La novedad salió a la luz a instancias de Clarisa Marano Roude, a quien habría intentado cobrarle el oxígeno suministrado a su padre internado, tras lo cual radicó una denuncia que derivó en esta causa, que actualmente la tiene constituida como querellante.
La defensa sostuvo que “‘la falta de oxígeno y otros insumos’ hizo que Lugrin se viera obligada a pedir ayuda a los familiares por las carencias de la emergencia, a la vez que arremetió contra el gobierno al acusar que no le enviaban dinero, pese a que el Ministerio de Salud informó lo contrario”, según Marano Roude. Desde la parte querellante hicieron notar que en definitiva “Lugrin reconoció el hecho” y, por otra parte, “no alegó ninguna defensa respecto al faltante de más de un millón de pesos del hogar de ancianos”, detectado por Salud en el contexto de una auditoría.
Además, recordaron que existe una investigación sobre períodos previos “que da cuenta de que los cobros ya existían desde antes”, lo cual constituiría “más un modus operandi que la reacción desesperada ante una situación de emergencia”.
La postura de la querella
En un nuevo comunicado enviado a El Entre Ríos, Marano Roude hizo un repaso de los últimos movimientos en la causa, contrastando las novedades surgidas con hechos anteriores.CAUSA HOSPITAL: Se acerca el JUICIO
El próximo 20 de marzo a las 10 horas, se realizará ante el Juzgado de Garantías de Colón, la “audiencia de remisión a juicios”, que será pública. Será dirigida por la Jueza NATALIA CÉSPEDES, y se encontrarán presentes por la Fiscalía el Dr. Sebastián Blanc y la Dra. María Noelia Batto, y el Dr. Martín Jauregui en representación de la parte querellante.
Además, estarán presentes el Dr. Ramón Horacio Barreto, abogado defensor, junto con la imputada Claudia Lorena Lugrin (administradora del Hospital, imputada).
¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA AUDIENCIA?
En esta audiencia, a grandes rasgos, la jueza dará trámite a la solicitud de la Fiscalía de ir a juicio oral y público, por SESENTA HECHOS que se imputan a la exadministradora, por los delitos de exacciones ilegales, peculado y aceptación ilegal del cargo.
Y también controlará que la petición de la Fiscalía esté de acuerdo a las normas procesales, y que no se hayan violado garantías constitucionales a la imputada Lugrin.
LUGRIN RECONOCIÓ EL HECHO (pero argumentó que fue por la emergencia sanitaria)
El Dr. Barreto -abogado defensor de Claudia L. Lugrin- SOLICITÓ EL SOBRESEIMIENTO de Lugrin, argumentando que ella pedía dinero a los familiares de los pacientes internados, por la situación de emergencia sanitaria que atravesaba el país en el año 2020/2021.
Argumentó Barreto que “la falta de oxígeno y otros insumos” hizo que Lugrin se vea obligada a pedir ayuda a los familiares, por las carencias de la emergencia sanitaria, a la vez que arremetió contra el Gobierno Provincial al acusar que no le enviaban dinero -pese a que el Ministerio de Salud informó lo contrario-.
El abogado de Lugrin acusó de fabuladores a quienes nos hemos animado a denunciar estos hechos (de corrupción), además de calificarnos de actuar con mala fe, y de también al Ministerio de Salud de la Provincia de no enviar recursos al Hospital.
Por otra parte, no alegó ninguna defensa respecto a la acusación que tuvo origen por la denuncia del Ministerio de Salud, que detectó un faltante de más de $1.000.000 (en el año 2020) que Lugrin cobraría a los abuelos que estaban en el Hogar de Ancianos, sin rendir cuenta alguna sobre la ocupación de tal dinero.
OTRA INVESTIGACIÓN EN CURSO
Sin embargo, más allá de la defensa desplegada por Barretos, cabe recordar que existe una investigación penal en curso (también a cargo de los Fiscales Blanc y Batto), sobre períodos anteriores a la Pandemia, que dan cuenta de que los cobros por parte de la administradora del Hospital, existían desde antes de encontrarnos en Emergencia Sanitaria, lo que constituía un modus operandi antes que la reacción desesperada a una situación de emergencia.
Esta situación, echa por tierra la defensa desplegada por Barreto de querer hacer creer que la imputada, apremiada por la emergencia sanitaria y falta de insumos, se vio obligada a cobrar a los pacientes del Hospital.
Esta nueva investigación reviste fundamental importancia y es necesario que los fiscales actuantes, también requieran a juicio por estos hechos que van desde 2013 a 2020.
En definitiva, la Sra. Jueza Natalia Céspedes tendrá este 20 de marzo una ardua tarea de decidir si sobresee a la imputada Claudia Lorena Lugrin o si, por el contrario, decide que la causa vaya a juicio a los fines de esclarecer lo que sucedió durante tantos años en el Hospital de Villa Elisa.
En este 8M, en memoria de la Dra. Analía Fernández, cuya determinación y coraje fueron fundamentales. Y, amorosamente, en memoria de Ana, una mujer que me trascendió la vida.
¡Muchas gracias a todos los que siempre acompañan y preguntan por las novedades de la causa!
Requerimiento
Con fecha 26 de diciembre de 2023, la Unidad Fiscal decidió elevar a juicio oral y público la causa por cobros ilegales en el hospital de Villa Elisa, tras lo cual corrió traslado a las partes.El requerimiento implica llevar al banquillo de los acusados a la entonces administradora, a quien le endilgan los delitos de “PECULADO -1° Hecho-; EXACCIONES ILEGALES SIMPLES Y AGRAVADAS POR CONCUSIÓN -2° a 48° y 51° a 59° Hechos-; EXACCIONES ILEGALES SIMPLES -49° y 50° Hechos- y ACEPTACIÓN ILEGAL DE CARGO PÚBLICO -60° Hecho-”.
La denuncia fue formulada el 27 de mayo de 2021 por Marano Roude junto a la jefa de Enfermería del nosocomio, Sandra Giovenale; como también la fallecida doctora Analía Fernández, médica encargada del hogar de ancianos de la institución.
Con el avance de la investigación penal preparatoria y las evidencias aportadas, la funcionaria fue imputada por la Fiscalía el 27 de abril del año siguiente en calidad de autora material de ilícitos presuntamente cometidos entre los meses de enero de 2020 y mayo de 2021, en el contexto de la emergencia sanitaria.
En ese corte temporal que realizó el Ministerio Público Fiscal para avanzar con el proceso, se calcula que la entonces administradora percibió 1.390.884,00 pesos de parte de residentes del geriátrico, de los cuales no registró contablemente ni depositó en la cuenta bancaria del efector un total de 1.030.224,00.
La Unidad Fiscal solicitaría una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, conforme lo previsto en el Código Penal y la valoración de la prueba a exponer en la instancia de debate.
El requerimiento a juicio lleva la firma de los fiscales Juan Sebastián Blanc y María Noelia Batto. El defensor técnico de la acusada es el abogado paranaense Ramón Horacio Barreto, mientras que la parte querellante está representada por el colonense Martín Jauregui.
