La propuesta, impulsada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, con el aval del oficialismo, fue rechazada por el kirchnerismo y los bloques de izquierda, que despotricaron contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y alegaron que, con esta iniciativa, se vulnera el derecho constitucional a la huelga.
El proyecto -que tuvo 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones- establece que tanto la Nación, como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente, que se susciten durante el ciclo lectivo y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular.
Para ello, la iniciativa dispone un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice la apertura de los establecimientos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, como así también el servicio de alimentación escolar.
Ante una medida de fuerza gremial, el proyecto dispone que si ésta se extiende entre uno y dos días, deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes; si se prolonga por más de tres días continuos o discontinuos, esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades.
Asimismo, la propuesta que ahora deberá tratar el Senado contempla que cada institución educativa deberá prever e informar a las autoridades competentes, al inicio del ciclo lectivo, el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento en caso de medidas de fuerza gremiales.
Defensa de los impulsores
El diputado Alejandro Finnochiaro (PRO), presidente de la Comisión de Educación, elogió la iniciativa. “Esta ley beneficia a la sociedad toda y no perjudica a nadie. Pone en el centro del debate educativo, por primera vez en muchos años, a los chicos, jóvenes y adolescentes, que son el corazón del sistema educativo”, destacó previo a la votación.“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal -sostuvo-. Hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló.
Desde la UCR, la legisladora Carla Carrizo, una de las autoras de la iniciativa acordada, enfatizó que esta “no es una ley en contra de nadie”. “Los niños no son objetos de nadie: ni de los sindicatos, ni de los gobiernos ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando. Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”, enfatizó la dirigente radical.
En similar sentido se expresó su colega de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también autor del proyecto. “Esta iniciativa no atenta contra el derecho a huelga”, enfatizó. “Hay dos derechos en pugna, ningún derecho es absoluto, pero hay un derecho superior, que es el derecho superior de los niños y niñas y adolescentes. Y que al calificar a la educación como servicio estratégico esencial, estamos tomando una decisión -que algunos comparten más, otros menos- que reafirma el papel central que deben tener los alumnos y la educación en lo que es la construcción de una sociedad mucho más equitativa”, sostuvo.
La postura de Osuna
Desde la vereda contraria, la diputada kirchnerista Blanca Osuna, que representa a Entre Ríos en la Cámara baja, enfatizó que, de aprobarse, esta ley violará el pleno derecho de huelga de los docentes y despotricó contra las políticas educativas del gobierno nacional. “Al presidente Javier Milei no le interesa la educación pública: eliminó el Fondo de Incentivo Docente para, con esos recursos, financiar la educación privada por medio de vouchers”, cuestionó Osuna. Sus pares Hugo Yasky e Itai Hagman coincidieron.“Prohibir el derecho de huelga a los docentes es como decir que encontramos la respuesta a la diarrea y usamos un tapón”, aseguró Yasky, secretario de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
Tras aprobar esta iniciativa, los legisladores tenían previsto debatir el financiamiento a las universidades. En medio de una semana de paro de los docentes del sector, los diputados de la UCR lograron incluir este tema en la sesión pese a la renuencia inicial del bloque oficialista. Los libertarios accedieron ante la amenaza cierta de no alcanzar el quórum en el recinto para discutir los proyectos de su mayor interés, como el de la esencialidad del servicio educativo.
