La causa investiga el desvío de 47 millones de pesos para la promoción de Urribarri como candidato presidencial. Se los acusa por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
A partir de ahora, el siguiente paso debe darlo la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que debe fijar una fecha para llevar adelante el debate.
“Sueño Entrerriano”
Esta megacausa incluye tres expedientes:- La investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia 14 millones de pesos;
- La contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de 27 millones de pesos; y
- La contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos 4 millones de pesos.
La Fiscalía representada por Gonzalo Badano sostiene que los fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de 2015 del exgobernador Sergio Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.
Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso; y la contadora Corina Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Caruso, 4 años de prisión.
Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
