Luego, el funcionario provincial señaló que “el fallo de la Corte es muy claro. No modifica la redacción de los decretos ni resoluciones que las provincias plantearon, sino que señala que el costo fiscal de dicha medida debe ser absorbido totalmente por el gobierno nacional” y acotó que “solo tiene efecto para estas 15 provincias y para el resto no, por eso nuestra dificultad en principio de poder determinar el monto exacto de la incidencia y esto es lo que vamos a trabajar este martes”.
Más adelante, mencionó: “La estimación que hicimos en su momento cuando la medida se publicó, en base a lo que el propio gobierno nacional estableció como costo fiscal de la medida, eran de 1.650 millones de pesos desde el momento de la decisión al 31 de diciembre. Sobre estos valores trabajamos fundamentalmente porque tomamos los parámetros que el propio gobierno nacional había estimado”.
“Lo que nosotros pedimos es que se cumpla con el fallo de la Corte y que se redistribuya a las provincias lo que les corresponde de un impuesto que es coparticipable”, insistió Ballay, al tiempo que comentó que, según versiones periodísticas, las provincias de Buenos Aires y Mendoza se van a sumar al reclamo.
Por su parte, Rodríguez Signes comentó que "la Corte Suprema en el caso Gobierno de Entre Ríos contra Estado Nacional por la inconstitucionalidad de los decretos 561 y 567 dictó una medida cautelar, haciendo lugar a la pretensión de las provincias para que mientras se sustancia el juicio principal las provincias no vean menguada la coparticipación. Pero la Corte no determina una cifra concreta por la cual la provincia debe ser compensada, sino que establece una especie de consigna que es que el costo fiscal de las medidas adoptadas las asuma el Estado nacional con sus propios recursos sin afectar los recursos de coparticipación”.
Luego, expresó: “Eso es lo que dice la sentencia y por lo tanto lo que hay que hacer es convertir esa consigna en una cifra determinada. Para ello, hay dos formas: una es hacer un ejercicio y considerar como que no existen esos decretos para las provincias, y por lo tanto habría que determinar cuánto era la coparticipación antes de la entrada en vigencia de ellos y cuánto es actualmente. Esa diferencia sería el monto a compensar".
"La otra posibilidad es tomar el mismo cálculo que hizo el Estado nacional, que estimó el costo fiscal de las medidas en 34.000 millones de pesos, y de ahí aplicar los índices de coparticipación de cada uno”, añadió el fiscal de Estado entrerriano.
Finalmente, sostuvo: “Nosotros estamos actualmente en una instancia de intentar determinar la suma a compensar para que la medida cautelar se cumpla, de acuerdo a lo ordenado por la Corte, y es por eso que este martes se realizará la reunión en la Comisión Federal de Impuestos. El gobierno nacional tiene una actitud dilatoria que es que hagamos una audiencia, debatamos ahí, de paso debatimos el sentido de las medidas. En ese aspecto consideramos que ex temporánea la posición del gobierno nacional”.
