Agmer destacó que en el marco de la tercera audiencia de conciliación -la intervención de la jueza Abud se dio a partir del jueves 22 de agosto, a pedido del Gobierno, cuando se dictó la conciliación obligatoria-, «y a una semana de finalizar la conciliación, la patronal volvió a plantear los mismos argumentos y elementos esgrimidos en la audiencia anterior, que ya fueran rechazados por las entidades sindicales».
El sindicato insistió con «las demandas aprobadas» a nivel sindical «y reclamamos respuestas claras y concretas sobre:
*El cumplimiento inmediato de lo acordado en relación al pago de la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial del primer semestre.
*Un porcentaje de incremento para todo el escalafón que saque a los salarios docentes de la pobreza e indigencia.
*Ningún monto en negro, que toda suma o porcentaje tengan carácter remunerativo y bonificable para que alcance a la totalidad de las y los trabajadores, tanto activos como jubilados, de modo que no se desfinancie ni la Caja de Jubilaciones ni la obra social.
*Incremento sin topes del Código 029 (se trata del adicional por traslado que perciben aquellos docentes que viajan de una ciudad a otra para dar clase)».
Respecto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el adicional por Conectividad -ambos suplementos salarials que hasta diciembre de 2023 pagó la Nación y que representan una suma de $28.700- «también hemos sido claros: debe ser remunerativo y bonificable porque no hay, en esta provincia, elementos jurídicos que justifiquen los montos en negro. La Constitución de Entre Ríos -claramente- los prohíbe».
Y alertó Agmer: «si este Gobierno no manifiesta con números reales y concretos, su voluntad de resolver la presente coyuntura de conflicto salarial, vamos directo a la profundización del mismo». «La realidad es muy clara, el salario inicial docente es el más bajo comparado con las y los demás trabajadores entrerrianos. Insistimos, es -notoriamente- el más bajo. Esto significa que el 80 % de la docencia está en situación de pobreza y quienes cobran el salario inicial van todos los días a ejercer la labor docente debatiéndose entre la indigencia. Para ser claros: afrontan el desafío más hermoso y vital de todos, enseñar, con un salario que -a duras penas- les alcanza para llegar a la mitad del mes», apuntó Agmer.
Desde el mayor sindicato docente mostraron su interés en que el conflicto «se resuelva de una vez por todas. Si el gobernador piensa que esto es un ´juego´ simple que se resuelve en la virtualidad de las redes, que lo crea. Pero esto no es Capital Federal, debería reflexionar más sobre este punto, porque estamos frente a una emergencia grave en esta provincia». Y sumó: «Lo dijimos desde un principio. Había dos caminos: sumarse a la ola ajustadora y empobrecedora del gobierno nacional o pararse con dignidad defendiendo prioritariamente a las y los trabajadores y al bienestar de las y los entrerrianos. Ya sabemos, claramente, que optó por lo primero. Optar es una decisión política, como lo es también el castigar y apretar a docentes que ejercen el legítimo derecho a huelga; pretender engañar a la sociedad declarando que está ´cerca de un acuerdo´; o mandar a votar a favor del veto presidencial contra nuestras y nuestros jubilados. Optar es también elegir llevar adelante, en esta provincia, uno de los más feroces ajustes pergeñados contra el pueblo, la gente de a pie. Optar es rendirle pleitesía a un presidente que llegó a tomar revancha contra nuestra sociedad, instalando discursos de violencia, desprecio y odio».
Ahora, empezó la cuenta regresiva para el final de la conciliación judicial. Si después del 20 la jueza Abud no extiende la conciliación, cada una de las partes quedará en libertad de acción para aplicar las medidas que crea conveniente.
