El Gobierno decidió publicar el veto en la medianoche del miércoles, casi al límite del plazo legal de diez días hábiles desde la sanción en el Congreso. “No queríamos hacer nada que pareciera que buscábamos incentivar el conflicto”, explican desde la Casa Rosada, pese al malestar que generaron en las universidades las sospechas que el oficialismo difundió sobre el funcionamiento de las casas de altos estudios, tanto en redes sociales como en comunicados oficiales.
La decisión de vetar estaba tomada por el presidente Javier Milei desde antes de que se votara la ley en el Congreso. El fundamento es que atenta contra el déficit cero. El veto será total, de acuerdo a lo que Milei dejó trascender a través de su cuenta de la red social X, horas después de que se votara en el Parlamento. Lo mismo aseguró la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En la Casa Rosada juran que aún no tienen el compromiso asegurado de Pro para sostener el veto y, por ende, aún no reúnen la minoría necesaria de diputados y senadores para evitar que la oposición alcance los dos tercios para refrendar la ley. Pero confían en el trabajo de Martín Menem, titular de la Cámara Baja y quien por estas horas fatiga pasillos y despachos del Congreso en busca de “voluntades” que sostengan la decisión presidencial, como sucedió con el veto que bloqueó el aumento a los jubilados.
En el Gobierno creen que sí podrían contar con los mismos cinco votos de los radicales que en septiembre sostuvieron el veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en medio de duras críticas y sanciones de su propio espacio. Se trata de Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y José Federico Tournier.
“Que no hayan dicho que no, no es poco”, dicen en Balcarce 50 sobre Pro. Y desafían al partido de Mauricio Macri: “Que no apoyen sería un acto de mezquindad fuerte”. En esa línea, agregan que “el Estado cuida las cuentas públicas” y que su problema “no es contra las universidades, sino contra un Congreso empecinado en sacar leyes sin financiamiento”.
Si el veto no sobrevive, en el Gobierno advierten que “de algún lado la plata la vamos a sacar”, para apuntar a la obra pública, la seguridad o la defensa, entre otras. A diferencia de la educación, el Gobierno aumentó las partidas que administran Patricia Bullrich y Luis Petri. “Recortaremos la obra pública, no hay muchos lados de dónde sacarla”, completó otra fuente.
La amenaza podría colarse la semana próxima en el Congreso, cuando empiece la discusión por el presupuesto 2025.
Si el veto no se sostiene, en la Casa Rosada también piensan en un camino legal si no hay negociación en el marco del presupuesto. Sería –señalan las fuentes– apelando a la ley de administración financiera que, entre otras cosas, “comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado”.
De los radicales, excepto el grupo de los cinco, la Casa Rosada no espera nada. “Es la última bandera que les queda”, dijeron, en referencia a las universidades. Entre los que “politizan la marcha”, el Gobierno señala tanto al senador Martín Lousteau como a Horacio Rodríguez Larreta, Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que en los últimos días se sumaron a la convocatoria.
“Está clarísimo que la marcha es política y para desestabilizar al Gobierno”, dicen cerca Pettovello, que en las últimas horas sacó un duro comunicado en contra de la protesta, en el que afirmó que los reclamos “están todos resueltos”.
En el Gobierno saben que la marcha puede volver a ser multitudinaria, pero esperan que participe “menos gente suelta que la otra vez”, en referencia a manifestantes que vayan espontáneamente. El grueso, apuestan, lo aportarán “los aparatos”, entre los que identifican al ala dura de la CGT.
