Tal como se informó oportunamente, las entidades apuntan a averiguar detalles y en qué condiciones legales se encontraba en Entre Ríos la delegación de extranjeros de la cual formaba parte el fallecido. También pretenden dilucidar qué participación tienen en el hecho los dueños del campo y la empresa de turismo aventura JRF Agro SRL que les prestó el servicio de “turismo aventura”.
En este orden, comenzó a instruirse el legajo con prueba documental aportada en la investigación, con Martina Cedres como fiscal. Y en este proceso se aportó documental que da cuenta que los mexicanos salieron de excursión sin permiso de caza mayor, ya que contaban con autorización para caza menor. Además, el informe girado por el actual director General de Fiscalización, Juan Mansur –que se hizo cargo de esta oficina poco después que estalló este escándalo–, especifica que “en relación al establecimiento rural ‘Punta Caballo’, consultado con el área pertinente de esta Dirección General de Fiscalización, se informa que el único antecedente obrante en este organismo es el Expediente Nº 914423/08, por medio del cual se tramitó solicitud de licencia de Coto de Caza y Turismo Aventura la firma ‘Lamontar SA’, declarando el establecimiento ‘Punta Caballo’ para el ejercicio de dicha actividad renovando habilitación para el año 2014, otorgada mediante Resolución Nº 720/14 DGFA, no obrando ninguna habilitación para los años posteriores al día de la fecha”, que fue girado el escrito a la fiscal Cedres, el 25 de octubre pasado.
En el mismo informe de Mansur, oficialmente se da cuenta que tanto Canales Najjar, como Franco Marcelo Fernández y Esteban Larragain González tenían “permisos transitorios para realizar la actividad de Turismo Aventura (caza menor) para los días 6/10/2022 al 10/10/2022”. Llamativamente en el escrito, el director de Fiscalización no da cuenta del cuarto mexicano, Jorge López Ventura, quien también integraba el grupo de cazadores que llegó a Gualeguaychú en plan de fin de semana largo para intentar llevarse algún trofeo dando muerte a un búfalo de agua. A un quinto mexicano, Manuel H. Meroneo Gómez, JRF Agro SRL le pagó los 4.400 pesos de costo que tenía cada permiso, y su nombre figura en los recibos a los que tuvo acceso este sitio, pero según trascendió desistió del viaje por causas que se desconocen.
“Esto quedó acreditado en el expediente judicial”, afirmó una fuente con acceso al caso sobre la irregularidad de los permisos de caza. En cuanto al avance de las investigaciones se estima que con el comienzo del año judicial comiencen a tramitarse los demás oficios para averiguar los otros tipos de autorizaciones que debían contar la delegación de turistas, la empresa contratista y el predio donde se alojaron. Entre estos papeles se encuentra las credenciales de legítimos usuarios de armas que emite la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex RENAR), tanto para cazadores como empresa de servicios que ofrece el tour, la autorización para contar con un arsenal de armas y municiones del predio, así como los datos de los controles y tareas de fiscalización que se realiza al respecto.
