Se trata del edil Rafael Brambilla (Juntos por el Cambio), quien al mando de su auto Ford Focus colisionó con una moto conducida por una mujer de 30 años, que sufrió fractura de tibia, en la intersección calle Santa Fe y Avenida 9 de Julio.
El día después del choque, Brambilla habría comenzado a recibir mensajes de la abogada de la persona lesionada, instándolo a que abone los daños que fueron causados, lo cual motivó una denuncia que recayó en el fiscal Matías Argüello de la Vega.
La presentación del concejal plantea una incompatibilidad, dado que la letrada de la motociclista es, a su vez, la responsable de Criminalística de la comisaría interviniente y que fue la encargada de realizar las pericias policiales, junto a otra agente.
A partir de las evidencias aportadas por el denunciante, el fiscal del caso inició una investigación para determinar el grado de responsabilidad de las funcionarias policiales.
En este marco, un grupo de trabajadores del Derecho hizo saber su malestar por la aparente disparidad de que ambas agentes públicas tengan un estudio jurídico y accedan a pruebas en forma directa, que podrían ser utilizadas con intereses particulares.
