“En Entre Ríos no están dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura para el retorno a las clases presenciales”, fue una de las conclusiones más salientes. La Secretaria General de Agmer Seccional Colón, Mónica Velzi, habló con El Entre Ríos de los alcances del plenario –que pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 17- e hizo referencia a la posibilidad de retomar las clases presenciales en la provincia y particularmente en el departamento.
“Si el docente firmaba se hacía responsable”
“Hemos tenido reuniones la semana pasada con el director Departamental de Escuelas, a raíz de varias situaciones que se presentan en distintos establecimientos, donde se los invita a los docentes a firmar un acta-acuerdo junto a los padres, para comenzar a trabajar desde la presencialidad”, dijo la dirigente sindical.“Por supuesto nosotros nos negamos a esta situación porque no teníamos un protocolo bajado desde el CGE y si el docente firmaba se hacía responsable de garantizar las condiciones sanitarias, edilicias y epidemiológicas, cosa que le corresponde al Estado”.
“Le dijimos al director de escuelas que hasta que no haya un protocolo del CGE no podemos volver a las aulas, porque la Resolución 674 determina que los docentes debemos trabajar desde la virtualidad”, asegura.
En la ciudad de Colón no contamos con varias ordenanzas que fueron retirados de las escuelas por disposición del intendente a principio de año, ya que son personal municipal. O sea que si hoy hay que volver, hay escuelas en Colón como la 15 que no cuenta con ninguna ordenanza. También faltaría personal en las Escuelas 56, 4, 60 y Normal, por nombrar algunas. Nosotros hemos hecho notas y solicitado reuniones para que se reincorpore a ese personal, ya que en municipios como San José, Villa Elisa, Liebig y las colonias hay personal municipal que colabora con la limpieza de las escuelas.
Por otra parte, Velzi sostiene que “el protocolo tiene distintas instancias para llegar a la presencialidad; una de ellas es la capacitación para docentes, alumnos y sus familias. Estaríamos arriesgando la salud de todos”.
Sorpresa por la decisión de Bordet
“Nos sorprende esta definición del gobernador Bordet de impulsar las clases presenciales en nueve departamentos (Tala, Nogoyá, Feliciano, Federal, Islas del Ibicuy, San Salvador, Uruguay, Villaguay y Victoria), en algunos de los cuales hay circulación del virus”, señaló la secretaria general de Agmer Colón. “Algunos Coes de esos departamentos resolvieron no regresar porque no están garantizadas las condiciones”.
A la vez, comentó que “el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de Agmer había armado un protocolo para que de manera consensuada se tenga en cuenta en el consejo, lo que no tenemos el claro es el criterio para definir los departamentos”.
Por otra parte, la dirigente recordó que “las clases estuvieron desde marzo, el trabajo denodado y el esfuerzo de los docentes ha sido inmenso. Esta iniciativa del regreso a la presencialidad cuando faltan solamente cuatro semanas es riesgosa y no se entiende el sentido porque los docentes nunca se desvincularon”.
“Me parece que esta vuelta es más para la foto que otra cosa, la realidad que se vive con los aumentos de covid debe hacernos reflexionar, lo más importante en este momento es garantizar la salud. Es como si quisieran hacer un ensayo a costa de la salud de trabajadores, alumnos y familias”, aseguró.
“Siempre valoramos la presencialidad, pero a partir de la resolución de marzo comenzamos a aplicar diferentes estrategias, a utilizar los recursos tecnológicos que cada uno tenía a disposición y garantizamos la tarea pedagógica y la enseñanza desde la virtualidad. Conjuntamente demandamos al Estado provincial los recursos tecnológicos y el acceso a la conectividad, para docentes y alumnos, porque se ampliaba la brecha digital. Más allá de eso, cada docente implementó una estrategia; algunos le alcanzaron los cuadernillos y fotocopias a sus alumnos o se los daban los directivos cuando se acercaban a buscar las viandas al comedor”, dijo Mónica Velzi.
Reclamos
En otro tramo de la charla, la gremialista se refirió al resto de los reclamos de los docentes entrerrianos.“Desde el plenario, exigimos además un aumento salarial para que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza; un adicional para conectividad; un adicional para equipos directivos de Nivel Inicial y Primario equiparándolos con el Nivel Secundario, algo que habíamos conseguido en las paritarias 2019 pero nunca se pagó; la derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia, si bien pudimos avanzar y obtuvimos fallos favorables en la Justicia, faltan aquellos que perciben más de 100 mil pesos como sueldo nominal (de bolsillo es menos); el aumento de partidas de comedores escolares y limpieza, ya que la última fue en marzo.
Documento
Finalizada la primera jornada del plenario, desde Agmer dieron a conocer el siguiente documento:En Entre Ríos no están dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura para el retorno a las clases presenciales. Rechazamos el intento improvisado e inconsulto del CGE
La pandemia se ha expandido de manera muy preocupante en el interior del país. Entre Ríos no es la excepción y nos encontramos en un contexto de curva ascendente, varias ciudades registran ya circulación comunitaria. En este escenario la aventura llevada delante de manera irresponsable y de forma unilateral sobre el retorno a la presencialidad en las escuelas constituye, por lo menos, una decisión irresponsable, que expone al contagio a estudiantes, trabajadores de la educación y a las familias nuestras comunidades educativas.
Hasta el día de hoy –y luego de todos estos meses- el pueblo entrerriano ha venido enfrentando la pandemia con encomiable responsabilidad y madurez apelando a todos los elementos disponibles para hacerle frente a esta adversidad: la cuarentena, el distanciamiento social, el barbijo y las medidas de higiene. Y lo viene haciendo a pesar de toda la artillería de propaganda anticuarentena descargada en los últimos tiempos por los sectores del poder concentrado.
Los anuncios por parte del gobierno provincial en boca del presidente del CGE constituyen una cachetada a toda la experiencia colectiva y solidaria que desarrollamos como pueblo para que las consecuencias de la pandemia no sean peores a lo que estamos viviendo. Las trabajadoras y trabajadores entrerrianos/as (activas, activos, jubiladas y jubilados) hemos comprendido perfectamente las prácticas políticas de este gobierno. Comenzamos el año confrontando frente a los intentos de modificación de la Ley Previsional, continuamos con el abandono unilateral de la patronal de las negociaciones paritarias, debimos resistir ante la Ley de Ajuste enviada por el gobernador y aprobada de un día para otro por la Legislatura, y ahora observamos cómo, de manera inconsulta, improvisada e irresponsable el Consejo General de Educación ensaya un retorno a la presencialidad en el momento más serio y comprometido de la propagación del virus.
Sostenemos que con este “ensayo apresurado” el CGE niega el esfuerzo y desvaloriza el trabajo que ha venido llevando adelante cada trabajador y trabajadora de la educación, de las familias de los estudiantes, que vienen sosteniendo con recursos propios la conectividad y la impresión de materiales para llegar al último rincón con las actividades escolares. Advertimos en la Declaración anterior sobre los peligros de ceder ante operaciones mediáticas generadas en los sectores de poder dominantes, que son los mismos que agitan y militan posturas desestabilizadoras, negacionistas y anticuarentena, que en este tiempo vienen ejerciendo presión, para un regreso apresurado a las aulas, sin importarles el avance del virus, ni la salud del pueblo. Insistíamos frente al gobierno que en lugar de ceder ante los sectores de derecha, el mismo debía dedicar todos sus esfuerzos en función de garantizar y atender las condiciones de infraestructura, de bioseguridad para que no se ponga en riesgo la salud de los estudiantes y de las trabajadoras y trabajadores que concurren a los establecimientos. El gobierno tiene la responsabilidad de tomar la decisión política de resolver la inversión presupuestaria para infraestructura, edificios y mantenimiento de nuestras escuelas. Porque en estas condiciones sanitarias no hay manera de regresar a la presencialidad.
Exigimos al Ejecutivo que gobierne a favor de las trabajadoras y trabajadores, de los sectores más necesitados y postergados de nuestra sociedad. Que atienda, escuche y dé respuestas a los planteos que venimos haciendo desde la Multisectorial y el Frente Gremial de extraer los recursos de los sectores más beneficiados de la economía concentrada.
Exigimos:
Basta de ensayos improvisados y urgente marcha atrás con este anuncio. Reafirmamos la no presencialidad como estrategia de prevención.
Sobre lo salarial volvemos a demandar:
• Un salario mínimo inicial para el cargo testigo que no deje a ningún docente por debajo de la línea de la pobreza establecida por la Canasta Básica total de una familia tipo.
• Porcentaje anual para todo el escalafón docente, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario.
• Adicional por conectividad.
• Convocatoria a paritaria salarial de manera urgente.
• Cumplimiento de la paritaria de 2019 sobre equiparación adicional equipos directivos nivel inicial y primario al adicional equipo directivo de nivel secundario.
• Derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia.
• Garantizar el salario y el sistema previsional como derechos inalienables de los trabajadores.
• Visualización de los recibos de haberes en tiempo y forma.
• Inmediato aumento de partidas de comedores escolares para ampliar la cobertura de los hogares de nuestros alumnos mediante módulos alimentarios, garantizando que cubran la necesidad de alimentos de las familias, como así también la actualización y aumento de partidas de limpieza que abarquen incluso los elementos necesarios para el cuidado y prevención de Covid 19.
• Devolución de los aportes patronales al Iosper del 4,5% al 6% y la urgente regularización de las deudas provinciales y nacionales con OSPLAD.
• Los recursos necesarios que permitan a las y los trabajadoras/es contar con conectividad y equipamientos tecnológicos los cuales deben ser garantizados por el Estado.
