La arenera venía de informar al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) que no utilizaría más agua subterránea y que se serviría del arroyo Ibicuy, compromiso que incluso habría quedado asentado administrativamente.
A los trabajos de inspección los cumplieron representantes de la Justicia Federal, acompañados por Prefectura, personal de la planta, dos peritos convocados por el juzgado, dos testigos particulares, miembros de CORUFA y la Secretaría de Ambiente.
El 25 de abril pasado, a raíz de un amparo de Ricardo José Luciano contra el gobierno de Entre Ríos, había sido ordenada la clausura de todas las areneras que se encontraran trabajando irregularmente en el territorio provincial. En ese marco, el 6 de mayo, el juez federal Hernán Viri, tras un amparo presentado por Humberto Cadoppi -patrocinado por Luciano-, ordenó el cese de todas las areneras que trabajaban irregularmente, dando un plazo de 45 días para su regularización: los amparos hicieron detener el trabajo de nueve areneras y cuatro plantas de lavado.
Pero el 10 de mayo, es decir cuatro días después de la orden del doctor Viri, el intendente de Ibicuy, Gustavo Rolda, otorgó un “Certificado de Aptitud Ambiental” a la arenera “La República” de Cristamine SA.
Para Luciano, esta autorización se otorgó en forma irregular “por no cumplir con las normativas vigentes” y “porque no se había reparado el daño ambiental constatado”. Esto motivó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra el intendente de Ibicuy, miembros de CORUFA, Ambiente y quien pueda tener algún tipo de responsabilidad administrativa.
A raíz de esta denuncia se abrieron otras dos causas judiciales, una por contaminación a “La República” y otra por irregularidades en la audiencia pública de ARESIL SA.
