Trascendió que, desde que no hay más "asesores externos" entre el Instituto y el Municipio, este último se habría visto beneficiado por una bonificación del 5 por ciento en el paquete de seguros que contrata, lo que hoy significa unos 3 millones de pesos mensuales para el erario público. Entre las medidas de pruebas solicitadas está el secuestro y análisis del celular del asesor Ignacio Caprarulo. Este lunes por la mañana, el fiscal José Arias recurrió la decisión del juez de Garantías Mario Figueroa de hacer lugar al pedido de la defensa de Caprarulo, a cargo de los abogados Diego Abrán y Pedro Fontanetto D’Angelo, para que no se perite la totalidad del contenido del teléfono secuestrado sino que se acote a determinados contactos que se consideren de interés a la causa por mutuo acuerdo de las partes.
Sin embargo, los fiscales José Arias y Daniela Montangie consideraron que se trata de una limitación a la investigación y mostraron pruebas y testimonios de testigos que van en contra de la idea de que el peritaje del celular sería una “excursión de pesca” de Fiscalía.
También dieron cuenta de que la firma de Buenos Aires CETW Brokers, designada con posterioridad para reemplazar a Caprarulo, jamás se presentó ante el municipio ni el Instituto del seguro de Entre Ríos y tampoco asesoró ni gestionó nada, sin embargo, al igual que Caprarulo, también cobró suculentas comisiones. Este jueves 11, el tribunal de apelación deberá tomar una decisión.
Según reveló el fiscal Arias, el perjuicio contra el municipio de Concordia es evidente, puesto que, luego de la recomposición del vínculo directo con la empresa aseguradora de la provincia de Entre Ríos, ya sin intermediarios, el municipio ha obtenido un beneficio del 5 por ciento en la alícuota que paga por todos y cada uno de los seguros que contrata con el IAPSER (ART, bienes, herramientas, eventos, caución, etc.), que equivalen a 3 millones de pesos mensuales. Este dato se desprende del testimonio del actual Subsecretario de Hacienda que declaró que formalizó el pedido de la bonificación y de una testigo del IAPSER que confirmó que se lo otorgaron, lo que dejaría en claro las innecesarios y costosas «gestiones» para el municipio de parte del asesor Ignacio Caprarulo como del Broker de Buenos Aires, CETW SA, por hacer lo que los testigos expresaron casi al unísono en las declaraciones testimoniales: “NADA”.
Antes, en primer lugar, los fiscales José Arias y Daniela Montangie señalaron que las designaciones durante la gestión del ex intendente Cresto, tanto de Caprarulo como de la firma de Buenos Aires que lo sucedió, se dieron en un marco irregular, por resolución y no por decreto, y que tampoco se transparentó el acto en el Boletín Oficial del municipio, que no existió un expediente administrativo previo que diera un marco de legalidad al nombramiento y determinara la conveniencia del mismo para el municipio.
Luego se dieron a conocer las declaraciones de una decena de testigos que en su mayoría -como se señaló- coincidieron en que el asesor de seguros Ignacio Caprarulo “NUNCA HIZO NADA”.
Entre los nombres de los testigos en danza se encontraban los de ex titulares del IAPSER en la oficina local de Concordia, funcionarios municipales de las áreas de Recursos Humanos, Departamento Higiene y Seguridad Laboral, Dirección de Talleres y Depósitos, y de la Secretaría de Hacienda.
Solo un par le otorgó a Caprarulo haber hecho contadas gestiones para el seguro de algunos vehículos, pero casi nadie le conoció la cara durante los años (2019/2023) que ofició de “asesor de seguros “ad honorem” y en los cuales se llevó suculentas comisiones pagadas por el Instituto Autárquico provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), en detrimento de los intereses de la municipalidad de Concordia.
Y aún más insólito es el caso de la firma CETW Brokers S.A de Buenos Aires quienes fueron designados al final del mandato del ex intendente y jamás se presentaron ante la municipalidad de Concordia, ni ante el instituto, pero cobraron comisiones como asesores externos en materia de seguros durante tres meses.
