En una misiva enviada a la directora nacional de PAMI, Luana Volnovich; a la secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado PAMI, Mónica Roqué; y al director de la UGL XXXIV Concordia, Sergio Bertelotti, los afiliados plantearon que “la formación profesional, la idoneidad, la responsabilidad, como así también la solidaridad, el respeto y la empatía con el adulto, son valores totalmente ausentes en los tres empleados de la agencia” a quienes identifican con nombre y apellido.
En el mismo sentido, apuntaron contra el jefe de la unidad 0054 34 PAMI San José, Gonzalo Martínez, a quien reprochan que “no tiene los atributos mínimos para el cargo de conducción, desconoce los procedimientos administrativos, carece del más mínimo sentido de la responsabilidad y despliega conductas éticamente reprochables”.
En tal sentido, denunciaron que los tres trabajadores que deben atender a los afiliados en San José “son incapaces de medir las consecuencias de sus actos, como tratamientos que se demoran por su negligencia e incapacidad, patologías que se agravan y prolongan el sufrimiento, y el stress que se perpetúa ya que debemos seguir concurriendo a la agencia para nuestra atención, donde sabemos que seremos maltratados”.
Detallaron como ejemplos que “los trámites para la atención son mal hechos, la documentación entregada no es procesada en tiempo y forma lo que genera la falta de atención médica –producto de la desidia de los empleados- y el avance de la enfermedad”. Y agregan que fueron víctimas de “amenazas telefónicas con denuncias penales, trato hostil y agresivo”.
“Desconocemos las acreencias profesionales o técnicas de Gonzalo Martínez para desempeñarse en el cargo, aunque como experiencia laboral inmediata lo conocemos aquí haciendo pizzas y pintura artística con los dedos. Tareas dignas, pero que difícilmente contribuyan a su expertise en la materia”, se quejaron.
Ante todo esto, los jubilados sanjosesinos apelaron a que se cumpla la ley N°27.360 –Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores-que dispone que “la persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada”.
Y reclaman: “Con la certeza de que nuestro estado de indefensión y la veracidad de nuestro reclamo ameritan su urgente intervención, solicitamos se ponga en práctica la mencionada ley, especialmente en lo referido a ‘investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor’ como también ‘prevenir negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato’”.
