Soreira dice que los ediles se aplicaron en diciembre último un aumento en sus dietas del 22,73%, igualaron a los salarios de los empleados de planta y, para peor, redujeron en un 42% los salarios de los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo. Lo resuelto por los concejales, asevera Soreira, es en violación a la Ley N° 10.027 Orgánica de los Municipios, que establece que en ningún caso el Concejo Deliberante pordrá aumentar los sueldos proyectados por el Departamento Ejecutivo para los empleados de su dependencia.
El Concejo Deliberante de Sauce de Luna -a 147 kilómetros de Paraná, en el departamento Federal- está conformado por 7 miembros: 4 responden a Juntos por el Cambio; 3, al Frente Creer. La ordenanza N° 312, que votó el Concejo en diciembre último a través de la cual dispuso aumento de las dietas de los ediles y reducción en sueldos de funcionarios políticos, contó con la adhesión de dos ediles de Juntos, el exintendente Pedro Oscar Aliano -que conformó bloque unipersonal, separado del oficialismo- y Ariel Rubén Zárate; y de los ediles de la oposición Mario Rubén Fontana, Margarita Beatriz Tito y Fernando Orzuza.
El intendente de Sauce de Luna -un pueblo de 6.000 habitantes- vetó la ordeanza, pero el Concejo insistió, y en esa discusión el conflicto ahora debe ser resuelto por la Justicia. Soreira dice que el Concejo pasó por encima de la Ley de Municipios.
El jefe municipal, en esta línea, pidió una medida cautelar innovativa y requirió a la Justicia que ordene “la inmediata suspensión de los efectos jurídicos del acto segregativo (ordenanza 312/22) dictado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Sauce de Luna (…) disponiendo consecuentemente que los haberes del suscripto, en mi carácter del presidente municipal y todos los miembros que componen el gabinete del poder ejecutivo de la Municipalidad de Sauce de Luna sean inalterados, y se mantenga la base de cálculo para su liquidación la establecida por la ordenanza 220/12, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”.
Soreira vetó dos ordenanzas que las ordenanzas N° 111/2022 “Prohibición de Nepotismo” y N° v312/2022 “Haberes del Personal Político”. El quid de la cuestión está en la decisión de tirar a la baja el ingreso del intendente y del funcionariado político. A partir de lo dispuesto por el Concejo, el salario de Soreira pasaría de $352.598,55 a $200.727,72, “lo que, en la práctica representa una disminución en mis haberes” en una suma de $151.870,83); mientras, un secretario del gabinete municipal pasaría de cobrar $282.878,84 a percibir $150.545,79, “lo que genera una disminución en los haberes que percibe el funcionario cercano a los $ 132.333,05”.
“Ahora bien, si observamos como seria la modificación entre los haberes que percibe el responsable del Poder Legislativo Municipal ascendería de $100.363,86 a $212.159,13 lo que, en la práctica, generara un incremento en sus haberes de $111.795,27 y, los haberes que reciben los miembros del HCD, por su carácter de concejal pasara de $53.309,62 en el mes de diciembre del 2022 a $65.427,00. Obteniendo un aumento salarial de $12.117,37”, dice la presentación judicial del intendente.