El organismo interdictó, sin derecho a uso y traslado, 197 tambores con miel natural de abejas que se encontraban en el depósito fiscal Censer, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, informaron las autoridades de la Aduana.
La investigación gira en torno a la trazabilidad de la mercadería. Desde la Aduana sostienen que la empresa exportadora declaró haber comprado la miel por cerca de 13.5 millones de pesos, pero el organismo constató que las acreditaciones bancarias de la firma exportadora no guardan relación con su actividad comercial.
Además, la empresa proveedora de la mercancía no pudo demostrar haber adquirido la miel, ni insumos relacionados con su producción. Tampoco tiene empleados en relación de dependencia, ni posee maquinaria agrícola ni establecimientos rurales a su nombre. Tampoco pudo exhibir facturas de alquiler relacionadas con ello.
La operatoria responde a un perfil que la Aduana viene observando en las exportaciones de productos primarios: consiste en adquirir la mercadería en efectivo, en negro, y exportarla a través de empresas fantasma para luego, finalmente, no ingresar las divisas al país. Para hacerse de dólares a precio oficial.
De hecho, ni siquiera tiene bienes registrables a su nombre. Su primer antecedente de venta de miel data de octubre del año pasado. Por esa razón, la Aduana considera que la firma proveedora no tiene una capacidad económica y financiera que le permita justificar su desarrollo comercial.
Toda esta operatoria responde a un perfil que la Aduana viene observando en forma recurrente con relación a las exportaciones de productos primarios: consiste en adquirir la mercadería en efectivo, en negro, y exportarla a través de empresas fantasma para luego, finalmente, no ingresar las divisas al país. Para hacerse así de dólares a precio oficial, obteniendo una ganancia ilícita del cien por ciento.
En efecto, toda la actividad detrás de la pretendida exportación de miel permitía presumir que los dólares de la operación tampoco serían liquidados.
En ese marco, la Aduana denunció ante la Justicia en lo Penal-Económico a la empresa exportadora, la proveedora y el auxiliar de comercio exterior. El organismo que dirige Guillermo Michel pretende aplicar una multa mínima de 99.719.739 pesos.
Según confirmaron fuentes de la Aduana, el organismo también tiene en la mira al empresario Gustavo Paredes y la firma Rodrigo Tieri y Hermanos, entre otros jugadores grandes del sector. También están en el radar del organismo varias cooperativas apícolas de Entre Ríos.
Desde la Aduana aseguran que este tipo de operatoria resulta especialmente grave en el actual contexto de escasez de divisas. "Son maniobras de especulación financiera, realizadas generalmente por sujetos sin relación con la producción agropecuaria genuina, que utilizan las exportaciones de productos primarios como pantalla".
Semanas atrás, la Aduana difundió casos similares relacionados a la exportación de fruta y ajo. En el primer caso, se trata de irregularidades con peras, manzanas y duraznos realizadas por dos hermanos con domicilio en la provincia de Jujuy, quienes documentaron más de 250 operaciones por más de 1 millón de dólares y luego no ingresaron las divisas a la Argentina.
En el segundo caso se detectaron exportaciones de 97.000 kilos de ajo en base a inteligencia que había elaborado con relación a los actores que pretendían colocar la mercadería en Brasil.
