La Ley de Bases y la Ley Fiscal se complementan. La primera busca, por un lado, reducir la injerencia del Estado sobre la actividad privada, mediante la eliminación de regulaciones, contrataciones, la fijación arbitraria de precios y otras formas de obstaculizar el normal fluir de los negocios. A la vez, persigue reducir la estructura estatal con el fin de, en el tiempo, devolver el peso del Estado en la economía a los niveles históricos de alrededor de 25%, más de 10 puntos porcentuales por debajo del nivel actual.
Por otro lado, la Ley de Bases busca promover la inversión privada a través de la simplificación del mercado laboral, la privatización total o parcial de varias empresas públicas, y la promoción de las grandes inversiones gracias al ahora famoso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que parece especialmente enfocado en las actividades extractivas. Puede sonar antipático, pero atraer capital hacia las actividades en las que Argentina tiene claras ventajas competitivas parece hacer sentido.
La Ley de Bases podría representar el inicio de un cambio en el paradigma de desarrollo argentino, que debería ser liderado por el sector privado y ya no por el largo brazo del Estado. Sus efectos, sin embargo, sólo podrán medirse en el largo plazo, pues muchos de los cambios propuestos sólo darán frutos (mayores exportaciones y recaudación fiscal) luego de años de inversión. Si el largo plazo llega, el desarrollo argentino será más sostenible. Veremos si la paciencia, que nunca ha sido una virtud argentina, es más larga esta vez.
Dar sostén a la paciencia es la razón por la cual debe entenderse a la Ley Fiscal como un complemento de la Ley de Bases. Es, en cierta forma, un puente entre las necesidades de dar sustento en el corto plazo al modelo de desarrollo de largo plazo. El superávit fiscal es entendido por el Presidente como el pilar fundamental de la lucha contra la inflación. Hasta ahora, una parte no menor de los buenos resultados fiscales provenía de retrasar o suspender pagos y ajustes, por lo que muchos economistas cuestionaban su sostenibilidad. La Ley Fiscal viene a reemplazar esos parches con un esquema más confiable de aumento de ingresos y recorte de gastos. La moratoria y el blanqueo podría darle un plus.
Es cierto que ambas leyes son una fracción de lo que eran en su origen. Pero no perdieron su espíritu. Es probable que, más allá de los discursos floridos, gran parte de la dirigencia política los haya acompañado porque comparte la visión de que un cambio de paradigma es necesario. Pero no sólo por altruismo: es probable que la misma dirigencia intuya que el cambio deberá atravesar un camino que tiene más espinas que rosas, y prefiere que sea Milei el que lo atraviese, esperando que la tarea acabe por esmerilar la popularidad de quien la lleva a cabo.
Los caminos de la política son sinuosos, y el bien común queda muchas veces relegado al deseo de beneficio personal, o partidario. Haber aprobado las leyes podría ocultar la idea de que a la oposición le conviene que otro haga el ajuste y se desgaste. La aprobación de las leyes, sin embargo, dotó al Gobierno de herramientas poderosas para ejecutar su plan. ¿Y si le sale bien?
