El ex ministro de la Producción, Roberto Schunk, estaba imputado por haber otorgado en 2011 y 2012 un crédito por 574.000 pesos, un segundo desembolso por 4 millones y otro por 1 millón, todos a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), para un proyecto productivo que tenía como objetivo construir cosechadoras. El caso tuvo una enorme repercusión, incluso nacional, porque un modelo de la máquina fue exhibido en Plaza de Mayo. Se había anunciado que se venderían en Angola.
Los desembolsos fueron destinados al Grupo Senor, a través de la empresa BSV, antecesora de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA. Resulta que la firma beneficiada quebró en el medio del proceso de otorgamiento de los créditos y las máquinas, finalmente, no se construyeron.
La causa se tramitó en el viejo sistema y recayó en el Juzgado de Transición a cargo de Paola Firpo. El fiscal de la causa fue Gervasio Labriola. La misma se inició ante una denuncia del abogado de Paraná, Guillermo Mulet.
El expediente tuvo como imputados a funcionarios de segundas líneas del Ministerio de la Producción y al ex ministro de Economía Diego Valiero. Luego Mulet insistió con que se impute al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y al directorio del Instituto del Seguro. Al primero porque entendió que era quien debía defender el erario público. A los segundos porque en el contrato entre el Estado y la empresa que quebró había un seguro de caución que no se ejecutó. Por el lado de los empresarios estaban imputados Ricardo Vicente Senor, Ricardo Javier Senor, Sergio Eduardo Sravaglieri y Carlos Ariel Boll. Todos fueron sobreseídos por el juez Carlos Rñios.
La causa se sostuvo todo este tiempo por lo que establecían los decretos por los cuáles se había destinado el crédito. De los mismos surgía claramente la responsabilidad del Ministerio de la Producción (antes Secretaría de la Producción) como órgano de contralor de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa, como también de la “correcta utilización del crédito”.
Pero la situación de los funcionarios aparecía como la más comprometidas considerando que ya en 2010 se había establecido, como condición para el desembolso del dinero, fijar un cronograma de entregas bimestrales conforme avanzara la puesta en marcha del proyecto productivo, para lo cual la cartera a cargo de Schunk debía realizar informes técnicos previos “sobre el cumplimiento de las metas fijadas”. Todo esto no ocurrió.
Emilio Fouces terminó representando a Schunk en una segunda etapa del proceso. Al hacerse cargo del expediente – reconstruyó Página Judicial – el abogado defensor solicitó que se allanara el Instituto del Seguro porque se encontró con que en la investigación no estaba – supuestamente – el número de póliza de caución que brindaba el ente estatal y que figuraba en el contrato con la empresa quebrada. Firpo hizo lugar a la petición, se secuestró documentación, y no va que apareció la póliza. Pues bien, el Instituto terminó cubriendo la pérdida del patrimonio que ocasionó la firma y el juez sobreseyó a todos al entender que la estafa no se consumó y que los resortes del Estado funcionaron.
