“Por otra parte se exigía que concurrieran a marchas, a cortes de calle y a acampes –controlando la participación de los beneficiaros a través de una lista de asistencia- como así también la concurrencia a actividades proselitistas (entrega de boletas partidadias y venta de rifas) bajo la amenaza concreta de dar de baja el plan social y no recibir la ayuda alimentaria si no se cumplía con estos requisitos”, explicaron las fuentes judiciales.
En paralelo, el juez federal Hernán Viri dispuso abrir una investigación patrimonial con relación a las personas denunciadas. “En ese marco se pudo constatar la existencia de una gran cantidad de transferencias bancarias por parte de los beneficiarios de los planes sociales a las referentes de los movimientos locales de Gualeguaychú para pagar el porcentaje exigido”, explicaron desde el Juzgado Federal.
Desde el Juzgado Federal aseguraron que “muchas de esas transferencias también se les realizaban a los familiares de las referentes sociales, quienes se encargaban de la administración de dichos fondos”.
“Para tener una real dimensión de la maniobra ilícita, solamente a uno de los hijos de la principal dirigente investigada en el marco de la mencionada causa, se le transfirieron desde el año 2020 hasta el año 2024 la suma de $51.000.000 –eso únicamente en una billetera virtual-, con lo cual si se tienen en cuenta todas las otras modalidades de pago y a la cantidad de personas que están siendo investigadas, se estima que los montos son muchísimo mayores”, ejemplificaron.
Por otra parte, explicaron que a la luz de la investigación “surgió que hubo reiteradas transferencias de parte de las referentes de Gualeguaychú hacia una importante referente social nacional, con asiento en La Matanza, en provincia de Buenos Aires, por grandes cantidades de sumas de dinero”. Según consta en el expediente se trata de Claudia Marcela Martínez, alias “Mecha”, señalada por los diferentes denunciantes y testigos como “referente nacional de la organización Social CUBA/MTR”. Esta persona era quien contaba con un usuario habilitado para la carga de altas y bajas de planes “Potenciar Trabajo” en el sistema de participación aportada por el Ministerio de Capital Humano. Su domicilio fue allanado días atrás en el marco de las últimas pesquisas ordenadas por Viri.
En septiembre pasado, el Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso que se hicieran 23 allanamientos, ocasión en la que se secuestró una gran cantidad de celulares y documentación que respaldaron todo lo que se venía investigando. Producto del análisis de la prueba recabada por Gendarmería Nacional, Viri dispuso –entre otras cuestiones- la detención de Carina Rocío Ester Izaguirre, dirigente de la organización CubA- MTR en Gualeguaychú.
“Vale destacar que la principal investigada (Izaguirre) a pesar de encontrarse registrada únicamente como pensionada, adquirió 3 vehículos 0km entre 2022 y 2023, además de efectuar la compra de terrenos. También, se demostró que el nivel de vida de las investigadas, como de su círculo familiar, era muy alto y totalmente incongruente con los ingresos declarados y que podían demostrar”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.
El informe patrimonial citado en el expediente judicial establece que “Carina Rocío Ester Izaguirre, no registraba inscripciones en impuestos y/o actividades económicas ante la AFIP actual ARCA, y no poseía trabajo en relación de dependencia según las fuentes de búsquedas consultadas, por lo que no se podía a priori justificar el origen del dinero que manejaba la investigada Izaguirre a través de sus cuentas de Mercado Libre. Asimismo, en el mencionado informe se constató la incorporación a su patrimonio de tres (3) rodados 0KM registrados bajo su titularidad en los años 2022 y 2023, resultando destacado además que en dicho periodo la investigada era quien habría tenido vinculación con la asignación de los planes sociales nacionales denunciados en esta ciudad, en principio con su denominación “Potenciar Trabajo” desde el año 2020 al 2024 ambos inclusive”.
Desde el Juzgado Federal aseguraron que “pese al avance de la investigación y los allanamientos producidos, las referentes de las organizaciones sociales antes mencionadas continuaron cometiendo los mismos ilícitos, pero cambiando el procedimiento. Ahora cobraban el dinero en efectivo – como pago compulsivo a condición de no perder el plan-, para que de tal forma no quedaran registradas las operatorias con las transferencias bancarias (como sí había sucedido antes)”, señalaron a La Nación.
Además del secuestro de elementos vinculados a la causa (teléfonos celulares, planillas, computadoras, documentación) el juez federal ordenó el secuestro de “una gran cantidad de mercadería que sería para entregar a los beneficiarios de los planes sociales, todo lo cual fue puesto a disposición del Ministerio de Capital Humano. El hallazgo de los alimentos se produjo en varios de los domicilios de las personas allanadas”.
Según pudo constatar La Nación, son 20 las personas involucradas en la maniobra. El juez Viri tomó declaración indagatoria como imputada a Carina Izaguirre, la única persona detenida por el momento. Por más de dos horas, asistida por su defensor técnico –el abogado Fabián Otarán- Izaguirre declaró ante el juez, brindó explicaciones sobre su actividad comercial (repostera) y brindó detalles de las actividades de su núcleo familiar. Durante la audiencia de este viernes, el abogado defensor solicitó la excarcelación, la cual fue denegada por el juez a última hora de ese día. Otarán apelará, aunque el trámite transcurrirá con Izaguirre presa en la Unidad Penal N°9 “Granja El Potrero” a donde fue traslada luego de declarar.
Izaguirre, además de ser repostera y parte de la conducción de la organización social CubA- MTR, integró la lista de concejales del PJ encabezada por el ex intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio.
El expediente judicial
La investigación profundizó en “el análisis de las distintas transferencias y cuentas bancarias informadas por las distintas entidades requeridas, mediante las cuales se logró establecer que Claudia Marcela Martínez alias “Mecha”, señalada por los diferentes denunciantes y testigos como referente nacional de la Organización Social CUBA/MTR, era quien contaba con un usuario habilitado para la carga de altas y bajas de planes “potenciar trabajo” en el sistema de participación aportada por el Ministerio de Capital Humano”.Por otra parte, “a través del análisis de los movimientos de la cuenta de Mercado Pago perteneciente al aludido Rafael Exequiel Ramírez, efectuada por personal del Grupo de Delitos Económicos perteneciente a esta Unidad, se detectaron transferencias efectuadas con destino a la cuenta perteneciente a la investigada Claudia Marcela Martínez, siendo destacado esta información toda vez que sería Martínez quien tiene potestad con el usuario referenciado de dar las altas/bajas de los planes en cuestión en las circunstancias denunciadas; se podría inferir que dichas transferencias podrían estar vinculadas con el producto de las ganancias obtenidas por los pagos exigidos bajo amenaza a los diferentes beneficiarios del plan nacional “Potenciar Trabajo”, resultando destacado que en un periodo de 12 meses las transferencias entre Ezequiel Ramírez (hijo de Izaguirre) y Martínez, arrojaron un monto aproximado a los 2.028.000$ de pesos”.
A su vez se logró establecer que “Ramírez recibió 618 transferencias de las cuales 337 corresponden a personas titulares de programas sociales y han sido realizadas desde cuentas del Banco Nación habilitadas a tal fin, registrando un ingreso de dinero por $51.137.620 y egresos durante el periodo comprendido desde el año 2020 hasta el año 2024 inclusive por $47.329.370, esto como se mencionó solo de la firma Mercado Pago, habiendo sido constatado que el nombrado también posee cuentas en otras billeteras virtuales que están enviando la información requerida para su análisis”.
En el expediente judicial se brinda detalle sobre la participación familiar en la administración de los recursos antes mencionados: “Rocío Izaguirre, es decir su esposo y sus restantes hijos quienes fueron referenciados por distintos denunciantes y por la propia Izaguirre, que en distintas comunicaciones mencionó, como colaboradores de la nombrada en las maniobras investigadas y que ostentarían un nivel de vida que no guardaría relación con sus ingresos registrados”.
También consta que “Carina Izaguirre continúo recaudando las sumas de dinero exigidas mensualmente a los diferentes beneficiarios bajo amenaza de dar de baja dichos beneficios sociales, pero ya no por transferencia bancarias, sino mediante el pago de físico del dinero en cuestión y por intermedios de otras referentes barriales de la organización social CUBA/MTR señaladas como Mónica Cecilia Parma, Gabriela Eseyza y Alba Celeste Horrisberger, siendo además señalado que el contacto de Izaguirre a nivel nacional para llevar a cabo dichas maniobras era Marcela Martínez alias “Mecha”.
Nuevos " testigos y denunciantes de la Línea 134 -la cual dio origen a la investigación- ya convocados anteriormente, que además de realizar los aportes mensuales señalados y referenciados como “fondo de lucha”, eran obligados a vender rifas y entregar lo recaudado a la organización de Izaguirre, además de realizar aporte de dinero para acceder al reparto de alimentos y concurrir a marchas, cortes y acampes, donde se les tomaba asistencia al ingreso y egreso de cada actividad y en caso de no concurrir a las mismas se les daba de baja el plan social nacional, o no le eran entregados alimentos que eran enviados por el gobierno nacional, siendo que incluso uno de los declarantes refirió que por no poder concurrir y hacer el aporte en cuestión, en octubre de 2023 le dieron de baja el plan potenciar trabajo”.
Allí también se detalla “el análisis de la documentación secuestrada en los procedimientos llevados a cabo en su oportunidad, resultando destacado los diferentes listados de asistencia con los datos de diferentes beneficiarios que de planes sociales, lo cual fue cotejado con los padrones remitidos por el Ministerio de Capital Humano y que guardan relación con las actividades antes mencionadas, listado de entregas de alimentos, cuadernos con distinciones de las diferentes organizaciones sociales investigadas, números de cuentas bancarias y alias con montos de dinero, registros de pagos detallados como “fondo de lucha” con montos que rondan los 3000 pesos, con detalle de “pagó” y “falta”, “rifa”, formulario de empadronamiento del “frente de lucha piquetero CUBA MTR”, fotocopias de DNI de diferentes beneficiarios locales y otros elementos de interés”.
¿Qué dice la defensa de Izaguirre?
“Se trata de una investigación compleja y llena de humo, con información que no sabemos de dónde la sacaron, pero que no es cierta. No sé cómo será el caso en Buenos Aires o en otros lugares, pero acá no existe nada de eso que le imputan, extorsiones, exigencias impropias, suba o baja de planes, exigencia de plata, nada de nada. Acá en Gualeguaychú estamos hablando de una luchadora social de las cual puedo llevar cientos de personas a declarar para demostrar qué clase de persona es”, dijo a LA NACION el abogado defensor de la dirigente piquetera, Fabián Otarán.“Izaguirre vive de forma más que modesta y de acuerdo a sus ingresos, una casa pobre de menos de 80 m2, donde tiene un kiosco, además es repostera y venta de tortas, y cobra un Plan Madre de 7 hijos. Todo el dinero y los bienes que dice que tienen, no es cierto, no tiene tres autos, no tiene fortuna, no tiene inmuebles. La ponés patas arriba y no se le cae un mango”, aseguró el abogado defensor.
“El único vehículo que tiene es uno con el que visita su hijo que juega en Colón, y cómo ella iba en remís una vez por mes a llevarle comida y darle un beso, y le salía 40 mil pesos el viaje, decidió comprar una camioneta usada por el la que empezó pagando una cuota de 45 mil pesos, y hoy paga más de 300 mil pesos. Ella y su compañero sacan ese dinero del kiosco los primeros días y pagan la cuota, así se están arreglando. Además, para eso se empeñó en una agencia conocida y un vecino le salió de garante, está todo documentado. Para hacer esta operación vendió otro auto, lo entregó, y el resto lo financió. No tiene cuentas bancarias, no tiene inmuebles, no extorsionó a nadie ni le pidió plata a nadie para ir o no ir a una marcha. Ella no tenía ninguna posibilidad de habilitar o quitar un plan de beneficio social, eso es incumbencia exclusiva de la nación Además, todos sus ingresos se pueden rastrear y probar”, aportó Otarán.
“No sabemos por qué ni quién ingresó una información falsa atribuyéndole bienes y dinero que no son suyos, son de su hijo, que trabajó en Toyota y que recibió una indemnización laboral y con ello se compró un terreno y un auto y realizó trabajos de reparto para Mercado Pago y Diario El Día. Carina Izaguirre es una legendaria y recontra conocida luchadora social, siempre ayudando gente y nunca se quedó con plata de nadie”, cerró el abogado.
