Lo que podría haber continuado
“Con estupor, todos pudimos ver la desmesura que siempre supusimos que existió”, reflexionó Luis Sebastián Orlando Bertozzi de la mencionada ONG “Entre Ríos sin Corrupción”, en un escrito que lleva por título “Controles invisibles y legislatura transparente” y que compartió con El Entre Ríos.Interpretó, luego, que “por los datos publicados, y la abrupta caída de los gastos en asesores contratados en el presente período legislativo, podemos todos los entrerrianos sospechar, con alto grado de verosimilitud, que el gigantesco desfalco descubierto en el 2018 con la mayor causa de Corrupción en la historia de la provincia, conocida como “Contratos Truchos” de la Legislatura, podría haber continuado, al menos, hasta diciembre 2023”.
Tal planteo se sustenta en el análisis de la cantidad de subsidios otorgados por las Cámaras durante el año pasado, “cuando las autoridades subsidiaban a particulares y asociaciones de todo tipo”, advirtieron.
El control que no tuvo rigor
Otro punto que pusieron en el centro de los cuestionamientos es: “¿Cuál es el rol de los ‘Órganos Autónomos de Control’ que tiene el Estado, como son el Tribunal de Cuentas, o la Fiscalía de Estado, o la Contaduría General de la Provincia, todos los cuales están en la Sección VII de nuestra Constitución Provincial”.“En el primer caso, la respuesta es bastante simple. La mayoría de los cargos más importantes en el Tribunal de Cuentas fueron “adjudicados” a ex funcionarios, o familiares de los mismos, por lo cual no es de esperar que auditen con rigor las cuentas que ellos mismos o sus familiares y amigos han descuidado”, plantearon.
Más adelante, el escrito analiza lo hecho desde Fiscalía de Estado que “ha estado encabezada por el doctor Julio Rodriguez Signes y por la doctora Claudia Mizawak (y antes había también tenido su paso por allí el doctor Raúl Barrandeguy)”. Es decir, nombres vinculados al exgobernador, condenado por delitos vinculados a la corrupción como es Sergio Urribarri, y otro que “es uno de los principales defensores de altos funcionarios investigados de corrupción”.
Por último, hacen referencia al rol que no cumple la Contaduría General de la Provincia. “Por motivos tal vez hoy imaginables, los gastos del Poder Legislativo – al igual que del Judicial-, no son controlados por la Contaduría General de la Provincia, aun cuando obviamente están previstos en su Presupuesto General, con lo que se pierde una gran posibilidad de control prevista constitucionalmente”, lamentaron e indicaron que “es un tema sensible y pendiente de resolver en la provincia si aspiramos a luchar contra la corrupción de modo preventivo”. Para concluir, además de compartir archivos de cada cámara, por año, viendo los contratados por legislador y los subsidios otorgados por año, desde “Entre Ríos sin Corrupción” afirmaron que “involucrarse activamente desde la sociedad civil en la lucha contra la corrupción requiere valentía, pero trae brotes frescos y frutos que de otro modo no veremos ni nosotros ni nuestros hijos”.
