Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
La incorporación del representante del Senado al Jurado de Enjuiciamiento, el organismo encargado de juzgar la conductas de los miembros del Poder Judicial, quedó en compás de espera a la espera de que haya acuerdos entre el bloque mayoritario de la Cámara Alta, el PJ, y la minoría de Juntos.

La situación es consecuencia de la renuncia presentada por la senadora Patricia Díaz (PJ), que dimitió como presidenta del cuerpo y además dejó de integrar el Jury. Hubo reuniones entre ambos bloques legislativos en procura de acordar una integración definitiva, pero no se alcanzó acuerdo. El Jurado de Enjuiciamiento es un cuerpo colegiado cuya función es juzgar el desempeño de los funcionarios de la Justicia. Está conformado por 7 miembros: tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Susana Ester Medina; dos, por el Colegio de la Abogacía, Alejandro Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez; y dos legisladores, el diputado Marcelo López (Juntos), y el lugar que corresponde al Senado, de momento vacante.

El senador Rafael Cavagna (Juntos), suplente de Díaz, se había propuesto para ocupar el lugar. Pero en los últimos días, el PJ planteó la alternativa que sea la oposición quien designe al respresentante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento. Además, resta definir quién presidirá el Jury tras el alejamiento de Díaz.
Renuncia de Díaz y jury al Procurador
La senadora, esposa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, ambos con una causa en trámite en la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito, dio un portazo cuando se enteró que sus pares del Jurado de Enjuiciamiento habían resuelto apartarla de la resolución de la denuncia presentada ante el Jury contra el Procurador General Jorge García.

El Procurador recusó a la titular del Jurado de Enjuiciamiento por «inidoneidad para desempeñarse como tal» en función de la investigación en su contra por enriquecimiento «y por enemistad manifiesta» por cuanto entendió que la legisladora carece «absolutamente de imparcialidad».

El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, y con dos procesos más abiertos, por supuesto pago de coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, a través de su empresa Relevamiento Catastrales SA, en la que tiene pedido de 10 años de prisión, y por enriquecimiento, con solicitud de una pena de 6 años y 6 meses, presentó en abril una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de los deberes contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Urribarri pidió que se suspenda al Procurador en su función, que se abra causa por “falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de su cargo”, y se proceda a su destitución. Lo hizo a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, que fijó domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100. La presentación del planteo de enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales se realizó ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.

En el escrito, Urribarri sostiene que “existen graves indicios que ponen en evidencia serias irregularidades desplegadas desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia, contrarias al juramento”.

Después de la denuncia de Urribarri se incorporaron dos denuncias más contra el Procurador García: del exintendente de Gualeguay, Luis Erro, y del dirigente del PRO Hernán Blazquez.
Fuente: Entre Ríos Ahora

Enviá tu comentario