La petición realizada este miércoles (será contestada por Fiscalía el próximo viernes), es parte de las cuestiones preliminares que deben resolverse, antes de iniciar el proceso de remisión a juicio, a partir del cual las partes se pondrán de acuerdo sobre la prueba que se discutirá en un próximo juicio oral.
En la causa por presuntas negociaciones incompatibles, fraude y cohecho, los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, investigaron contrataciones millonarias del Estado provincial durante las dos gestiones de Urribarri a empresas que dirige Cardona Herreros (principalmente Relevamientos Catastrales), observaron los procesos licitatorios y detectaron presuntos retornos de dinero a funcionarios públicos y privados. En efecto, en un allanamiento de 2018 a las oficinas de la empresa, en provincia de Buenos Aires, los fiscales se encontraron con planillas Excel y correos electrónicos donde quedaron asentadas las supuestas coimas, bajo la denominación codificada “PLM”.
Desde el comienzo hasta la elevación a juicio que fue pedida en 2022, el transcurso de la causa se vio demorado por la pandemia y por los sobreseimientos dictados para varios imputados en primera instancia. Intentos de desvinculaciones de la investigación que debieron recorrer varios despachos judiciales hasta que fueron denegados por la Sala Penal. Recién a mediados del año pasado y habiendo transcurrido también las suspensiones de juicio a prueba para otros imputados (empleados de Cardona Herreros que en principio fueron acusados como partícipes secundarios en las maniobras y acordaron con Fiscalía reparaciones al Estado por los daños ocasionados, trabajos de beneficencia y el pago de multas), la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijó fecha en estos días para la audiencia de remisión a juicio. Pero antes de iniciar ese proceso previo a un debate oral que aún no se sabe cuándo será, se están definiendo algunos planteos preliminares como el pedido de sobreseimiento de Smaldone.
El “fallo Cozzi” y la violación de los plazos procesales
Smaldone se presentó este miércoles ante el juez Vergara para reeditar un planteo que viene formulando. “En todas las instancias previas me contestaron que el momento oportuno para interponer esta petición es este”, dijo y subrayó que Fiscalía “tiene los plazos fenecidos para ejercer la acción pública”.El exministro de Trabajo y extitular del Tribunal de Cuentas está imputado en el sexto hecho de la acusación fiscal, Investigación Penal Preparatoria (IPP) que se compone de seis hechos. Como es abogado y hace varios años ejerce la profesión liberal en Concordia (su ciudad de origen), se representa a sí mismo en el proceso penal.
“Fui funcionario de 2008 a 2011 en el Tribunal de Cuentas, de 2012 a 2014 estuve al frente de la cartera provincial de Trabajo, y entre 2014 y 2016 presidí el Tribunal de Cuentas. Desde entonces soy abogado particular”, aclaró.
Antes de volver a Entre Ríos y mientras cursaba sus estudios universitarios en Buenos Aires, “comenzó a trabajar para el bloque de senadores oficialistas del Congreso nacional; más tarde ingresó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde desempeñó distintas tareas y funciones durante seis años. En 2006, realizó una concurrencia en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; luego comenzó a cumplir funciones para un diputado nacional oficialista en la Magistratura. Finalmente, volvió al mencionado órgano rector de la Justicia Federal, para estar a cargo de uno de sus áreas técnicas. Esta fue su última experiencia laboral en Buenos Aires. A mediados de 2008 retornó a trabajar a Entre Ríos propuesto por Urribarri, para ocupar el puesto de Fiscal del Tribunal de Cuentas”. Así quedó registrado su trayecto laboral en una publicación de archivo del Gobierno de Entre Ríos, cuando fue propuesto por el exgobernador para presidir el TdC.
Esa propuesta de Urribarri que se plasmó en un pliego que aprobó la Cámara de Senadores de entonces, provocó un largo conflicto judicial. El exsenador y exconvencional constituyente, Juan Carlos Arralde, hizo un planteo de inconstitucionalidad en el Poder Judicial para frenar la designación al frente del órgano de control. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de ese momento declaró abstracto el planteo y Smaldone resistió al frente del organismo hasta el recambio de gobierno.
“Vengo a pedirle que valore la posibilidad de mi sobreseimiento. La primera vez que lo pedí fue en 2016”, dijo el exministro este miércoles al juez Vergara. Aseguró que se enteró de la remisión a juicio de la causa por notas periodísticas sobre el jury a la exprocuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, quien en su momento recusó a Juan Ramón Smaldone (padre de Guillermo, vocal jubilado del STJ e integrante del Jurado de Enjuiciamiento que la destituyó por mal desempeño en sus funciones). “Me notifiqué del escrito de remisión a juicio de la causa cuando me corrieron traslado y vi la acusación y que el escrito tenía fecha abril de 2022. Pero me enteré por una publicación periodística que Goyeneche sabía que la causa estaba remitida y por eso recusaba a mi padre. Ella lo sabía pero el imputado no. Viajé a Paraná y firmé constancia el 12 de mayo de 2022. No quiero abrir un juicio de valor sobre este episodio. Me apersoné en Fiscalía y firmé una constancia que tomé conocimiento de legajo. En esa oportunidad la remisión no estaba agregada al legajo de IPP. Mucho después supe que a esa constancia que firmé le incorporaron una leyenda, parece que fui a ver el expediente pero sólo vi el primer cuerpo”, manifestó. “Si Fiscalía va a decir que remitió antes de mi pedido de sobreseimiento, sólo me interesa que quede claro que pedí mi sobreseimiento antes de conocer la acusación fiscal”, acotó.
Ese episodio lo llevó a mencionar la cuestión de los plazos razonables. “Mi declaración de imputado fue el 16 de octubre de 2020, pero estoy implicado en la investigación desde diciembre de 2017. En el medio fui convocado por Fiscalía a designar abogado defensor y lo hice en nombre propio, como me estoy representando ahora”.
Más adelante, Smaldone sostuvo que el transcurso del tiempo lo afectó. “Diría que estoy en estado de sospecha permanente de antaño y es injusto. Esta causa se inició en octubre de 2017, cuando ya no era funcionario público. La denuncia fue hecha por el abogado Rubén Pagliotto. En octubre de 2017 el entonces fiscal Alejandro Cánepa dejó la causa abierta. Siempre estuve a disposición. No dudo de la objetividad de Fiscalía, pero no se ordenó otra medida de prueba sobre mi persona que no sea la intervención sobre la línea telefónica que tenía como ministro de Trabajo. Después no hubo otra medida de prueba. Sí hubo medidas de otros legajos, salvo un levantamiento de secreto fiscal que no fue usado en acusación. Legajos y el allanamiento por enriquecimiento ilícito en otra causa (dos años después) sobre el cual se obtuvieron elementos peritados y los resultados de esas pericias fueron importados a este legajo, eso sí es usado en mi contra”, se quejó.
“Elongación” y “daño”
“Esto que no corresponde y la elongación del proceso me causó un daño que pido que se repare”, requirió. “Cuando todo comenzó era soltero, no tenía hijos. Pasaron 7 años, estoy casado, con hijos, vivo en otra ciudad, no tengo que ver con administración pública, cambió mi exposición. Me interesa que tome esa dimensión. En 7 años desde que Fiscalía me implicó, el plazo procesal está largamente vencido, también desde la declaratoria en 2020, y desde el traslado de remisión de la causa a juicio pasaron 34 meses”, contó.También pidió que la resolución sobre su planteo sea “separada del resto de los imputados”. “Yo adherí a todos los planteos de Urribarri pero nunca pude expresar mi situación personal. Tengo derecho en expectativa que Sala natural del STJ pueda definir mi planteo en base a la doctrina judicial unánime en el ‘fallo Cozzi’”, acotó.
“Debo ser el único imputado que perjudicó a Cardona”
Al finalizar su planteo, el exministro cuestionó la imputación en su contra y se metió de lleno en la cuestión de fondo que lo vincula a la causa. Dijo que la licitación observada por Fiscalía, a partir de la cual se lo imputó, fue anulada por él mismo. “Dicen que inicié tratativas previas con Cardona antes de la licitación y le di el pliego anticipadamente. Esto es materialmente imposible. La licitación no empezó cuando dice Fiscalía sino con otra licitación que se sustanció y se aprobó pliego. Se presentó como oferente la empresa de Cardona que se ajustó al pliego. Pero en un momento anterior yo advertí que la licitación tenía un defecto en formalidad, lo sabía porque había pasado por el TdC. Había solo un oferente y faltaba la publicación en un diario (se publicó en uno local, en el Boletín Oficial y debía publicarse en el Diario Crónica donde se pagó pero no se publicó). Entonces anulé el acto. Cardona hizo una oferta ajustado al pliego y para el derecho administrativo, la oferta que se ajusta es una aceptación lisa y llana. Yo anulé la primera licitación y se volvió a foja cero. Esa anulación es un acto en perjuicio de Cardona, debo ser el único imputado que lo perjudiqué”, se defendió.
“En la licitación dos se usó el mismo pliego que la uno. Que Fiscalía me diga que le di información privilegiada a Cardona es insólito. Cardona fue a la segunda licitación en igualdad de condiciones. Supongamos que a la primera licitación fue sabiendo, pero se anuló. Y no tengo la culpa que nadie más se haya presentado a la licitación”, sostuvo.
Por último, le reclamó al juez que si no aplica el “fallo Cozzi” haga un “control de constitucionalidad”. “Si no está de acuerdo con el ‘fallo Cozzi’ que considero aplicable acá, si no lo comparte, hagamos el caminito del control de constitucionalidad, valore si la reglamentación de la provincia es razonable o no. Creo que todas las garantías pueden ser reglamentadas por la provincia y que nuestro Código es bueno. Evalúe si la provincia adoptó los medios necesarios para cubrir lo que quería garantizar. Acá los plazos están largamente vencidos”, recalcó.
