De qué se lo acusa
El proceso tiene como principal coimputado al exgobernador Sergio Urribarri y otros funcionarios públicos de sus gestiones en la provincia, por presuntas maniobras en el otorgamiento de contratos del Estado provincial que beneficiaron a la empresa Relevamientos Catastrales, que dirige Cardona Herreros.La hipótesis principal de Fiscalía apunta a que el otorgamiento de contratos desde el Estado a la empresa de Cardona Herreros, tuvo como contrapartida el retorno de dinero a funcionarios públicos y privados.
Largo proceso
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaron adelante los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro se elevó a juicio en mayo de 2022. Recién el año pasado se fijó fecha para la audiencia de remisión a juicio, es decir el proceso que está por iniciar en los próximos días.Es que la causa se frenó largo tiempo debido a algunos motivos: primero la pandemia, después se sobreseyó en primera instancia a varios imputados (una decisión que fue revertida en instancias judiciales posteriores).
La remisión a juicio iniciará en los próximos días, según lo previsto entre las partes y la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), pero desde este martes comenzaron a resolverse todos los planteos preliminares. Y es justamente en esta instancia de discusiones preliminares que la defensa del empresario pidió la suspensión de juicio a prueba para su representado. De la instancia participaron los fiscales, el defensor particular del empresario paraguayo (los abogados José Velázquez e Ignacio Esteban Díaz), el propio Cardona Herreros a través de videoconferencia. Y como oyentes asistieron los defensores del exgobernador Sergio Urribarri, los abogados Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez y Juan Antonio Méndez. También se presentó en la sala el coimputado en la causa, Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo e hijo del vocal jubilado del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Ramón Smaldone.
