El mismo beneficio reciben Pedro Báez, que había sido ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos y Juan Pablo Aguilera, condenados a 6 años y 6 meses. En consecuencia, ganaron tiempo, lograron dilatar el cumplimiento efectivo de las medidas condenatorias.
Ahora, con el visto bueno de dos de los tres integrantes de la Sala Penal (Gisela Schumacher y Germán Carlomagno), habilitó a los condenados en el denominado megajuicio a llevar su reclamo a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo, revirtiendo lo antes resuelto por el máximo órgano de Justicia de Entre Ríos.
La DOS, en su nota y tras hablar de la independencia de poderes, apuntó a la doctora Schumacher y al exdiputado Ángel Giano, sin mencionarlos explícitamente: “fue señalado hace un par de años, con un atisbo de suspicacia, que se propusiera como Vocal del Superior Tribunal una doctora que, que como principal virtud ostentaba una estrecha relación de pareja con el entonces presidente de una de las Cámaras legislativas, a quien se conocía –y conoce- como ‘el rey de los contratos’”.
Más adelante, recuerdan otro antecedente de la actual integrante del STJ y vuelven a lo resuelto esta semana de esta manera: “un voto de la susodicha, integrando la polémica y sospechada Sala Penal, en contra de una posición suya anterior, que le concede un respiro al ex gobernador y allegados, complicados hasta el tuétano en la truchada contractual legislativa”.
Poco antes de finalizar, interpelaron a los suyos: “¿Qué dirán aquellos Senadores Radicales (de pocas convicciones), que sin pudor ni vergüenza votaron alegremente por unanimidad a esta jueza desoyendo las razonables críticas que se hacían desde sectores auténticamente independientes?”.
A continuación, la columna completa titulada con un interrogante: “¿Justicia cómplice?”:
“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez” (Francisco de Quevedo)
“Un estado sin justicia sería una banda de ladrones” (San Agustín)
La “Don Osvaldo Sarli” (DOS), agrupación de la Unión Cívica Radical, que defiende principios éticos consustanciados con el origen de las banderas de nuestro centenario partido no puede mirar con indiferencia lo que ocurre en altas esferas de la Justicia entrerriana.
La independencia de poderes es una de las características esenciales del sistema republicano en que vivimos y queremos continuar.
Por eso, fue señalado hace un par de años, con un atisbo de suspicacia, que se propusiera como Vocal del Superior Tribunal una doctora que, que como principal virtud ostentaba una estrecha relación de pareja con el entonces presidente de una de las Cámaras legislativas, a quien se conocía –y conoce- como “el rey de los contratos”.
Más aún, que no bien asumida, se le hubiera reservado un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento. Donde, precisamente, se acusaba a una Fiscal que llevaba a cabo una investigación de los “contratos truchos” de la Legislatura entrerriana, proceso que podía afectar a las autoridades de la misma. Dos más dos son cuatro. Y siempre será cuatro
No resultó extraño, entonces, el inmediato contundente voto de esta señora vocala a favor de la destitución de la acusada: claro mensaje a jóvenes funcionarios de la Fiscalía, hasta donde se podía llegar.
Ahora vuelve a ser noticia: un voto de la susodicha, integrando la polémica y sospechada Sala Penal, en contra de una posición suya anterior, que le concede un respiro al ex gobernador y allegados, complicados hasta el tuétano en la truchada contractual legislativa.
Por un tiempo, que puede ser prolongado, los salvan de las rejas que están esperando.
Y eso que antes había votado en sentido contrario, pero ahora dice esta jueza que lo pensó bien y que sus argumentos anteriores difieren con los de su colega. Quien acaba de explicarle que no es así, que ella adhirió a su voto “apoyando y reforzando las motivaciones de quien suscribe” (voto del doctor Giorgio).
Hasta un abogado novel, recién recibido, sabe que si un defensor se “olvida” de presentar un recurso o lo presenta tarde, su cliente se embromó y sólo le quedará demandar a su olvidadizo letrado por negligencia o “mala praxis”.
Para los complacientes vocales de mayoría de la Sala Penal del Superior parece que no es así: “vamos, no es un ladrón de gallinas, sino un “cumpa” en desgracia”, no seamos tan exigentes y concedamos el recurso que su abogado nunca presentó.
Para estos casos “la ley es tela de araña, la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos”.
Como dice un conocido refrán “si la política entra a la puerta de Tribunales, la Justicia se escapa por la ventana”.
Cerramos con una frase de otro famoso: “Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto”, dijo Martin Luther King.
¿Qué dirán aquellos Senadores Radicales (de pocas convicciones), que sin pudor ni vergüenza votaron alegremente por unanimidad a esta jueza desoyendo las razonables críticas que se hacían desde sectores auténticamente independientes?
Nosotros los radicales nos podríamos reprochar, haciendo una autocrítica, por ejemplo, que algunos políticos de nuestro partido, (los casos de Salduna y Ardoy, ambos de dudosa o escasa sapiencia jurídica) no deberían haber integrado el Superior Tribunal. Eso fue un error. Pero ninguno de los dos jamás, ni por asomo, si hubiesen animado a actuar de la manera que bien se puede calificar de desfachatada para la institucionalidad, como hizo esta jueza, votando en contra de su mismo criterio para beneficiar con descaro a un político aliado de su pareja y condenado por corrupción.
"Que se pierdan cien gobiernos, pero que se salven los principios” (Hipólito Yrigoyen).
AGRUPACIÓN DOS (Don Osvaldo Sarli)
Octubre MMXXIV.
