volvió a calificar de "mamarracho jurídico" el fallo y sostuvo que las acciones por las que fue sentenciado son "actos de gobierno no judiciables".
Los abogados del exgobernador pidieron a Zaffaroni que se pronuncie sobre la sentencia, "ante la arbitrariedad y la violación de principios constitucionales que estamos soportando", expresó Urribarri.
"Si bien mediáticamente este caso se conoció como 'megajuicio', se me juzgó por la instalación de un parador en una playa de Mar del Plata para difundir el turismo, por la contratación de carteles en rutas y cuatro spots para comunicar acciones de gobierno y por la publicación de un aviso y de una solicitada contra los fondos buitre", dijo Urribarri en su cuenta de Facebook. Añadió que "todas las acciones de gobierno que se juzgaron -que para la ley son decisiones que tuve la potestad de tomar como gobernador votado por la amplia mayoría del pueblo entrerriano- no deben ser revisadas por el Poder Judicial. Se llaman técnicamente 'actos de gobierno no judiciables'".
Cabe destacar que, cuando se instaló el parador en Mar del Plata para instalar la imagen de Urribarri como precandidato presidencial, Eugenio Zaffaroni visitó el lugar y mantuvo un encuentro ameno con el entonces gobernador entrerriano.
Sobre su situación judicial, Urribarri manifestó que "con este fallo arbitrario se abre en Entre Ríos una puerta muy peligrosa hacia la persecución y la judicialización de la política. Yo voy a seguir batallando para cerrarla porque no quiero que en mi provincia todo lo que haga un concejal que quiere ser intendente, un intendente que quiere ser gobernador o un gobernador que quiere ser presidente pueda ser pasible de una condena penal".
El exfuncionario que presentó su renuncia como embajador en Israel y Chipre, (aceptada por el presidente Alberto Fernández) difundió pasajes del trabajo de Eugenio Zaffaroni, como el que dice que "la sentencia no funda cómo determina que Urribarri obró con dolo y afirma que ha quedado demostrado algo que no demostró".
La postura de Zaffaroni
El texto del jurista (sumado al posteo del exgobernador) expresa que el fallo "se limita a dar por cierto que Urribarri tuvo un interés particular en las contrataciones y en la publicación, sin especificar ni describir cuál sería ese interés concreto que exige el tipo penal y por qué lo da por probado"."Da la impresión de que media un íntimo convencimiento del tribunal, pero lo cierto es que no se desprende del relato cómo se llega al supuesto interés de Urribarri y, en tal caso, cuál sería ese interés particular", señaló el exjuez.
"Sorpresivamente, la sentencia se limita a afirmar que 'evidentemente' esa fue la acción desplegada por Urribarri, sin indicar un mínimo argumento de por qué esto es así. Es decir, sin especificar en qué consistió dicha acción y por qué resulta adecuada al tipo penal. El adverbio 'evidentemente' quiere decir en forma evidente, pero lo que es 'evidente' para los jueces, no lo es para ningún lector de la sentencia, dado que no hay ningún razonamiento al respecto", agregó.
"Si bien la igualdad es un principio básico y sagrado de todo Estado de derecho (art. 16 CN), no por eso debe dejar de destacarse el especial cuidado con que deben analizarse casos en los que se involucra a personas de especial relevancia en la política y que, por ende, pueden arrojar dudas acerca de la imparcialidad de la justicia y opacar la vida democrática de la Nación", advirtió.
"Si 'claramente' cuando cualquier titular de un Poder Ejecutivo firma la última foja de un expediente administrativo está omitiendo la verificación de la regularidad de todo el trámite cuya firma corona, porque es 'garante' de esta, y si fuese 'evidente' que con eso se da por cierto que tiene conocimiento de cualquier irregularidad que nadie le ha señalado en el trámite que llega a sus manos, o bien que, en esa circunstancia también resulte 'claro' que pasa a ser el jefe de una asociación ilícita integrada por su propia administración, me permito observar que sería prácticamente imposible ejercer cualquier función ejecutiva y, aún más, que nadie estaría dispuesto a correr semejante riesgo", resaltó.