Daniel Eduardo Carbonell se presentó el pasado lunes 24 de junio en el Juzgado Federal de San Isidro. Lo hizo acompañado por sus abogados Agustín Roca y Lucas Ezequiel Eksiyan. Allí fue indagado por Fernando Domínguez, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2.
Interrogado por sus datos personales, Carbonell dijo no ser titular de bienes muebles e inmuebles, declaró ganar alrededor de 5 millones de pesos por mes e informó que vive con su pareja y que no tiene personas a su cargo. Negó padecer problemas de salud y, luego, se le detalló la acusación en su contra.
“Haber participado en su carácter de accionista y director suplente de Tornell SA en el pago de sobornos a los funcionarios públicos de la empresa estatal Enersa, dirigidos cuanto menos a Alejandro Cis (gerente de Logística) y José Gervasio Laporte (secretario Legal y Técnico del Gobierno de Entre Ríos y miembro de la comisión fiscalizadora de Enersa), durante el período de vigencia y en el marco del contrato de locación de servicios tras la licitación adjudicada a Securitas SA en marzo de 2017”, se le leyó a Carbonell.
“Tornell SA emitió entre noviembre de 2016 y diciembre de 2018 76 facturas como proveedor fraudulento por servicios no prestados en la realidad por un total de 22,6 millones de pesos”, se le señaló al empresario.
A plata de hoy, tomando como referencia el valor del dólar, ese monto equivaldría a unos 1.500 millones de pesos, es decir 1,5 millón de dólares aproximadamente.
“Ese dinero, una vez ingresado al patrimonio de Tornell SA, habría sido posteriormente utilizado por algunos de los integrantes de la asociación ilícita investigada para el pago de los sobornos a las autoridades de Enersa y del Gobierno de Entre Ríos”, se añadió. También se le reprochó a Carbonell “haber participado necesariamente en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.
En un trámite similar, Carbonel fue indagado en su rol de representante de Tornell que, como persona jurídica, se encuentra imputada en la causa. También se abstuvo y en las preguntas introductorias que contestó detalló que “la empresa se dedica a la seguridad física y tecnológica” y que su facturación asciende aproximadamente a 400 millones de pesos mensuales.
También mencionó que está habilitada en la provincia de Entre Ríos como empresa de seguridad, que cuenta con alrededor de 120 empleados y que dispone de ocho automóviles.
Luego de expresar que comprendía la imputación en su contra, al empresario se le enumeró la evidencia obrante en el expediente. Posteriormente, Carbonell se negó a declarar. “Por consejo de mi defensa me abstengo de declarar y de contestar preguntas”, expresó textualmente, según pudo saber este medio.
Acto seguido, informó que sus abogados iban a presentar “un descargo formal y más puntual” respecto de los hechos que se le imputaron.
Los funcionarios judiciales encomendaron la confección de un amplio informe socio ambiental sobre Carbonell y le tomaron un triple juego de huellas dactilares. También se le reiteró la prohibición de salir del país.
El lunes 8 de julio vence el plazo de 10 días hábiles que tiene la jueza Sandra Arroyo Salgado para definir la situación del empresario. Una de las posibilidades es su procesamiento y no se descarta la posibilidad de que se le dicte prisión preventiva, del mismo modo que a sus socios Marcelo y Claudio Tórtul.
