El actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos está imputado en tres causas en las que se investigan delitos de corrupción durante su gobierno, luego de la indagatoria del martes 28 agosto último en el edificio del Ministerio Público Fiscal.
La "contratación directa", investigada
El diputado Pedro Báez ("Frente para la Victoria") tiene que declarar por una de esas tres causas en las que está imputado el hombre que lo tuvo como ministro. Es por lo que ocurrió el 17 de diciembre de 2014, cuando el entonces gobernador autorizó el pago de una solicitada, publicada los días 22, 23, 24 y 26 de junio de ese año, por una suma millonaria: $ 4.308.500,23. Se trató de una "contratación directa" concretada por el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, para publicar la solicitada "Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina", y que apareció, entre otros, en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y La Nación. El monto está contenido en el texto del decreto N° 2.940, firmado por el ministro Báez el 5 de septiembre pasado, y publicado el martes 16 del actual en el Boletín Oficial.
En la solicitada, firmada por Urribarri y con el logo del Gobierno de Entre Ríos, el Gobernador expuso su rechazo a los especuladores económicos, y ligó a los Fondos Buitre con aquellos espacios que manejan el capital financiero y "pusieron en jaque" a la democracia argentina en 1976, 1989 y 2001. En esos días de junio, los titulares hablaban de la negociación con los buitre y el ajetreo judicial en el despacho del juez Thomas Griesa.
"Luego del fallo a favor (de los Buitres) reaparecen como fantasmas en el discurso público, propuestas y personajes que habíamos desechado de nuestra cotidianeidad y que nos sumieron en la angustia colectiva hace más de una década con sus profecías y recetas contra el sostenimiento de la misma", decía el documento de Urribarri.
A través de esa solicitada, impulsó que todo el arco político firmase un acuerdo, de 20 puntos, para mantener cada logro de la década kirchnerista luego de 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner deje su despacho en la Casa Rosada.
"Un acuerdo patriótico, donde reivindiquemos todas las políticas que desde 1983 a esta parte han resultado un beneficio de la democracia y el pueblo argentino, y que se instituyan como las bases fundacionales del de un status político, social, económico, y cultural irreversible para nosotros y las generaciones futuras", señalaba el texto.
Entre algunos de los pedidos, siempre ligados al modelo iniciado en 2003, se resaltan victorias como las negociaciones con organismos internacionales como el Club de París o la pertenencia al MERCOSUR y el rechazo al ALCA.
Urribarri, consideró "necesario y urgente construir un acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina" entre las principales fuerzas políticas y candidatos.
El texto añadía que "el mundo vive por estos tiempos las consecuencias del predominio del capital financiero y sus ataques especulativos". En ese contexto, el mandatario afirmó que "luego del fallo a favor de los fondos buitre de la Corte Suprema de EEUU reaparecen como fantasmas en el discurso público, propuestas y personajes" que "nos sumieron en la angustia colectiva hace más de una década con sus profecías y recetas de genuflexión ante el capital financiero".
En consecuencia, Urribarri propuso "un acuerdo patriótico" al radicalismo, el socialismo, la izquierda y el peronismo para "sostener la predominancia y autonomía del campo de la política como imperio de la soberanía popular" por sobre cualquier otro factor "a la hora de decidir sobre el interés del Pueblo y la Nación".
"Nos comprometemos a sostener y profundizar el rol prioritario del Estado como ente de control, regulador de la economía y promotor de un proyecto de desarrollo productivo nacional con inclusión social y distribución justa de la riqueza", agregaba el texto.
Urribarri ya se presentó por esta causa
Urribarri puso condiciones para ir a declarar ese día: como vive actualmente en Buenos Aires, pidió que el día coincidiera con la convocatoria a sesión de la Cámara de Diputados, el martes 28 de agosto, a la tarde. La Justicia lo había citado para el jueves 31 de agosto, a las 10. Fue un día inhábil judicial (por el Día del Abogado) aunque de igual modo le entintaron los dedos y le tomaron la foto de rigor. Ese día, en realidad, Urribarri no declaró, aunque tampoco se amparo en los fueros de legislador: presentó sendos escritos en las tres causas en las que está imputado, y no aceptó preguntas de los fiscales Alejandro Cánepa, Santiago Brugo y Patricia Yedro. Fue acompañado por sus abogados, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy. Dos de las causas en las que Urribarri está imputado son por peculado, un delito que reprocha la utilización de fondos del Estado para fines particulares. En este caso, para el "Sueño Entrerriano". Una trata la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, , a la que Urribarri le pagó $28 millones para difundir en canales de todo el país cuatro spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur.
Y la segunda imputación por peculado es a raíz de la publicación de una solicitada por la que el exgobernador desembolsó $4 de las arcas públicas que apareció en 18 diarios del país y también en portales web el 22 junio de 2014 y en la que la provincia fijó postura en torno a los denominados fondos buitre. La tercera causa por la que acudió el martes 29 de agosto, casi al anochecer, a los Tribunales, investiga el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la que están involucrados el exministro Báez y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
