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La fuga de un delincuente, durante un traslado para concretar una visita familiar de carácter humanitario, desató una polémica entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Desde la justicia informaron que se trató de una decisión que dispone la Ley de Ejecución de Penas, que contaba con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal.

Luis Alberto Saavedra fue condenado a tres años de prisión efectiva por un asalto ocurrido en Victoria, en abril del año pasado. Cumplía la pena en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria, hasta este jueves.

El juez en feria de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, dispuso su traslado hacia la localidad bonaerense de Avellaneda, donde por el término de dos horas debía tomar contacto con su pareja, que está muy enferma, momento en el cual ejerció violencia física para soltarse y escabullirse por un barrio de emergencia lindante. Fuentes judiciales indicaron que el traslado del interno obedeció a un pedido de la defensa de Saavedra y que el magistrado en cuestión corrió vista a Fiscalía, que dictaminó favorablemente. De este modo, se ordenó la visita bajo custodia del Servicio Penitenciario.

Asimismo, se indicó que la medida se dispuso de acuerdo con lo establecido por la ley Nº 24.660, que habilita salidas especiales por cuestiones humanitarias. Fuentes tribunalicias señalaron que no haber accedido al pedido de Saavedra podría afectar derechos humanos esenciales del condenado, lo cual habilitaría demandas con consecuencias de responsabilidad internacional hacia el Estado provincial por eventual violación de los derechos humanos y a las reglas de detención.

El Ministerio de Seguridad informó que tras la huida de Saavedra se activó un protocolo de emergencia y se han desplegado todos los recursos disponibles para dar con el paradero.
Fuente: Análisis

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