El caso se conoció en abril de 2017, cuando una joven escrachó en Facebook a dos hombres de la congregación, a los que señaló de abusadores. Tras esa publicación, intervino la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena y ayudó a que el caso llegue a la Justicia.
Finalmente, a la Fiscalía llegaron dos denuncias: la de la joven del posteo y otra de su prima.
Más de un año después, el fiscal Barboza cerró la investigación penal preparatoria y pidió al juez de Garantías Walter Carballo que los acusados, Matías Vargas y Vito Panza, sean llevados a juicio oral y público.
El caso también demostró que el accionar de las autoridades de los Testigos de Jehová fue similar al que tuvo la jerarquía de la Iglesia Católica en los procesos contra los curas condenados Justo José Ilarraz o Escobar Gaviria: hubo reticencia para colaborar con la Justicia.
En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, el fiscal comentó que no tuvo la colaboración que hubiese deseado por parte de las autoridades de los Testigos de Jehová.
—¿Tuvo la colaboración de la Iglesia de los Testigos de Jehová para la investigación?
—Quizás no la que me hubiese gustado tener. De todos modos, lo que no se pudo obtener a través de la Iglesia, sí se logró obtener a través de muchas personas que fueron muy humanas y que proporcionaron la información que uno necesita para la investigación. La iglesia en cuanto institución no nos brindó la colaboración que uno hubiera querido, pero la prueba que no se obtiene de una manera se obtiene de otra.
En ese marco, detalló que para el eventual juicio ofreció 15 testigos, entre quienes se encuentran las denunciantes, y un supervisor zonal de los Testigos de Jehová, que es una persona que se encarga de recorrer las diferentes Templos que existen en el departamento La Paz.
Barboza precisó que a una persona se le imputan los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso ideal con corrupción de menores. Y abusos sexuales simples agravados reiterados.
“Hablamos de abuso sexual gravemente ultrajante, cuando el abuso por la duración o circunstancia en que se lleva a cabo configura un sometimiento grave para la víctima. En este caso es más que nada por la duración”, explicó.
Asimismo, dijo que la misma calificación legal pesa sobre el segundo imputado.
Por otra parte, el fiscal recordó que una de las denunciantes, antes de ir a la Justicia, publicó una especie de “catarsis” en Facebook “porque la situación que había vivido la superó”.
En relación al pedido de pena que formuló -18 años de cárcel para Vargas y 15 para Panza- Barboza indicó: “Uno pide la pena con base en determinados fundamentos y porque pretende que la pena que se aplique sea esa. Todo depende de lo que ocurra en el debate y lo que ven los jueces. En este tipo de casos es necesario que haya una respuesta en este sentido”.
Por último, refirió que los imputados transcurrieron el proceso en libertad, y que para proteger a las víctimas se les impuso medidas de restricción, como la prohibición de acercamiento o la realización de actos molestos e intimidatorios.
