"Hay gente que subalquila las viviendas que les entregó el Estado"
Previamente, escuchó las declaraciones que hizo Pablo Carrizzo, uno de los productores que ocupa un lote en la Colonia Guardamonte. ¿Qué dijo concretamente el denunciante? “Primero subí un vídeo a mis redes. Después, subí una denuncia de algo que ya era un secreto a voces, que todo el mundo lo sabía, pero que nadie se animaba a denunciar y bueno, llegó un día que me colmé y junté coraje y lo denuncié en la Justicia”, afirmó.“Tenía las pruebas suficientes, los audios, las capturas de pantalla, los mensajes, todo por parte de gente de la Comisión Administradora de la Colonia Productiva Guardamonte. Tenía todas las pruebas contundentes y con eso me presenté a la Justicia y denuncié”, reiteró y afirmó que “hay gente en la Colonia Productiva que ha subalquilado las viviendas que les entregó el Estado”.
La decisión de ir a la Justicia y poner los delitos que puso en la denuncia fue recomendación de la persona que atendió el llamado que hizo a la Oficina Anticorrupción de la Nación. “Ahora que se armó todo esto, empezaron a pagar, y a cortar el pasto, y hacer como que ocupan los predios”, marcó Carrizzo.
“Quiero denunciar por defraudación y negociaciones incompatible contra la Comisión de la Colonia de Guardamonte (dice el texto de la presentación judicial de Carrillo en la Fiscalía deTala). Con mi familia presentamos un proyecto para hacer huerta intensiva en siete hectáreas de campo, no nos fue otorgado porque no estábamos calificados, nos dieron una casa con media hectárea totalmente destruida, solo era pared y techo, le habían robado todo”, lamentó.
Marcó que, “viviendo ahí, al cabo de los años, los que estaban más calificados que yo a los cuales les otorgaron el proyecto de huerta, no producen nada, ni un perejil, solo se dedican a subarrendar estos campos, entonces mi queja es si yo tenía todas las herramientas, proyectos y no me lo dieron, se lo dieron a otros que no producen, no pagan, básicamente no cumplen el proyecto, hacen por ejemplo tambo que no se puede hacer, los campos los tienen desde el año 2019 aproximadamente que se creó la Colonia”.
Rodriguez Signes: “actuamos rápidamente”
“Nosotros, cuando nos enteramos de cualquier irregularidad acá o en cualquier inmueble de la provincia, actuamos lo más rápidamente que podemos. Lo hemos hecho en Islas, en escuelas rurales, en todo lo que es el patrimonio del Estado”, aseveró y sostuvo: “no voy a perder un minuto en dejar de hacer lo que hay que hacer”.“A Guardamonte fui, no una, muchas veces, porque fue difícil tomar posesión, porque el senador Yedro sostenía que ese campo no era de él, sino de una sociedad y entonces él decía que habían decomisado un inmueble que no le pertenecía, sino que le pertenecía a un tercero, que era esa sociedad”, afirmó.
“Bueno, ese tema también fue muy discutido, y finalmente hace poco, hace muy poco, quedó firme la sentencia que ordenó el decomiso. En su momento, yo, sin esperar que se dicte una resolución que lo dejara firme, hice escriturar el inmueble a favor de la provincia de Entre Ríos”, recordó y marcó que, “a partir de ese momento, estamos hablando del año 2011, comenzaron a discutir cuál era el destino que había que darle a ese inmueble. La verdad que fue una discusión que termina con la sanción de una ley que crea la Colonia Productiva”, recordó Rodríguez Signes.
Recordó el fiscal de Estado que esa idea fue originalmente del exministro de la Producción, Roberto Schunk. “Hubo buena intención, pero yo creo que no era la decisión correcta porque iba a terminar en lo que termina. Es decir, llevar adelante este tipo de proyectos está muy bien en el plano teórico. En el plano práctico requiere de un control efectivo muy firme que la Provincia evidentemente no ha dado”, afirmó.
Reconoció, entonces, que “me temía que esta situación podía darse. Es decir, que no se cumpla con el objetivo de promocionar la producción. En particular, a Schunk le interesaba la producción porcina. Él veía ahí un ámbito para el desarrollo, pero era muy difícil”.
El largo camino judicial
Convertir un campo de más de 2.000 hectáreas en una colonia productiva, en 2019, fue posible luego de un trabajo proceso judicial.Mario Yedro fue concejal del justicialismo de Concordia, interventor de Obras Sanitarias y senador provincial en dos períodos (1987-1991 y 1996-1999). El 22 de diciembre de 2005 un tribunal de Concordia lo halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de $90.000, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de un campo ubicado en el departamento Tala. El exsenador batalló cuanto pudo para retener su propiedad, y por eso se ganó una segunda causa en su contra: por usurpación.
El 18 de noviembre de 2013, la Justicia de Nogoyá lo condenó a cumplir una condena efectiva de 4 años y 6 meses en la cárcel. Yedro recurrió ambas sentencias por distintas vías, hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo obligó a cumplir la condena. El encarcelamiento duró hasta diciembre de 2017: desde entonces está en libertad, mucho antes de que se cumpliera el plazo de la condena.
A la par de la causa penal, también se tramitó un expediente civil que se inició en septiembre de 2010 en el Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala. Allí se presentó la sociedad Delrubio y Hunmendi SRL -que conformaron Yedro, su mujer Silvia Torres (en 2003, al separarse del exlegislador, donó su parte accionaria a sus hijas.
La sociedad aseguró que el campo expropiado a Yedro no pertenecía al exsenador sino que formaba parte de esa sociedad comercial. La Fiscalía de Estado, que representa los intereses del Estado entrerriano, pidió que se declare la incompetencia del fuero civil en un asunto ya resuelto por el fuero penal. En igual sentido se pronunció la Procuración General.
En 2011, el juez Civil y Comercial de Rosario del Tala, Gastón Agotegaray, se declaró incompetente para analizar el asunto y ahí se inició el peregrinar del reclamo del exsenador. De dicho juzgado pasó al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia (antes Sala en lo Penal); más tarde fue a la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay y tiempo después llegó con un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia. El Alto Cuerpo declaró inadmisible el recurso y devolvió el expediente al Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala y, una vez más, vuelta a empezar. El juzgado dispuso su remisión a la Sala en lo Penal de la Cámara de Concordia que volvió a declararse incompetente. Así llegó a la Sala Penal del STJ, que el 18 de marzo de 2019 declaró la nulidad de todo lo actuado.
Ante la falta de un Tribunal que tome el conflicto, el pleno del STJ dirimió el asunto en una votación dividida. Cinco vocales impusieron su propuesta para que el reclamo por el campo decomisado sea resuelto por el Juzgado Civil de Tala.
La vocal Claudia Mizawak fue quien propició esa decisión, ya que la pretensión “encierra una eminente cuestión de naturaleza civil que no fue oportunamente articulada como tal en el proceso penal ni como eventual tercería en él, encontrándose -al momento de la interposición de la demanda- ya firme y ejecutoriada la sentencia definitiva dictada”. Su voto fue acompañado por Emilio Castrillón, María Andrea Pereyra, María Andrea Morales y Gustavo Pimentel. En 2024 el STJ agotó esa discusión y confirmó la expropiación del campo.
