¿Serán absueltos o se los declarará culpables? ¿Saldrán libres, irán a la cárcel o pesará sobre ellos prisión condicional? ¿Quedarán inhabilitados de por vida para el ejercicio de cargos públicos, con el consiguiente cese inmediato en sus funciones del Presidente Municipal?
Estos son algunos de los interrogantes que el juicio intentará despejar, al evaluar, una por una, las pruebas reunidas por el Fiscal José Arias, para documentar la maniobra que les habría permitido a los acusados apropiarse de tierras fiscales en bellos parajes de la localidad de Puerto Yeruá, al sur del Departamento Concordia, a orillas del Río Uruguay.
"El caso es muy sencillo. El intendente Cevey, la secretaria Brassesco y el abogado de la municipalidad Larrocca se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1200 a 1700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde, para que se puedan construir una casilla donde vivir" resumió el Fiscal José Arias, en diálogo con ElEntreRíos.
150 testigos
No será sencilla ni rápida la tarea que le espera a Arias, al único abogado defensor, el Dr. Juan José Bukténica, y a los magistrados Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián, responsables de impartir justicia. En principio, están citadas "alrededor de 20 audiencias y hay aproximadamente 150 testigos" precisaron en tribunales.Los más optimistas consideran que el número de audiencias podría reducirse a 5 y que los testigos más relevantes no pasarán de una quincena.
El imputado número 18, que prefirió la "probation"
Lo cierto es que son 17 los imputados, aunque habrían sido 18 si no fuera porque uno de ellos, el conocido empresario de la construcción José Galvani, de estrecho vínculo con el exgobernador Sergio Urribarri, optó por devolver el terreno que había recibido y acogerse a una probation.Con independencia de su peso jurídico, el gesto de Galvani no ha hecho otra cosa que poner en una incómoda y débil situación al resto de los imputados, ya que el empresario se reconoció "culpable". De otro modo, no habría procedido a devolver lo que en teoría había adquirido en buena ley. "Si Galvani admitió su culpabilidad, los demás también serían culpable" conjeturan en tribunales.
Al igual que Galvani, la mayoría de los imputados son "compradores", y en tal carácter enfrentan serias dificultades a la hora de intentar justificar cómo fue que adquirieron por 11.000 pesos terrenos fiscales tasados en mucho más de 300.000. O en 8000 lo que costaba246.000, por poner sólo dos ejemplos. Son precios tan irrisorios que, como dice el dicho, "hasta el santo" habría desconfiado de tan grande "limosna", máxime que tal acto de insólita "generosidad" fue hecha con bienes que pertenecen a toda la comunidad. O sea, Cevey no malvendió o regaló lotes de su propiedad sino del Estado, varios de los cuales los traspasó a testaferros suyos, según concluyó Fiscalía.
La pena por peculado
La pena prevista para el delito de "peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública" es de 2 a 10 años de cárcel, con inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos, además del decomiso de los bienes mal habidos.En el requerimiento de remisión a juicio, Fiscalía adelantó que solicitaría 10 años de prisión para los imputados, aunque habrá que ver si mantiene tal pretensión una vez que finalice el debate.
Si la condena no sobrepasara los 3 años de cárcel, no será efectiva sino condicional, de tal modo que ninguno de los 17 irá efectivamente tras las rejas, aunque pesará sobre ellos la inhabilitación y tendrán que devolver los terrenos.
La lista de los imputados
Uno de los aspectos que le otorga particular complejidad al caso es el número de imputados. A los ideólogos, que habrían pergeñado el "reparto" de los lotes, se le suman varios más que figuran como "compradores", muchos de ellos "testaferros", al decir del Fiscal Arias.Decir "compradores" resulta cuanto menos exagerado, porque nunca aparecieron comprobantes que documentaran de manera fehaciente los pagos. "En la Municipalidad de Puerto Yeruá no hay acreditado ingreso de dinero por esos lotes, a pesar de que se vendían por cifras irrisorias", explicó el fiscal.
Los imputados son:
2 - María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal;
3 - Julio César Larrocca, abogado de la Municipalidad;
4 - Marcelo Alcides Larrocca, con domicilio en Puerto Yeruá, en su carácter de comprador (hijo del abogado municipal);
5 - Fabián Rubén Terenzano, domiciliado en Concordia, en su carácter de comprador;
6 - María Mercedes Maquiavelo, con domicilio en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de compradora (cuñada de la esposa del Intendente Cevey, al punto de que su esposa firmó como apoderada de Maquiavelo);
7 - Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Concordia, como compradora (hija de la secretaria de la Intendencia, María Griselda Brassesco);
8 - Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Concordia, también como comprador (marido de Romina Elizabeth Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia);
9 - José Luis Irribarren, domiciliado en el Barrio 708 Viviendas de La Bianca, como comprador.
10 - María Mercedes Girard, domiciliada en Ushuaia, Tierra del Fuego, también como compradora.
11 - Gabriela Andrea Girard, domiciliada en Puerto Yeruá, también como compradora.
12 - Alejandro Joaquín Cevey, domiciliado en Puerto Yeruá, también como comprador.
13 - Brenda Soledad Cevey, domiciliada en Puerto Yeruá, en carácter de compradora.
14 - Ramón María Benítez, domiciliado en Puerto Yeruá. También en carácter de comprador.
15 - Gustavo Miguel Graziano, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.
16 - Diego José Sampellegrini, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.
17 - Guillermo Javier Guevara, domiciliado en Barrio 22 Viviendas de Concordia. Comprador.
Paso a paso, la trama de la estafa denunciada
Fue una demanda patrocinada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet la que movió a la Justicia a poner la lupa sobre lo ocurrido en Puerto Yeruá.Los dos letrados se hicieron eco de la investigación que habían iniciado dos ciudadanos y dirigentes de la localidad, Sebastián Telayna y Aníbal Maschio.
En ese mismo día, "sin que medie acto administrativo alguno y/o concurso de precios y/o licitación, y desconociendo cualquier trámite administrativo que autorice al Presidente Municipal de Puerto Yeruá y a su Secretaria, los mismos terrenos fueron 'vendidos' por estas autoridades a los particulares denunciados, mediante escrituras correlativas que van desde el número trescientos cinco al trescientos setenta, inclusive".
Advirtieron que "todos los terrenos fueron vendidos, en el más absoluto silencio por parte de las autoridades municipales, y sin que se tenga autorización alguna por parte del Concejo Deliberante de dicha ciudad, y por lo que entendemos ha sido un precio vil de acuerdo a la superficie, ubicación y valor de mercado de los terrenos en dicha localidad".
