La sospecha de los investigadores es que en realidad aquella puesta en escena fue para promover la precandidatura a presidente de Urribarri, y que para ese fin se utilizaron fondos del erario público.
En esta causa están imputados por los delitos de peculado, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, el exgobernador Urribarri; el exministro de Turismo, Hugo Marsó; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; su contadora Corina Cargnel; y Caruso, integrante de la empresa que cobró $14.561.870 por instalar el parador.
Todo indica que los imputados se van a abstener de declarar en esta instancia. El derecho les asiste. Pueden responder la requisitoria de los representantes del Ministerio Público Fiscal o hacerlo en otro momento, cuando armen su defensa.
En esta causa, el pasado 4 de diciembre se abstuvo de declarar la contadora Cargnel, de las firmas Tep SRL y Next SRL, vinculadas a Aguilera. El cuñado del actual presidente de la Cámara de Diputados se fue en silencio de Tribunales el jueves 7.
Este lunes fue el turno de "Foia" Caruso, quien fue a la fiscalía acompañado por su abogado Emilio Fouces, el mismo que representa al exministro de Turismo, Hugo Marsó.
Caruso es un empresario y hombre al que se lo vinculó a La Cámpora con llegada a Máximo Kirchner. Hasta el 31 de diciembre de 2015 manejó los contenidos del programa "Fútbol para Todos".
Este lunes también se esperaba la presencia de Marsó, pero su abogado consiguió un nuevo aplazamiento. Según se indicó a Entre Ríos Ahora, el exministro declarará el jueves, un día antes de la cita que tiene Urribarri.
Acusación
La acusación de la fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015.
Para el cometido, según la fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del "Fútbol para Todos", el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste.
"El Juego en que andamos SRL", de la que es socio gerente Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo "X la Plata Publicidad" Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.
La firma que integra Caruso también habría hecho un "retorno" de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como "intermediarias" como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
"El Juego en que andamos SRL", que integra Caruso, tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, hubo un detalle que no escapó a los investigadores: en un documento se consignó que la firma tenía como domicilio en la provincia en calle Las Heras 207 de la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú. Esa dirección, se supo luego, es la casa familiar de Rubén Virué, exsecretario de Justicia de Entre Ríos –designado por Urribarri-, quien estuvo en el cargo hasta el 5 de junio de 2015.
El exfuncionario declaró como testigo en la causa y dijo que posiblemente su dirección fue puesta porque Caruso conocía a su hijo Fernando, que trabajaba como productor en el programa "Fútbol para Todos".
La fiscalía entiende que "Foia" Caruso contó con "información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma", y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Además, apoyándose en informes del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, advierten que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos y con una competencia simulada, ya que la otra firma que se presentó en la compulsa, Castromil SRL, no cumplía un requisito básico: estar inscripta en el Registro de proveedores del Estado.
Así, tras el paso de Caruso, el jueves que viene será el turno del exministro Marsó y el viernes deberá presentarse en fiscalía Urribarri.
