Los gremialistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron.
El juez hizo lugar al pedido de sobreseimiento que formuló el abogado Marcos Rodríguez Allende para Domínguez y Suárez por delitos de coacción que la fiscalía les imputó que ejercieron el día lunes 5 de junio. No obstante, las gremialistas sí van a juicio junto a los demás dirigentes por las calificaciones legales del día miércoles 7 de junio.
A De la Rosa, en tanto, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría. Las figuras penales que se les endilga a los siete imputados prevén penas que van de los 5 a 10 años de prisión.
Los fiscales Laureano Dato y Germán Eduardo Palomeque solicitaron la remisión de la causa a juicio en la audiencia del 7 de julio; en tanto que los abogados penalistas Marcos Rodríguez Allende (por parte de los seis sindicalistas) y Leopoldo Lambruschini y Julio Federik (por De la Rosa) pidieron el sobreseimiento de sus defendidos por entender que no cometieron ningún delito.
Tras un cuarto intermedio que duró toda la feria judicial, este miércoles en una audiencia que comenzó a las 11, el juez Vergara resolvió que los acusados sean juzgados en un juicio oral y público.
Los fiscales sostienen que tienen acreditado que durante los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de junio, la directora Trossero sufrió amenazas por parte de los dirigentes y del entonces titular de la cartera sanitaria.
