Junto a otros seis dirigentes del gremio estatal, está acusado de haber “apretado” a Noelia Trossero, directora del Hospital Colonia de Salud Mental, de Diamante. Los hechos investigados sucedieron entre el 5 y el 7 de junio de 2017.
Gestión sucesora
En primer término, consultado sobre la decisión de levantar la carpa de la Plaza Mansilla, De la Rosa consideró: “Esta fue una decisión de los cuerpos orgánicos, publica, donde se debatió sobre diferentes problemáticas de varios sectores de la administración pública y, respondiendo y el muy buen gesto que ha tenido el gobernador de convocar la semana próxima al diálogo de diferentes temas planteados”.Consultado si comparte la visión de José Allende, en cuanto a que en la gestión de Sonia Velázquez habría persecución política hacia dirigentes de UPCN, el exfuncionario dijo que evita hacer consideraciones sobre las gestiones que le precedieron o sucedieron en el cargo.
“De alguna manera no me gusta hablar de la gestión que me sucedió, más cuando fui parte de la gestión. Mi posición siempre fue muy clara, pero también atiendo y entiendo algunos reclamos de algunos compañeros, sobre todo que son dirigentes, de que hay situaciones en las cuales ellos denuncian algún tipo de persecución o inconveniente en el ámbito laboral y están en todo su derecho de hacerlo y por la vía que corresponda”, planteó.
Luego, sobre el mismo punto subrayó: “Por ahí soy crítico de algunas cuestiones. Me sorprendió que algunas otras cuestiones no hayan tenido continuidad, sobre todo porque tengo contacto fluido con muchos funcionarios y directores de la provincia que plantean situaciones. Obviamente, las opiniones que doy, las doy en privado, no las hago públicas, porque sigo haciendo política, seguiré haciendo política siempre. Y por supuesto, acompañando la gestión de nuestro gobernador, con quien también tengo un diálogo fluido y muy frecuente”.
El juicio
Respecto del debate que se avecina en los tribunales locales y que lo tendrá como imputado, De la Rsoa dijo: “Una cosa es lo que puedan plantear los fiscales desde su punto de vista técnico, ellos tendrán sus razones. Ahora, con mi abogado, que es el doctor (Leopoldo) Lambruschini, hemos analizado, hemos visto muy bien el caso. Nosotros ya hemos pedido el sobreseimiento en algún momento porque nos pusimos en todo momento a derecho, presentamos absolutamente todo lo que se nos solicitó. Yo creo que hay que dejar que la Justicia actúe libremente"."En ningún momento coaccioné a nadie". Así lo señaló en referencia a la incorporación de la enfermera Yanina Migueles, ex delegada de UPCN en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, cuya desafectación del hospital de Diamante había generado la polémica intervención del gremio.
“Totalmente, porque era lo que correspondía, sea de la afiliación gremial que sea. En el medio, ocurrieron un montón de cosas que ya se dirimirán en el ámbito que tenga que dirimirse y como tengan que hacerse. Los hombres de bien nos sometemos a la justicia, nos presentamos en tiempo y forma cuando nos llamen. Y yo tengo la total confianza de que esto se va a resolver de la mejor manera, y muy bien, porque si yo no hubiese actuado como actué -digo esto porque desde algunos medios se dijeron cosas que son mentiras-, y eso quedará demostrado en el juicio", remarcó.
Señaló que "es la primera vez que hablo de este tema porque nunca lo quise hacer. Es más, lo va a hacer mi abogado, el doctor Lambruschini. Yo voy a hablar después del fallo. Yo digo que los hechos y las cuestiones objetivas que hay nos van a dar la razón de manera contundente, porque lo único que hice en todo momento fue cumplir con mi deber de funcionario público. Y si no la hubiera hecho como la hice, hoy sí tendría un problema con la justicia por incumplimiento de mis deberes de funcionario público”.
Asimismo, trajo a colación el antecedente de Villaguay, con la absolución de 14 dirigentes de UPCN. “Ese fue un antecedente importante, donde también fui a declarar en calidad de testigo, donde mi declaración fue muy extensa, muy detallada; donde también se dijeron, desde algunos pocos medios, barbaridades, cosas totalmente inexactas, mentirosas y maliciosas, y quedó demostrado. La Justicia habla por sus fallos”, acotó. “Creo que el fiscal actúa ante una denuncia, y bueno, la denuncia después habrá que probar cuál es la veracidad de una denuncia, pero es trabajo del fiscal trabajar ante una denuncia”.
El Tribunal que juzgará a los acusados en el juicio que arrancará el lunes 22 de octubre está compuesto por Alejandro Grippo, Gustavo Malatesta y Pablo Vírgala. Los fiscales de Diamante ya adelantaron los pedidos de penas que solicitarán para los acusados en el juicio oral y público que se avecina. Para Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y Guillermo Barreira, imputados por amenazas y resistencia a la autoridad, solicitará la pena de un año y medio de prisión.
En tanto, para José Zarza (vocal de UPCN), Carina Domínguez (secretaria gremial), Noemí Ester Santamaría (vocal titular del gremio), Zunilda Suárez y el ex ministro De la Rosa, imputados por coacciones agravadas, pedirá una condena de 7 años y 6 meses de prisión.
Los gremialistas son representados por el abogado penalista Marcos Rodríguez Allende, mientras que Leopoldo Lambruschini y Julio Federik asisten al extitular de la cartera sanitaria provincial.
Para sostener la acusación, los fiscales citarán a 29 testigos. Entre las personas convocadas se encuentran trabajadores del nosocomio y la directora Trossero, denunciante en la causa.
Por su parte, la defensa de los gremialistas, a cargo del abogado Marcos Rodríguez Allende, convocará a seis testigos, entre ellos algunos enfermeros nucleados en UPCN. La principal testigo será Yanina Migueles, la enfermera cuya cesantía motivó la batahola en el Hospital Colonia de Salud Mental.
En el caso de Domínguez y Suárez, imputadas también por coacción en coautoría, por los hechos del 5 de junio de 2017, se convocará al secretario general de UPCN y diputado provincial del PJ, José Allende.
Los abogados que representan al ex ministro citarán a Carlos Berbara, director de Salud Mental y Adicciones de la provincia; y Víctor Berta, exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Ambos funcionarios respaldaron la orden del entonces ministro para que la directora Trossero reincorpore a Migueles.
