Hasta allí se trasladaron los uniformados que asistieron con seguridad a un operativo donde se interceptó a dos camionetas, una VW Amarok y una Toyota Hilux, que trasladaba a nueve hombres, cuatro argentinos con domicilio en la ciudad de Gualeguaychú y cinco extranjeros con pasaporte de origen en los Estados Unidos. De acuerdo a lo que trascendió, los estadounidenses llegaron a la provincia a través de un servicio de turismo aventura cuyo nombre de fantasía sería “Reservas Doradas SA”, que posee habilitación para operar como coto de caza dentro del departamento Gualeguaychú, y que ya cuenta con un episodio de traslado irregular de cazadores a la provincia en 2016.
El grupo de sujetos llevaba un importante cargamento de aves autóctonas muertas a tiros, así como portaba escopetas y municiones. La banda llevaba un total de 86 especímenes de aves autóctonas, a saber: 4 cisnes cuello negro (cygnus melancoryphus), 2 caranchos (caraca plancus), 3 patos sirirí pampa (dendrocygna viduata), 1 pato gargantilla (anas bahamensis), 27 patos sirirí colorado (dendrocygna bicolor), 18 patos picazo (netta peposaca), 12 patos capuchino (spatula versicolor), 1 pato overo (mareca sibilatrix), 5 patos barcino (anas flavirostris), 8 patos curutí (amazonetta brasiliensis), 4 patos de collar (callonetta leucophrys) y 1 biguá (phalacrocarax albiventer).
En cuanto al arsenal, los furtivos poseían una escopeta Franchi calibre 12×70; dos Beretta A300 caliebre 12×70; dos Franchi Affinity 12×70; una Browning Fusion Envolve 12×70; 40 señuelos de patos y 96 cartuchos. El total del armamento y enceres se calculó en un valor de $6.483.000.
Es así que presentada la situación se encuadró el hecho como infracción a la Ley de Caza de Entre Ríos Nº 4.841/69, ya que la actual Resolución 888/23 que habilita la temporada no habilita las especies que transportaban. Cabe recordar asimismo que esta misma normativa que permite la matanza de aves autóctonas fue anulada y declarada inconstitucional.
Por otro lado, por el contexto de posesión de las seis armas largas, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Gualeguacyhú sede Paranacito, a cargo de Gastón Popleka, pero el funcionario judicial no adoptó ninguna medida, ya que uno de ellos, identificado como Joaquín María Altuna, exhibió la credencial de legítimo usuario y tenencia de las escopetas.
Finalmente, Personal de Fiscalización secuestró preventivamente el armamento y desnaturalizó los restos de las aves muertas, mientras los demorados siguieron su camino.
