Algunos casos particulares
José Allende, que también forma parte de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), es investigado por el supuesto desvío de subsidios legislativos del Estado a la Fundación Esperanza, cuya titular es su esposa; además de afrontar otra denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito. Su compañero de bancada, el actual diputado provincial y exintendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, también tiene cuentas pendientes en la justicia. Si bien no repetirá mandato en la cámara baja, buscará nuevamente ser presidente municipal de su ciudad. Él y su entonces secretario de Gobierno, Héctor Miguel Zapata, están imputados de haber incurrido en un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público al omitir transferir los fondos correspondientes a aportes jubilatorios de los empleados de la municipalidad a la Caja de Jubilaciones. También afronta otra causa vinculada con la cesión de un terreno a través de un contrato de comodato. Otro legislador que se quedará sin fueros es el actual diputado provincial Rubén Vázquez, que desde junio de 2005 está imputado en la causa caratulada “Vázquez, Rubén Ángel –Cogno José Luis S/ falsedad ideológica de instrumento público”. Cuando era intendente de San Benito, fue denunciado por la supuesta falsificación de un decreto y una notificación oficial. A los ya nombrados, hay que sumar al exintendente de Larroque, Raúl Riganti, referente en el Departamento Gualeguaychú del diputado nacional Juan José Bahillo y del senador nacional Pedro Guastavino. Riganti está denunciado por supuestos sobreprecios en la obra pública (el asfaltado de calles) en su gestión como presidente municipal.
Dos casos emblemáticos
Sergio Urribarri y Pedro Báez, que también se quedan sin bancas en Entre Ríos, tienen pedidos de desafueros por manejo irregular de la publicidad oficial, en una causa penal en la que la justicia les decretó un embargo por 26 millones de pesos y la inhibición general de sus bienes. En caso de no conseguir alguna banca a nivel nacional, se quedarán sin fueros absolutos y, en ese caso, a principios de 2020 a más tardar debería iniciarse los juicios orales y públicos.
Ambos están imputados por la sustracción de fondos públicos y su direccionamiento a favor de empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario provincial, a través de contrataciones de publicidad. Otra causa que apunta a Urribarri es la investigación por el gasto de 14 millones de pesos de las arcas del Estado para montar un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015, cuando promocionada el “Sueño Entrerriano” para llegar a la Presidencia de la Nación.
Además, hay que ver hasta dónde evoluciona la investigación penal preparatoria de los contratos truchos en la Legislatura.
