A continuación, se reproduce el texto completo que firman Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, emitido bajo el título “A la búsqueda de un delito inexistente”:
Estos son los hechos,
Demanda iniciada en el 2012 por Dolores Etchevehere de Güiraldes, única denunciante luego de haber vendido la totalidad de su fracción accionaria de Sociedad Anónima Entre Ríos en el 2010.
Contrariamente a lo que sostiene la jueza de Instrucción en su Resolución provisoria, no hubo ni hay hechos que vulneren la ley. En su momento, 10 años atrás, ante un complicado cuadro financiero y siendo nosotros socios minoritarios de SAER, empresa editorial de El Diario, se decidió en reunión de Directorio desprenderse de algunos bienes inmuebles improductivos (que no guardaban relación con la empresa periodística) a fin de procurar liquidez para afrontar gastos de la empresa. En ejercicio del Derecho de Preferencia del Estatuto Societario habilitado por ley, y que implica que en caso de ventas de bienes de la empresa los socios son preferidos ante terceros que efectúen idénticas ofertas, adquirimos algunos de esos inmuebles. El producido de estas ventas fue destinando por completo a modernizar la empresa que había quedado rezagada respecto a las nuevas tecnologías digitales, a inversiones en pre prensa, equipamientos de refrigeración, equipos informáticos de última generación, además de afrontar gastos corrientes (todo ello correctamente documentado y presentado a la justicia).
Es decir, se hizo lo que habitualmente realizan las empresas cuando están con problemas estacionales de liquidez y necesitan seguir adelante. Todo ello, reiteramos, está absolutamente documentado y esas pruebas documentales, todas, sin excepción, fueron acompañadas al expediente judicial para demostrar su verosimilitud y que no se trataba solo de un relato defensivo sin respaldo alguno.
A finales del año 2010, fallecido Luis F. Etchevehere, pasamos a detentar la minoría empresaria de SAER con el 33,33% accionario. El 66,66% restante fue y es detentado por grupos empresarios que compraron esa porción accionaria a los hermanos de Luis F Etchevehere. Cabe consignar que desde hace varios años atrás la única detentora del 33,33% accionario es la Dra. Leonor Barbero Marcial de Etchevehere.
Es muy importante tener presente que desde finales de 2010 hasta el presente no hemos intervenido en la administración de SAER por ser minoría, careciendo de acceso a la firma de cheques, a cuentas bancarias y a cualquier tipo de decisiones administrativas, ni hemos participado en resoluciones definitorias como fueron los despidos de empleados de El Diario en el año 2018, como tampoco participamos como minoría en el Concurso Preventivo del 2019, fecha en que el paquete mayoritario de la editora vuelve a cambiar de manos.
Es importante reiterar también que la promotora y única denunciante de esta causa, Dolores Etchevehere de Güiraldes (no existen denuncias por parte de bancos, empresas, proveedores y/o terceros), había vendido sus acciones en el año 2010 con anterioridad a ser designada querellante de la causa (que se inició durante el 2012).
La jueza de la causa penal, sin decirlo explícitamente, deja entrever en su Resolución –medida provisoria que contenía el viejo modelo de procedimiento penal de Entre Ríos- que se habría producido una suerte de vaciamiento de bienes de SAER con esas ventas de inmuebles ya referidas, dejando con menor patrimonio a la empresa para responder a sus acreencias, especialmente laborales, y con causa en aquellos despidos del 2018 a los que nos opusimos siendo minoría, encontrándose paradójicamente entre los cesantes dos miembros de nuestra familia que trabajaban en El Diario a tal punto que uno de ellos tiene iniciado juicio laboral con sentencia favorable.
En primer lugar este error garrafal de la jueza del fuero penal queda al descubierto por dos motivos dirimentes: es impensable imaginar que alguien puede, en una Argentina inestable económicamente, diseñar seis años antes un plan para luego, seis años después, despedir a trabajadores de una empresa y un año más tarde ingresar en un proceso de Concurso Preventivo; y en segundo término, porque en marzo de este año un profesional de las ciencias económicas designado por el juez del Concurso como auxiliar encargado del avalúo de SAER determinó que esta empresa tiene un valor activo de $ 310.000.000, con lo cual esa suma hoy cubre cómodamente su pasivo, cuyo monto es inferior a ese importe (excluyendo lógicamente el pasivo post concursal).
Por lo que ha trascendido, la resolución de la jueza se basa en un confuso y escarpado informe de la sindicatura concursal, producido tiempo después del concurso, donde analiza sucesos acontecidos una decena de años atrás, con algunos equívocos significativos y omisiones sustanciales, destacándose opiniones subjetivas sin pruebas reales, sin respaldos contables serios y sin haber tenido en cuenta la llamativa falta de declaraciones testimoniales.
Habría que sumar, que la totalidad de las operaciones vinculadas a las ventas de inmuebles de SAER y las respectivas compras por sus socios, fueron auditadas e inspeccionadas con lupa por la AFIP, sin encontrar el organismo recaudador irregularidad alguna, todo lo cual, con sus respectivos documentos oficiales, fueron presentados como pruebas en el Juzgado.
En síntesis, y para no ingresar en los farragosos intersticios de tecnicismos jurídicos, lo que debe quedar claro y entendido es que este interminable calvario jurídico lleva casi 12 años con una única denunciante que nunca aportó ninguna prueba contundente como querellante.
Paralelamente, y como en otros momentos de injerencia política en las actividades de nuestra familia, hay que remarcar que esta causa fue dejada inactiva durante muchos años, debiendo computarse que Dolores Etchevehere de Güiraldes debidamente asesorada por prestigiosos letrados renunció por escrito en el Juzgado de Transición N°2 (a cargo del Dr. Carlos Ríos) a continuar con la misma, solicitando al juez el sobreseimiento de los imputados por “inexistencia de delito alguno” en 2018.
Exactamente 24 horas después, y se reitera, exactamente 24 horas después, de haberse obtenido un fallo favorable en la usurpación del establecimiento agropecuario “Casa Nueva” se reinicia la presente causa.
Como ha quedado fehacientemente demostrado en las lides que enfrentamos desde hace 12 años, la política nacional y provincial han tenido injerencia directa en ellas. Así sucedió durante la usurpación de “Casa Nueva” y la coincidencia casi vergonzosa de la activación de la presente causa luego de años de estar detenida por falta de pruebas y planteos de alguna seriedad, cuando se ordenó la salida de los usurpadores y funcionarios del oficialismo del campo.
Hoy, sin pruebas documentales irrebatibles, contradiciendo informes de la AFIP, con una única denunciante que a su vez reconoció nuestra verdad ante un juez, además estaba contratada por la administración pública provincial y habiendo mantenido nosotros el porcentaje minoritario en SAER y no habiendo participado en ninguna iniciativa, ni telegramas de despidos, ni en decisiones concursales, presenciamos cómo debieron rearmar con infundios y subjetividades una solitaria imputación de hace más de una década para configurar culpables donde no los hay.
Deseamos fervientemente que se respeten las verdades, sin que dependan de otros vientos que no sean los de la justicia.
