Grippo se mostró sorprendido por la contradicción de la fiscalía, que pidió el recurso por una cosa y planteó otra distinta. Esta cuestión implicaba el rechazo in limine del recurso; no obstante, le dio la palabra a la querella y a las defensas para que se sienten en su posición.
La fiscalía se agravió porque el 1 de marzo, el juez de Garantías de Diamante, Jorge Barbagelata Xavier, decidió dictar 15 días de arresto domiciliario para los policías. Esa resolución contradijo la posición de la fiscal, Romina Blasich, quien había solicitado 90 días de preventiva en la Unidad Penal.
La audiencia comenzó con la fiscal pidiendo la revisión de la decisión de Barbagelata Xavier, manifestando que su agravio era por el plazo de 15 días, cuando ella había solicitado que fuese de 90 días. El juez, tras escuchar que pedía que se mantuviera la modalidad de arresto domiciliario extendiendo el plazo, le señaló que advirtió una “contradicción” seria, puesto que en el escrito donde motivó la necesidad de la audiencia, el agravio consistió en la modalidad y no en el plazo.
Además, en su alocución, tratando de fundar su planteo, Blasich dijo que de 40 testigos, recién declararon 14 y en todos hay temor. También se refirió a los peligros de fuga y entorpecimiento de la causa.
El querellante, Nelson Scholotauer apeló a la gravedad institucional del hecho que consideró de violencia institucional. En ese sentido, pidió que se revea la decisión del juez de garantías.
La defensa de las funcionarias, a cargo de Eduardo Gerard; y la de los hombres, a cargo de Nicolás Bronde y Ricardo Temporetti, respectivamente, se opusieron al pedido y solicitaron que se confirme la resolución de Barbagelata Xavier porque respondió a los planteos que se realizaron en la incipiente investigación.
Tras escuchar a todos, el juez expresó que todos los planteos que las partes realizaron se debían formular ante el juez de garantías de Diamante, que fijó una audiencia para el viernes 14, teniendo en cuenta que ese día se cumple la medida de coerción vigente.
El juez Grippo fue contundente y pidió conocer el procedimiento.
También Grippo sostuvo que el Estado debe arbitrar y garantizar una investigación eficaz dada la gravedad y naturaleza del hecho. Los funcionarios Rubén Darío Ricle, Jonathan Exequiel Vera, Fernanda María Eugenia Toffoli y Mariana Vanina Cepeda están acusados del presunto delito de torturas seguida de muerte, calificación provisoria que ya fue cuestionada por las defensas.
El juez advirtió a las partes que se incurrió en un “dispendio jurisdiccional” importante, añadiendo que los argumentos que se vertieron en esta audiencia en realidad se deben formular ante el juez de garantías, en la audiencia del 14.
