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Barba seguirá dirigiendo Camuzzi Gas.
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El vicepresidente de Enersa, Jaime Barba, presentaría la renuncia en las próximas horas. Fuentes consultadas por “Análisis” confirmaron que ya comunicó su decisión a las autoridades del gobierno provincial.
Esta semana
“Dirige una empresa en Buenos Aires y no le dan los tiempos”, es la explicación brindada en Casa de Gobierno. El alejamiento coincide con el escándalo desatado por la causa Securitas, en la que se investiga el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos.

La renuncia formal sería presentada por Barba esta semana. Así lo acordó, luego de comunicar su decisión al gobernador Rogelio Frigerio. El argumento principal es la falta de tiempo para conciliar su rol en Enersa con su desempeño al frente de Camuzzi Gas, con sede en Buenos Aires.
Trayectoria
Barba tiene una extensa trayectoria en el sector energético. Volvió a Enersa el 21 de diciembre del año pasado, a días del cambio de gobierno. Ya había comandado la compañía cuando se llamaba Edeersa y estaba en manos de privados, durante la gestión de Sergio Montiel.

De profesión abogado, Barba es presidente y director general de Camuzzi Gas; presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de la República Argentina (Adigas); de Disvol Generación SA; y director independiente de Edesur.

Barba lideraba el Directorio de Camuzzi cuando recibió la propuesta de sumarse a Enersa, pero “no le dan los tiempos”, es la explicación que dan por estas horas en la Casa Gris.
Contexto
Más allá de los argumentos, y de que se espera la pronta salida de un comunicado oficial, no escapa que la dimisión de Barba se produce en medio del escándalo desatado por la denominada causa Securitas.

Tres gerentes de la empresa se encuentran procesados por la presunta recepción de coimas por parte de Marcelo y Claudio Tórtul, responsables de la empresa de seguridad, que eran parte de un esquema de sobornos a funcionarios públicos para lograr y sostener contratos. Los hermanos Tórtul cumplen prisión preventiva en dependencias de Gendarmería por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Fuente: Análisis Digital.

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