Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Ingresó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto para crear Unidades Fiscales de Investigación de Delitos Ambientales en la provincia. La iniciativa de la diputada Lorena Arrozogaray (Frente Más para Entre Ríos), propone crear dos sedes a través de las cuales canalizar por departamento los casos de esta competencia.
“Facilitar el acceso a la Justicia ambiental”
La legisladora por Gualeguaychú fundamentó su iniciativa en que se trata de “una herramienta jurídica moderna y cada vez más común”, y cita experiencias que ya se han probado en otros distritos, sostienen en el texto al que accedió ERA Verde. Entre los objetivos, se plantea “facilitar el acceso a la justicia ambiental de los ciudadanos y dotar al poder judicial de precisión técnica en la materia”.

Así como en su momento se generaron espacios para abordar las problemáticas de género, ha comenzado a instalarse un consenso social amplio para que la Justicia también cuente con un abordaje de forma científica y entendida de los casos donde se ven vulnerados los derechos de acceso a un ambiente sano.
En Gualeguaychú y Paraná
La idea apunta a crear una sede en la ciudad de Gualeguaychú, “con competencia territorial sobre los departamentos Concordia, Villaguay, Federación, San Salvador, Colón, Uruguay, Gualeguaychú y Islas del Ibicuy”, y la otra en Paraná, “con competencia territorial sobre los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Federal, Feliciano y Rosario del Tala”, se detalla en la iniciativa.


En cuanto a funciones, se especifica que serán: “Preparar y promover la acción penal ambiental, a cuyo fin dirigirá la investigación preparatoria, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella”, e “Impartir instrucciones a los organismos competentes para hacer cesar el daño ambiental”. Para llevar adelante estas tareas, se prevé la asistencia técnica y profesional de un Cuerpo de Investigación Científica, “conformado por profesionales universitarios del ámbito científico con especialización en ciencias, carreras y disciplinas ambientales”. Este organismo tendrá el papel de “asistir al Fiscal Ambiental en el correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica, elaborando los informes y dictámenes que les sean requeridos a tal fin y colaborando en la producción en tiempo y forma de la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección del ambiente”.
Argumentos
Entre los considerados se enumera la vigencia de normativa argentina de protección ambiental que se incorpora con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. En la Carta Magna se deja expreso el derecho “a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Asimismo, los compromisos suscriptos por la adhesión a los tratados internacionales en la materia que suma el acceso al ambiente sano “como un derecho humano de características especiales dado que es colectivo”; también se tienen en consideración el amparo en la materia que establece la Constitución de Entre Ríos del año 2008, se indicó. “Ante el escenario actual donde el paradigma ambiental ha tomado un protagonismo importante, es que venimos a proponer una herramienta jurídica moderna y cada vez más común en los fueros judiciales de creación de Fiscalías Ambientales en la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos”, fundamenta la propuesta de Arrozogaray.

Entre los antecedentes, se menciona experiencias y avances en materia de Fiscalías Ambientales y fueros especiales en las provincias de Corrientes, Jujuy, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como proyectos en discusión en Santa Fe y en el Congreso de la Nación.

Y agrega: “La Provincia de Entre Ríos posee características ambientales únicas en el país, basada en el atravesamiento de ríos y arroyos, áreas naturales protegidas, parques nacionales, sitios Ramsar, una distribución territorial uniforme y un sistema institucional con matriz en todas las comunas y localidades, el presente proyecto busca seguir robusteciendo esa institucionalidad basada en los principios de justicia, garantizando una correspondiente protección jurisdiccional del derecho constitucional a un ambiente sano. La creación de las Fiscalías Ambientales es en suma una de las acciones del estado entrerriano destinadas a la protección ambiental y animal, entre las políticas desarrolladas actualmente se encuentran”.

De acuerdo a lo señalado a ERA Verde, el proyecto de Arrozogaray retoma un borrador dado a conocer por el ex senador por Gualeguaychú, Natalio Gerdau (PJ–2011/2015). Acompañan a la legisladora como coautores de la iniciativa sus pares de bloque, José María Kramer, Yari Demian Seyler, Silvia Del Carmen Moreno y Laura Stratta.
Fuente: Entre Ríos Ahora.

Enviá tu comentario