Más de dos años después de ese fallo, y luego de conseguir el doble conforme judicial en la provincia de Entre Ríos, los representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron este jueves que comiencen a cumplir las prisiones preventivas, hasta que la sentencia quede firme, es decir cuando tome una decisión la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
“En ningún momento de este recorrido, desde que comenzó este proceso de estigmatización y ensañamiento el 18 de diciembre de 2015, tres semanas después que dejé la Gobernación, jamás eludí mis responsabilidades. Me he puesto a disposición, hice declaraciones espontáneas cruzando la calle, siendo presidente de la Cámara de Diputados. Se leyó el fallo el 7 de abril de 2022, inmediatamente presenté la renuncia al señor Presidente de la Nación (Alberto Fernández). Si no volví antes al país, y volví los primeros días de junio fue porque recién el 31 de mayo me aceptaron renuncia”, dijo.
Además, destacó: “Me vine a mi país, a mi casa, con mis amigos, con mi familia. Escuché argumentos como que viajo muy seguido a Uruguay. Recién le pregunté a mi esposa cuántos años hace que no viajamos a Uruguay. Ella no se acuerda, creo que hace como 6 o 7 años. Pero ese fue uno de los motivos del fiscal, que me puedo fugar porque voy seguido a Uruguay. O que tengo funcionarios, amigos con los que hice amistad a lo largo de mi carrera política. Por supuesto, tengo muchos funcionarios y amigos que no sólo están en este momento sino que estuvieron cuando transformamos la provincia y el país”.
“Jamás se me ocurriría profugarme ¿sabe por qué? Porque tengo una esposa de hace 42 años, 5 hijos hermosos y 8 nietos hermosos. A pesar de ese ensañamiento, hostigamiento e intento de estigmatización en estos larguísimos 8 años y pico, a pesar de eso, esa esposa, los 5 hijos y 8 nietos aún siguen sintiéndose orgullosos de su esposo, su padre y abuelo. Jamás, en el peor de mis pensamientos los defraudaría cuando creo que, bajo todo punto de vista, soy inocente. Todos esos argumentos y otros tantos que puedan inventar, no justifican para nada que den un paso más en ensuciar mi nombre, apellido, trayectoria, transmitiéndole a parte de la sociedad que ustedes quieren prisión preventiva porque yo puedo llegar a profugarme. Una barbaridad. Este hostigamiento de casi 8 años y medio, se los digo con el mayor dolor en el alma, desde las tripas, que hemos venido padeciendo y sufriendo las consecuencias de esto que ustedes y otros actores, medios de comunicación y demás, han querido instalar en esta ciudad que amo y transformé de la mano de muchos funcionarios, amigos y demás, la transformamos como nunca antes”, aseguró luego.
La audiencia comenzó después de las 9. Urribarri, Báez y Aguilera la siguieron conectados de modo virtual, con algunos inconvenientes técnicos o malos entendidos sobre los horarios estipulados por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Pese a las dificultades, la instancia se desarrolló completamente y concluyó a las 13.30, con la palabra de los tres condenados.
“Ratifico lo que bien aclaró Sergio Urribarri. La demora en nuestra conexión al inicio de la audiencia no se debió de manera alguna a la intención de no participar. De hecho, me habían dicho que no era necesario, me llamó un funcionario de tribunales y minutos después estaba conectado.
Pido disculpas por las molestias ocasionadas. En términos de lo que se trató hoy, ha dicho todo lo que me representa mi abogado defensor, el doctor Ignacio Díaz. Así que por mi parte nada más”, acotó Báez y siguió Aguilera: “creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Agradezco y no tengo nada para agregar”.
El tribunal pasó a deliberar y comunicará una decisión el 5 de septiembre a las 10.
Riesgo de fuga
Los fiscales reclamaron este jueves que el exgobernador y su cuñado Juan Pablo Aguilera, comiencen a cumplir prisiones preventivas hasta que la condena adquiera firmeza. Además, solicitaron que se ordene la derivación del exministro de Cultura y Comunicación a la Unidad Penal N°1.Las peticiones se realizaron ante el Tribunal de Juicios compuesto por Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara, después de numerosas postergaciones y dilaciones de la audiencia. Quienes reclamaron que comience a ejecutarse la condena fueron los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes llevaron adelante las investigaciones y también la acusación pública durante el debate.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) fundamentaron el peligro de fuga que consideran, recae sobre Urribarri y Aguilera, y en el caso de Báez, entendieron que la condena está firme porque su defensa no emprendió la queja contra el rechazo del recurso que interpusieron los defensores ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), a diferencia del resto de los condenados.
Los defensores, por su parte, rechazaron los pedidos fiscales. Los abogados Ignacio Díaz por Báez, Leopoldo Cappa, Javier Baños y Fernando Burlando por Urribarri; y Miguel Ángel Cullen por Aguilera refutaron la existencia de riesgo de fuga, abogaron por los derechos de los procesados y sostuvieron que al no estar firme la sentencia, dado que existe el recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), está vigente el “principio de inocencia” y las preventivas no serían “legítimas”.
“Venimos a ratificar el pedido del 18 de abril de 2024. Una vez que nos notificaron la sentencia del 17 de abril, que el STJ denegó recurso de queja de los defensores, formulamos este pedido de prisión preventiva, tomando la precaución de que la sentencia cuente con doble conforme y esté confirmada por la Sala Penal”, introdujo el fiscal Aramberry al iniciar la jornada y discriminó la situación de Urribarri y Aguilera de Pedro Báez. “El doctor Miguel Giorgio (vocal del STJ), expresó que quedó firme sentencia de Báez, porque no existió voluntad recursiva de sus abogados. Por eso es que como expresamos en el pedido, la sentencia recaída contra Báez quedó firme y por ende resulta ejecutable”.
El fiscal señaló que existe un pedido de prisión domiciliaria por parte del exministro. Pero consideró que ese debe dirimirse ya en un Juzgado de Ejecución de Penas. “Es en ese marco, donde deberá ser promovido ese pedido en modalidad de cumplimiento de domiciliaria, ante jueza de ejecución de penal”, apuntó en referencia a la doctora Cecilia Bértora.
Aramberry se centró después en Urribarri y Aguilera. “Pedimos la preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza porque existen objetivos fundamentos para sospechar el riesgo de fuga, eso conforme a lo que se desarrolló en el antecedentes ‘Martínez Jorge’ en esta instancia y frente a la condena”.
El representante de la acusación indicó que en las causas juzgadas, se utilizó la “función pública con fines personales y familiares. Las relaciones forjadas desde la función pública, los lazos con personas de otras nacionalidades que están plasmados en otras causas como por ejemplo Cardona (NdR: un proceso judicial abierto por presuntas coimas en la que también está imputado el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros). Estamos ante sujetos que cuentan con medios, vínculos fuera del país, poseen sobrados recursos económicos. Por eso solicitamos la preventiva hasta que adquiera firmeza la sentencia, de cara a compromisos internacionales asumidos en materia de corrupción”.
“No estamos frente a ciudadanos comunes”
La fiscal Patricia Yedro sumó otros argumentos al pedido de preventiva para Urribarri y Aguilera y la solicitud de traslado de Báez a la UP.“Los riesgos de fuga concretos están configurados. Las cinco investigaciones (NdR: el megajuicio acumuló la ‘causa imprentas’, ‘causa parador’, ‘causa Cumbre del Mercosur’, ‘solicitada contra los fondos buitre’, ‘Global Means’) tuvieron como hilo conductor las relaciones personales y de su familia, para lo cual se conformó una estructura que funcionó aceitadamente, sin que se sospechara de la magnitud de esa estructura y los montos. Se rodearon de vínculos de absoluta confianza para aplicar fondos públicos con fines personales. Hubo sustracción de fondos públicos a través de pauta publicitaria en la causa imprentas. En la causa parador y Mercosur también se reflejó sustracción de fondos públicos para la campaña presidencial y pudimos probar cómo los proveedores costearon gastos de alojamiento. El MPF acreditó el uso de líneas telefónicas que figuraban a nombre de terceros, la adquisición de muebles e inmuebles”, recordó la fiscal y sintetizó: “Entendemos que los vínculos de poder pueden usarse para la fuga y evitar el cumplimiento de la pena. Las inversiones en el país y el extranjero, los vínculos hacen que estemos frente a ciudadanos no comunes, personas que ocuparon cargos y generaron vínculos de importancia. Eso los coloca en una situación distinta a la de cualquiera para cumplimiento de condena. Tienen recursos técnicos y económicos, vínculos personales que pueden habilitar salidas del país y radicación en países que no permitan extradición. Urribarri está en Concordia, una ciudad limítrofe a Uruguya y está acreditada su asiduidad de salidas, él y su familia a Uruguay. Es un personaje público y conocido”, advirtió.
“La conducta procesal de Urribarri define que no tiene intención de someterse a la ejecución de pena”
El fiscal Ramírez Montrull estableció una relación proporcional entre el riesgo de fuga y el monto de la pena a cumplir. “Hablamos de condenas de 8 años y 6 años y medio de prisión. Por lo tanto, es proporcional el monto en relación al riesgo de fuga. Esto debe ser evaluado como un elemento a los fines de definir el riesgo procesal”, dijo y señaló una tensión entre la libertad de los condenados y el derecho de los ciudadanos a que se ejecuten las condenas. “No solo debe evaluarse la situación personal de los imputados, sino también el derecho de la sociedad a que se logre, se ejecuten las condenas”.
Además, para el fiscal el exgobernador tiene una conducta procesal que “define o concretiza que no tiene intenciones de someterse a la ejecución de pena”. “Hasta ayer hubo presentaciones para intentar suspender la audiencia, eso tiene que ver con la intención de sustraerse o no querer cumplir la pena”, apuntó y en el mismo sentido añadió: “Las expresiones públicas, las denuncias contra integrantes y magistrados o funcionarios judiciales, las amenazas de jury son una manifestación clara de la intención concreta del condenado. Esto se acrecentó el último tiempo, con conferencias de prensa denunciado persecuciones, todo lo cual generó una tensión en el sistema judicial entrerriano. Y de eso debe hacerse cargo el condenado”.
El fiscal pidió hacer una distinción entre el adquirir firmeza y que la sentencia sea ejecutable. “Entendemos que amerita la detención porque peligro de fuga está corroborado”.
La suma exorbitante
Por último el fiscal Gonzalo Badano mencionó los tratados internacionales contra la corrupción a los que adhiere el país. Citó antecedentes como el del exvicepresidente Amado Boudou, José López y Ricardo Jaime.Especificó que en las causas investigadas, los “montos en juego son superiores a varios millones de dólares. En total hablamos de una suma superior a los 8 millones 300 mil dólares, o más de 8 mil millones de pesos”, puntualizó y pidió atender “la gravedad de los hechos dada por la reiteración, cometidos en forma sistemática, en ámbito público y privado, por parte de personas instruidas. Es decir, sabían las consecuencias de los actos, del desvío y los retorno de fondos. Hay que merituar el ánimo de lucro”.
