Tales las palabras con las que el Fiscal José Arias transparentó su determinación de ir hasta las últimas instancias para descubrir cómo fue que se gestó un informe que el Superior Tribunal de Justicia elevó al Consejo de la Magistratura, cuestionándolo no por su desempeño sino por opiniones vertidas años atrás en la prensa sobre la destitución de la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche.
Arias fue entrevistado por el periodista Ricardo Leguizamón, en el programa “Puro Cuento”, por Radio Plaza de Paraná, oportunidad en la que comenzó por explicar por qué se presentó a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la Ley 11003, que reconfiguró el Consejo de la Magistratura. “Cuando se dispone la nueva ley del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, se establecen prerrogativas y facultades en favor del STJ, dándole intervención en todo el trámite y en el proceso de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que contraría la elemental división de poderes, porque el Consejo está pensado como órgano asesor del Poder Ejecutivo, que es quien designa”.
“El STJ ejerció –dijo Arias- tanta presión que consiguió esa ley que le da tantas facultades. Participa proponiendo jurados, en el banco de casos y específicamente la ley le permite al STJ, antes de la última instancia evaluadora, la presentación de un informe de desempeño de cada uno de los concursantes. Uno puede pensar que se trata de informar si el concursante tiene alguna sanción, por ejemplo. Eso sería objetivo”.
“Pero, en 2023, cuando inicié la acción de inconstitucionalidad, anticipé que esto iba a ser utilizado como una herramienta de presión interna del Superior Tribunal. Es tanta la facultad que tiene de incidir, poniendo mala nota o buena nota en desempeño, que ninguno va a querer o se va a atrever a estar en malas migas con el STJ, o a formular críticas públicamente, porque le va a pasar lo que me ha pasado a mí”, siguió el fiscal concordiense.
-¿Qué le pasó?
Cuando estaba concursando para ser vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, el Superior Tribunal presentó un informe; lo hizo la doctora Medina como presidenta del STJ. Acompañó tanto el informe de la Doctora Mizawak como un informe del Doctor Giorgio. Específicamente, este último, el de Giorgio, hace referencia a una situación mía. Es un informe exclusivo sobre mi persona; a pesar de que había aproximadamente 20 concursantes, se toma el trabajo de hacer un informe exclusivo sobre mí. Ahí dice que debe ser ponderado por el Consejo de la Magistratura –es decir que se me valorara negativamente- que tuve expresiones indecorosas en la prensa y que se traducen en una llamativa falta de ética profesional contraria al comportamiento que debe seguir todo funcionario judicial.
Ese informe, que no tiene bases objetivas, que en vez de informe es una mera opinión, un chisme del Vocal hacia el Consejo de la Magistratura, lo firma el vocal Giorgio, pero lo cierto es que lo presenta la presidenta del STJ, en ese momento la doctora Medina de Rizzo, sin reserva, sin oposición de ningún tipo, ni de ella ni de ninguno de los demás vocales. Con lo cual entiendo que fue todo el Superior Tribunal el que actuó y convalidó este informe macartista, persecutorio contra mi persona.
Este informe se basa no en cuestiones objetivas sobre mi desempeño sino en expresiones que vertí en la prensa sobre cuestiones de interés público, específicamente el Caso Goyeneche, cuando dije que era un procedimiento ilegal, ilegítimo, critiqué fuertemente la actuación de los miembros del Superior Tribunal en ese proceso y también lo relacioné con otras cuestiones: la propuesta de cambio del Código Procesal Penal para quitar facultades a los fiscales, para favorecer la impunidad; el dictado del Caso Cozzi, donde se favoreció directamente a imputados en casos de corrupción; el dictado de la ley de fiscalía anticorrupción y la de reforma del Consejo de la Magistratura, todos pasos, actitudes, que las relacioné con una decisión política de asegurar impunidad.
El vocal Giorgio dice que violé normas de ética sin citar norma alguna. Menciona la ley orgánica del Poder Judicial. Y yo le digo que el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su artículo 6, no solo dice que es un derecho la expresión de los magistrados sino un deber de denunciar cualquier intento de perturbación de la independencia judicial, como fue el procedimiento ilegítimo contra la doctora Goyeneche.
A tal punto entiendo que el STJ intrínsecamente en su interior no cree que esto sea una violación del código de ética, porque se lo habría hecho saber al Procurador General, que tiene la superintendencia, nos puede hacer un sumario administrativo, revisar nuestra actuación. En ese marco, yo hubiese tenido la posibilidad de defenderme y explicar por qué dije lo que dije y rever la situación. Pero no, se hace soterradamente, en un procedimiento donde el concursante no tiene posibilidad de defensa. Y me entero más de un año después de este informe, cuando ya había desistido de concursar por ese cargo.
-¿Nunca supo que había un informe adverso que podía dejarlo fuera de carrera? De ser así, es gravísimo, porque entonces ningún funcionario judicial puede opinar.
-Le digo más, los vocales del STJ que han intervenido, que me gustaría que salgan y aclaren, que digan “yo lo hice”, o “lo hice con fulano”, pero que lo digan, nunca me iniciaron un reclamo civil o penal. Ellos podrían haberse considerado agraviados y ejercido una acción civil, una querella. No lo hicieron. Tampoco fueron por los carriles formales de la Procuración. Yo pienso que es un ataque a mi persona pero también un claro mensaje al resto del Poder Judicial, que no les pase lo que le está pasando a Arias.
-¿Usted tiene la posibilidad de iniciar algún tipo de acción contra el Vocal que elevó ese informe, ese “chisme” contra usted? Porque claramente parece que se han extralimitado.
-Quiero saber cómo fue que se gestó todo esto. En el informe se hace mención, y se transcribe a través de una empresa periodística, las entrevistas radiales donde me expresé públicamente. Es decir, con recursos públicos se paga a una empresa para documentar las expresiones de un fiscal del interior de la provincia. ¿Se dan cuenta la persecución ideológica que hay detrás, no?
-¿Le hicieron un seguimiento?
-Por supuesto. Esto es sumamente grave y daría lugar inclusive a pedir el juicio político de las personas, de los vocales que han intervenido en esta cuestión, y lo voy a hacer, porque quiero saber quién intervino.
-¿Además de Giorgio y Medina, hay algún otro Vocal?
-Entiendo que la Sala Penal es la promotora de esto, Carubia y Mizawak sin lugar a dudas, porque la ley no le da la facultad de emitir estos informes de manera personal, sino se la reconoce al tribunal colegiado. Nadie se puede arrogar las facultades de un tribunal, cuando son compartidas. Por eso hay que partir de la base de que acá hubo un accionar conjunto y convalidado entre todos. Y digo la Sala Penal porque se trataba de un Concurso en el ámbito del fuero penal. Justamente hay una acordada que le delega a la Sala Penal la confección de estos informes. Y Giorgio y Mizawak se estaban ocupando de ese concurso en particular.
Ahora yo recusé a Mizawak y Carubia y responde que no actuaron, que actuó Giorgio únicamente. Lo que estoy pidiendo ahora es que Giorgio se pronuncie al respecto, también que lo haga la doctora Medina y que explique cómo puede se que como presidente del STJ haya convalidado una persecución de esta forma.
-¿Por qué en la acción de inconstitucionalidad contra la ley 11003 que empezó el doctor Juan Carlos Arralde todos los vocales fueron recusados y no intervienen mientras que en la acción de inconstitucionalidad suya siguen actuando?
-Claro, en la otra causa fueron todos apartados, pero en mi caso no. A eso lo tienen que explicar los jueces que actuaron. Es una gran contradicción, que en un caso se los aparte, porque tienen un manifiesto interés. En definitiva lo que se está discutiendo es cuáles son las facultades del Superior Tribunal, sus propias facultades, y se deben apartar. En mi caso particular, pusieron el expediente a despacho para resolver, sin previo traslado de la demanda, sin escuchar al Estado provincial. Ellos pensaban asumir la postura del demandado, con lo cual entiendo deben ser apartados.
-Cuando Arralde los recusa dice que los vocales fueron los que promovieron la reforma del consejo de la Magistratura y por tanto ya habían dado opinión en favor de esa reforma y no podían actuar.
-Son las contradicciones con las que se maneja la Justicia. Por eso tengo posturas firmes respecto de estas cuestiones y no me voy a dejar amedrentar por un vocal ni por dos ni por el pleno del STJ.
-Usted pide que los vocales aclaren qué rol tuvo cada uno en el informe en su contra y quién encargó el seguimiento. ¿Lo pidió formalmente?
-Sí, en la acción de inconstitucionalidad, hay un ofrecimiento de prueba donde pido se me conteste todo lo que se pagó, las contrataciones, quién encargó. Usted sabe que el Superior Tribunal de Justicia hace mucho tiempo no publica los Acuerdos, es decir, los actos de gobierno, no los suben a la página, con lo cual uno no se entera qué cuestiones se tratan, quiénes votan por la positiva o por la negativa, y nos tenemos que manejar en el aire.
-En este escenario en el que plantea que sufre una persecución, ¿no teme seguir el mismo camino de la doctora Goyeneche, que fue destituida del cargo y ella entiende que fue por haber intervenido en causas de corrupción y haber enfrentado a los vocales del Superior Tribunal?
-Temor no tengo. Las batallas hay que darlas. Es importante darlas. Así no se puede estar. Así no se puede ejercer la Justicia. Así nos estamos manejando por caminos ilegales. De esta forma, no me interesa ser parte de la Justicia. Quiero cambiar estas cuestiones.
