Finalizaron la investigación en la que se señalaba a los dos agentes penitenciarios como “autores del delito penal de distribución y comercialización de estupefacientes agravados por efectuarse en un lugar de detención y por el número de integrantes de la organización encargada de comercializar e incumplimientos de los deberes de funcionario público”, según el Boletín Oficial Nº 28.020.
Los actos de Oliva y Rodríguez no solo implicaron sanciones penales, sino que también trajeron desprestigio a la institución penitenciaria. Según las leyes vigentes, estas conductas son consideradas faltas graves que justifican el despido definitivo.
Cabe destacar que los agentes desarrollaban sus tareas en la Unidad Penal N° 1, ubicada en la ciudad de Paraná.
Además, resaltaron que aunque los procesos penales y administrativos son diferentes, en este caso las condenas penales respaldan plenamente las sanciones administrativas. Por lo tanto, la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos avala la decisión de aplicar la sanción máxima de cesantía a ambos funcionarios.
