Decisión del Tribunal
Sergio Urribarri ganó tiempo. Un tribunal provincial rechazó el pedido de detención del exgobernador condenado a ocho años de prisión por el desvío de fondos públicos para promocionar su figura como candidato presidencial en 2015.Los jueces Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón consideraron que si bien habría un “latente” peligro de fuga, como plantearon los fiscales, existen medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que prohibieron la salida del país a Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el ex ministro Pedro Báez, quienes también deberán entregar sus pasaportes y les fijó una caución real de 20 millones de pesos.
Urribarri, Aguilera y Báez deberán fijar domicilio y presentarse una vez por semana ante la Fiscalía de la jurisdicción. El tribunal también les advirtió que no podrán salir de la ciudad en que residan.
Fundamentos
Los magistrados consideraron que la sentencia no se encuentra firme respecto de Urribarri y Aguilera, ya que sus defensores interpusieron un recurso extraordinario para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; si bien habría un “latente” peligro de fuga, advirtieron que existen medidas alternativas a la prisión.Condenados desde 2022
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Específicamente por haber desarrollado un plan que consistió en un desvío millonario de fondos públicos para promocionar una fallida candidatura presidencial que se dio en llamar el sueño entrerriano.En el mismo fallo se declaró igualmente culpables al ex ministro Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que fueron condenados a seis años y seis meses de prisión; también fueron condenados el ex funcionario Gustavo Tamay; la contadora Corina Cargnel, Luciana Almada (pareja de Aguilera), Emiliano Giacopuzzi, el pizzero Germán Buffa y el empresario Gerardo Caruso.
La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, que a su vez denegó la impugnación extraordinaria para que su resolución fuera revisada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), y la Sala Penal rechazó el recurso de queja planteado por los defensores de Urribarri y Aguilera. En su caso, sin embargo, no se ha expedido sobre un planteo para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Distinta es la situación de Báez. El tribunal expuso durísimos cuestionamientos a sus defensores, que omitieron interponer el recurso extraordinario y se considera que la sentencia ha quedado firme.
