Es así como pueden leerse textos que señalan que “en tiempo de guerra, ante la inminencia de la conquista de una ciudad, las autoridades civiles y militares pueden declarar que la ciudad se rendirá sin combate, declarándola ciudad abierta y confiando en que, de este modo, se evitarán ataques inútiles contra la población civil y no se pondrá en grave riesgo el patrimonio histórico-artístico”.
Y se pasa enseguida a mencionar casos en los que se efectuaron pronunciamientos de ese tipo; de los que rescatamos los efectuados durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ese el caso de París en 1940, ante el avance del ejército alemán y el primer bombardeo aéreo, cuando fue declarada “ciudad abierta” por las autoridades francesas, las que junto con el ejército abandonaron el lugar. Y el de Roma, donde ante el avance del ejército aliado y las protestas de la población civil ante los bombardeos aéreos estadounidenses, la que también fuera declarada ciudad abierta por las autoridades alemanas el 14 de marzo de 1943.
Por otra parte, hubo una época en la que las ciudades medievales en Europa eran amuralladas, como forma de dar seguridad a sus vecinos ante posibles ataques, y que por ende pueden considerarse como “ciudades cerradas”, de las que quedan como vestigios, restos de los amurallamientos y famosas “puertas” en pie.
Situaciones que de una manera simbólica se repiten a medias en el caso de los actuales “barrios cerrados”; y en la presente coyuntura en centros de población “acordonados” o “rodeados de vallas”.
Ya tuvimos ocasión de ocuparnos de una manera concreta, y que trató de ser didáctica, en otra oportunidad, en la que tuvimos posibilidad de señalar que, según nuestro parecer, no tenía demasiado sentido encerrar las áreas urbanas y semi urbanas del territorio conformado por parte de los municipios de Colón, San José y Pueblo Liebig; área “libre”, tanto de virus como de enfermos como resultado de aquel; si al mismo tiempo no se lograba alivianar hasta el máximo posible la restricción a la circulación y abrir “las fuentes de trabajo”.
O sea, que se hiciera posible la circulación de todos por todos los espacios públicos, y la apertura de las actividades hasta ahora total o parcialmente restringidas, no solo en materia comercial e industrial, sino en la práctica de oficios. Incluso, como hemos escuchado en boca de algunos padres, abriendo las escuelas y colegios -los que deberían comenzar a funcionar; curiosamente, sin paros docentes- y reiniciando a pleno su actividad. Sobre todo, según se nos destaca teniendo en cuenta el hecho que cuando los menores de edad no resultan misteriosamente preservados del virus, la infección en su caso no resulta en principio letal.
De allí que hacíamos, en el inicio, alusión a convertir a esta “área urbana intermunicipal” en “cerrada” -dado que está acordonada, para controlar celosa y eficazmente sus accesos, y en principio al menos lograr que quien entre a ella no pueda volver a salir sin previamente cumplir con la cuarentena- y la vez “abierta”, dada la amplitud medida y razonablemente cuidadosa con la que se habilita a actuar a sus vecinos, con “casi” total libertad.
Mientras tanto, y como nuestra actitud lejos está de ser sediciosa, debería ser precedida por ordenanzas municipales que declaren a los respectivos municipios en un área prefijada como “libres del coronavirus” y, en función de ello, con el apoyo de los legisladores departamentales y de todas las conocidas como “fuerzas vivas”, solicitar al gobierno provincial que confirme el tenor de esas declaraciones y que queden autorizadas las autoridades municipales para actuar en consecuencia.
Y no podemos dejar de señalar que para los concejos deliberantes de la zona -que no son una excepción a lo que ocurre en la mayoría de ellos- siendo como son, afectos a entretenerse pergeñando declaraciones, por las que se las tiene a nuestras ciudades, libres de imposibles tan extraños como son el “armamento nuclear” o el “fracking”, cuando no de expresar su protesta por el trato que reciben mujeres y niños en un lugar como el que puede ser Eritrea; tienen ahora la oportunidad, con lo expuesto, de efectuar declaraciones útiles para sustentar un válido reclamo.
¿O se tendrá que llegar al extremo de tener que “judicializar” la cuestión, con resultados harto problemáticos?
