En la apertura de sesiones de 2020, días antes de que se desatara la Pandemia, el entonces Gobernador Gustavo Bordet, apelando a un tono no exento de cierto dramatismo, acorde con la gravedad del problema, convocó a todas las fuerzas políticas y sociales a debatir una salida. Se lo escuchó decir: “El debate sobre la sostenibilidad del sistema entrerriano es impostergable”. Y más adelante, agregó: “hablo de la posibilidad de que nuestra Caja en 10 años no tenga que volar por el aire, hablo de la realidad que me toca como gobernador y no voy a esquivar esta responsabilidad”. Pero… el Covid metió la cola y todo quedó en nada. El agujero del déficit siguió creciendo, comprometiendo no sólo al sistema jubilatorio sino a todo el Estado entrerriano, que lo apalanca con recursos que –para colmo- escasean.
¿Qué hacer? ¿Seguir procrastinando? ¿Se podrá sostener el “histórico” 82% móvil si no se introducen cambios que reduzcan sustancialmente el déficit y eviten que la Caja –al decir del exgobernador- “vuele por el aire”?
La actual gestión, bajo la conducción de Gastón Bagnat, aprovechó el ímpetu inicial para procurar poner en “caja” algunas cuestiones básicas que requerían intervención. Por caso, que no haya jubilados fallecidos que siguieran cobrando. También puso al día las liquidaciones ante Nación, sin las cuales era imposible reclamarle lo adeudado, trámite que incluyó –algo sin precedentes- la judicialización de los planteos ante la Corte Suprema.
En apenas 4 meses, algunos números experimentaron una leve mejoría. Por caso, el déficit, que en 2023 llegó a ubicarse en el 41%, quebró una curva ascendente ininterrumpida desde 2021, bajando en enero un punto y en febrero, marzo y abril otros tres puntos, ubicándose en algo más del 37%. “Y todo eso a pesar de que hay alrededor de 8000 aportantes menos que el año pasado”, resaltan desde Andrés Pazos 127. Pero tanto allí como en la Casa Gris saben a la perfección que este agujero de “ozono” que altera a toda la administración pública sigue siendo inmenso y que no desaparecerá ni siquiera si Nación cumple –por las buenas o por sentencia judicial- transfiriendo todo lo adeudado.
“Sólo un cuarto del problema depende de los giros nacionales”, aclaró a El Entre Ríos un estudioso del sistema previsional entrerriano. Dicho de otro modo: “es ilusorio y simplista pensar que todo se arregla con sacar pecho, izar la bandera federal y achacarle la culpa a la Casa Rosada. Es un discurso entrador, pero no se condice con los números duros. Si la política entrerriana no se atreve a encarar cambios hacia adentro del sistema, la pendiente llevará cada vez más cerca del precipicio”, graficó.
Aunque por ahora no haya salido de las planillas de Excel, en los despachos oficiales se está pergeñando un plan de acción que –se esperanzan- podría recomponer los números de la Caja de Jubilaciones, que en abril último tuvo un déficit de 19.821 millones.
Por sorprendente que resulte, algunas de las medidas en estudio no requieren cambios en las normas sino –paradójicamente- “atreverse” a cumplir con leyes vigentes. Aseguran que lo más temido y resistido, el cambio en la edad jubilatoria, lo mismo que algún avance sobre la histórica conquista del 82%, no están en carpeta.
El plan de acción que se debate a puertas cerradas parte de un diagnóstico que procuró detectar las principales inconsistencias del funcionamiento del sistema. Una de ellas: del total de jubilados a diciembre de 2023 (49.287 beneficiarios), el 27 % tienen apenas entre 41 y 50 años (13.235 beneficiarios) y otro 36% de ese total se ubican entre los 51 y los 60 años de edad (17.936 beneficiarios).
Estos números invitarían a más de uno a suponer que no quedará otra que plantear una suba de las edades jubilatorias. Sin embargo, en la Caja barajan una acción de efecto inmediato y, encima, respaldada por la ley 8732, en el inciso “d” de su artículo 12, allí donde prevé, como uno de los ingresos del organismo: “el aporte personal que se efectúe como descuento en un porcentaje que fijará el Poder Ejecutivo sobre el haber jubilatorio de aquellos afiliados que accedan al beneficio de jubilación ordinaria especial o por edad avanzada, hasta tanto cumplan con los requisitos fijados en esta ley para acceder a la jubilación ordinaria común, momento en el cual cesarán dichos aportes”.
¿Qué quiere decir? No es tan difícil de comprender. La ley habilita a la Caja a requerir que sigan aportando todos aquellos beneficiados con la jubilación “ordinaria especial”, hasta que lleguen a las edades exigidas por la “ordinaria común”, es decir, 62 para los varones y 57 para las mujeres. Y deja también en claro que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de fijar el porcentaje de dicho aporte. Pero, se lamentan en la actual conducción de la Caja, los gobiernos anteriores no hicieron realidad este inciso, privando así al organismo de un ingreso que, además, se basa en un principio de razonabilidad y justicia dentro de un sistema solidario: aquel que se jubila más joven, que siga aportando hasta arribar a las edades en que se jubilan los demás.
¿Y cuántos son esos “especiales” que la ley habilita a que sigan aportando y hasta el momento no lo hacen? No menos de 16.000 jubilados. ¿Y qué hace falta para que empiecen a aportar? La ley ya está. El único requisito es más político que formal: que el Poder Ejecutivo se atreva a usar sus atribuciones fijando el aporte, “pagando el costo” de las reacciones en contrario.
Si los especiales que se jubilan antes –por ejemplo, los docentes- siguen aportando hasta la edad estipulada, ello contribuiría a mejorar otro indicador, que por sí solo pone en blanco sobre negro la inviabilidad del sistema tal como funciona hasta hoy: en Entre Ríos hay apenas 1,82 aportantes por cada jubilado, mientras que la proporción que permitiría la sustentabilidad es de 4 a 1.
Bancarios y judiciales
Este desfase entre activos que aportan y pasivos que cobran se revela gigantesco cuando se lo desgrana por “escalafones” o actividades.Un ejemplo: hay 1150 jubilados y sólo 50 aportantes entre los bancarios. Ello quiere decir que el 100 % de los recursos necesarios para cumplir con esos jubilados dependen de las transferencias que debe efectivizar Nación y con las que –encima- está incumpliendo.
Los aportantes y beneficiarios de la Caja provienen de 98 convenios diferentes, de los cuales 84 tienen paritarias sectoriales. La Caja está obligada a aumentar a esos pasivos, cumpliendo con la movilidad del 82%, a medida que en cada uno de esos sectores se incrementa el sueldo de los activos. Sólo los restantes 14 convenios negocian salarios con la provincia.
Además de los bancarios y su escaso número de aportantes, otro ejemplo especial son los judiciales, “enganchados” para la actualización de sus haberes al Poder Judicial de la Nación. Hoy por hoy, según los números que manejan en la Caja, los jubilados de la Justicia reciben una masa de dinero por mes que representa el 8% del total de haberes pagados ($2.510 millones sobre $35.995 millones), mientras que la cantidad de beneficiarios de este escalafón (1430) es solo el 2% del total (63.188). Dicho de otro modo, el 2% de beneficiarios concentra el 8% de los recursos.
Según los números que manejan en los despachos oficiales, el sueldo promedio que recibe un jubilado de la Justicia es 3,8 veces el sueldo promedio del escalafón seguridad; 3,7 veces el promedio de los sueldos en salud; 3,5 veces los sueldos del escalafón general; 3,4 veces el sueldo promedio docente y 2,4 veces el haber de un bancario.
¿Qué hacer con escalafones tan desiguales y supeditados a paritarias sectoriales enganchadas con realidades que poco y nada tienen que ver con la suerte de la economía entrerriana? En la Caja plantean la necesidad de que cada Escalafón se allane a firmar convenios específicos con el organismo, comprometiéndose con la disminución del déficit. Se trata de un desafío complejo, a sabiendas de que ese compromiso “extra” seguramente conllevará renuncias.
Aunque se supone que el gobierno provincial analiza varias alternativas, hay una que, en el caso de usarse, requeriría seguramente un tacto especial: el incremento de las alícuotas de aportes, tanto de empleados como patronales.
Si el gobierno se decidiera a avanzar en esta dirección –aún no hay ningún indicio de que lo haga- tampoco necesitará reforma legal alguna, porque la misma ley 8732, en el artículo 12, inciso “h”, determina: “Las tasas de aportes personales y patronales (…) podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo cuando las necesidades económicas financieras del sistema lo requiera y/o lo permitan. Queda también facultado para disponer aportes diferenciales a cargo de los afiliados pertenecientes a actividades con resultado económico financiero deficitario dentro del presente sistema previsional”.
El “rojo fuego” de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, de casi 19.000 millones en un mes, lleva a suponer que esas “necesidades económicas financieras” a las que alude la ley están hoy más que presentes como para justificar cambios en las alícuotas. Pero no hay nada que insinúe siquiera que se intentará emplear esta potestad.
En la actualidad, la alícuota es del 16%, cuatro puntos por debajo del 20% que percibe la Caja de Jubilaciones de Córdoba, siendo que en la provincia mediterránea no abonan el 82% móvil como en Entre Ríos sino el 72% del haber del activo. Las comparaciones pueden resultar odiosas pero son inevitables. Entre Ríos percibe hoy por hoy aportes inferiores a la par que debe afrontar un porcentaje de movilidad superior, no sólo a los cordobeses sino también al 70% del sistema nacional.
Como sea, quienes estudian los números del sistema previsional advierten que si no se actúa con valentía ya mismo, la Caja se encamina hacia un colapso que comprometerá las futuras jubilaciones, hará estallar el 82% móvil y obligará a elevar las edades jubilatorias en Entre Ríos.
Los gobiernos anteriores patearon esta brasa quemante hacia adelante, apenas retrasando el incendio, temerosos de pagar los costos políticos. La actual gestión prometió obrar de otro modo, con otros criterios, priorizando las próximas generaciones por encima de las próximas elecciones. En esta cuestión, quizá como en ninguna otra, afronta el desafío -nada sencillo- de actuar en consecuencia con sus postulados, convenciendo a los actores sociales implicados que habrá que aceptar “males menores” inmediatos para evitar “males mayores” futuros.
