Desde entonces, el ente administrativo integrado por miembros de los tres bloques de concejales y el Ejecutivo, dio inicio a la revisión de los legajos.
De los alrededor de 250 inscriptos, “el 90% calificaría”, de acuerdo a la primera evaluación realizada por el área de Vivienda y Hábitat, informó a El Entre Ríos Daniel Kolankowsky, a cargo de la Subsecretaría Municipal de Gestión General y Asuntos Jurídicos.
“Ahora hay que hacer una revisión más fina. Va a llevar tiempo, pero esperamos entre fines de este mes y mediados de julio, poder publicar la lista de admitidos. A partir de ahí se abrirá un plazo de unos 10 días para impugnaciones, en caso de que algún vecino vea una irregularidad y quiera denunciarla en forma anónima”. Concluidos estos pasos, estiman que el sorteo podría realizarse “a fines de julio”.
“El paso siguiente es trabajar con cada grupo familiar hasta cumplir una serie de requisitos. Posiblemente haya una lista de suplentes y el resto queda desestimado; cuando haya un próximo llamado se volverá a hacer la inscripción”, agrega.
De los terrenos disponibles en esta primera instancia, al menos dos serán para personas que cuenten con certificado de discapacidad, cumpliendo así el cupo que exige la ley. Si los primeros 39 adjudicatarios no tienen en su grupo familiar un integrante con discapacidad, los últimos dos lotes se sortearán únicamente entre quienes sí tienen certificado.
Uniones formales e ingresos suficientes
En la convocatoria, uno de los puntos que había generado cierta controversia era el requisito de tener hijos.“Eso fue un mal entendido; no era una condición. Lo que sí no queríamos era convalidar uniones informales: tenían que estar casados o en concubinato”, aclara el funcionario.
“Son cuatro categorías: parejas con hijos, parejas sin hijos, solteros con hijos, solteros sin hijos. Entre las tres primeras no hay orden de prioridad; los solteros sin hijos quedan condicionados a que el cupo no se cubra con los inscriptos de las anteriores categorías”, especifica.
Estas condiciones, se deben a la idea de que el terreno tenga por destino la construcción de “una vivienda como proyecto familiar”.
Para acceder a la compra de uno de los lotes, el grupo de convivientes debe acreditar ingresos equivalentes a “entre 4 y 10 salarios mínimos, que al momento de la inscripción era entre 800 mil y 2 millones de pesos”, condición que también fue objeto de cuestionamientos.
“Era necesario que el mínimo sea alto, porque la mayoría de quienes van a acceder a este programa son familias que alquilan y tienen que ganar lo suficiente para –mientras pagan el alquiler- abonar la cuota del terreno, que en promedio va a ser de 100 mil pesos, y además construir su futura vivienda. Entonces, pensando en la salud del programa, debíamos poner requisitos para que acceda un segmento de la sociedad que luego pueda cumplir con la cuota y que con ese dinero nosotros compremos otros terrenos”, señala Kolankowsky. Los lotes se encuentran distribuidos en tres puntos: “En las 40 Viviendas (ex-Forclaz) hay 8; 16 están frente a El Ombú y otros 17 en el barrio Procrear”. Serán abonados en 120 cuotas (10 años), cuyo valor rondará entre los 75 mil pesos y 140 mil pesos aproximadamente, acorde a su superficie y ubicación. “Se ajustan por Unidad de Cuenta Municipal, cuya actualización es trimestral de acuerdo a su índice. En tanto, el interés de financiación del programa será la mitad de la unidad de cuenta”.
Respecto a la construcción, los adjudicatarios tendrán un plazo de tres años para finalizarla.
“A partir de que comienzan a construir, abonan el 50% de la cuota del terreno. El resto se va a prorratear en las cuotas pendientes, una vez finalizada la construcción”.
