El dueño del campo es José Luis Spañoletti, exviceintendente de Federación y exdelegado de Derechos Humanos del Ministerio de justicia de la Nación en la gestión de Mauricio Macri. La Cámara Federal acaba de revocar la falta de mérito que le había dictado el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró.
Las actuaciones comenzaron luego de una denuncia formulada el 20 de mayo de 2020 por la Policía Federal Argentina, Delegación Chajarí, por la que un coordinador de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos puso en conocimiento una situación de irregularidad laboral en Concordia. De acuerdo al testimonio, una persona identificada como V se comunicó pidiendo ayuda, dado que él y otras nueve personas habían sido captadas desde Misiones para trabajar en la deforestación; agregó que se encontraban alojadas en Concordia, en condiciones inhumanas, sin comida y con escaso o nulo pago.
El denunciante se comunicó con el delegado departamental Concordia, quién a través de Inspectores de la Dirección del Trabajo de esa ciudad confirmó la denuncia. Se trataba de un establecimiento llamado «San Agustín». El denunciante aportó fotos ilustrativas de las condiciones de precariedad, por lo cual se labraron actuaciones de oficio, se individualizaron a las personas que allí se hallaban, todas mayores de edad, y se constató la situación de “servidumbre”. Asimismo se identificó al empleador.
En base a ello, se ordenó el allanamiento del lugar y se recabaron fotografías del sector donde se alojaban: un colectivo abandonado y un corral precario con colchones, lugar donde se identificó y detuvo a quien refirió ser el dueño del campo. La persona señalada como quien trataba con las víctimas no fue hallada en el lugar y se dispuso su orden de captura. El 10 de junio, el juzgado dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer al dueño del campo, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal el 3 de septiembre último. Con posterioridad, se incorporó al proceso la persona identificada por las víctimas, a quien se le atribuyó haber contactado y contratado engañosamente, para luego explotar laboralmente, a unas siete personas de otra provincia, que habrían sido acogidas por el propietario del campo “San Agustín”.
De acuerdo al recurso de apelación interpuesto por la fiscal Minatta, el imputado fue señalado como responsable de impartir órdenes directas a las víctimas de la explotación laboral, sometidas a condiciones insalubres, según consta en testimonios y documentación. Para el fiscal Álvarez esto permite inferir que se encuentran reunidos los presupuestos requeridos por este tipo penal, ya que el imputado había cometido el delito con total conocimiento de la situación por parte del dueño del campo. Consideró además que el vínculo entre ambos fue acreditado y que el imputado se encontraba en dicho predio al momento del allanamiento y que se dio a la fuga.
Álvarez resaltó además el relato de las víctimas, que fueron exhaustivos y contestes en relación a que el imputado era el patrón, y que el otro sujeto, por ahora con falta de mérito firme, era el dueño del campo. El fiscal también arguyó que el imputado no podía desconocer la situación habitacional de las víctimas, quienes fueron alojadas en un colectivo utilizado como dormitorio, ubicado a la intemperie, y que los comprobantes de compra presentados por su defensa no guardan relación con las posibilidades de consumo de las víctimas en las condiciones en que se encontraban. También señaló que los recibos de cobro supuestamente firmados por uno de los damnificados no desacreditan los testimonios referidos a las condiciones salariales de las víctimas, como tampoco los descuentos de comida y combustible que refirieron que habían padecido.
Si bien fueron cinco las víctimas identificadas por el Programa de Rescate y Acompañamiento, todas ellas en situación de vulnerabilidad, el imputado había escapado minutos antes del allanamiento por un camino con otras víctimas, tras lo cual se profugó. Todas las víctimas testificaron haber sido captadas, trasladadas, pagas con salario vil con descuentos y que residían en un lugar precario y falto de higiene, y reconocieron como patrón al imputado. En su recurso, el Ministerio Público Fiscal expuso que el relato del imputado y la documentación no constituyen fuente o fundamento de exención de responsabilidad, sino claros indicadores de lo contrario. De acuerdo al fiscal, ha podido comprobarse el ofrecimiento de trabajo, la captación, el traslado y acogimiento con fines de explotación laboral por parte del imputado, y también la conducta agravada, por lo cual concluyó que existió una verdadera situación de explotación, motivo por el que solicitó que se revocase el auto de falta de mérito y se dispusiera su procesamiento.
La resolución de Cámara
En su voto, la camarista Cintia Gómez consideró que la materialidad del hecho delictivo no se hallaba controvertida y que existen elementos que permiten sostenerla provisionalmente. Al respecto, mencionó la denuncia policial inicial, el acta de allanamiento llevado a cabo en el campo y las demás pruebas incorporadas al expediente, como los testimonios recibidos de los cuales surge que la situación de trabajo y habitacional de las personas allí identificadas era de suma precariedad, inhumana, con extensa jornada laboral y salario exiguo e incierto. También fue posible acreditar el mecanismo de descuento y provisión de productos desde afuera, la falta de provisión de alimentos y de adecuadas condiciones de alojamiento, ausencia de baño y cocina, y lo engañosas que fueron las condiciones laborales prometidas para los damnificados.Para la jueza, la conducta endilgada al imputado se encuadra en la figura del artículo 145 del Código Penal, que prevé una pena de cuatro a ocho años de prisión a quien “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. De igual manera, el artículo 145 ter. de la misma normativa, establece en sus incisos 1 y 4 que la pena debe ser de cinco a diez años cuando “mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima» y «las víctimas fueren tres (3) o más”.
En armonía con el planteo del Ministerio Público Fiscal, Gómez consideró que el magistrado efectuó una valoración sesgada de la prueba, considerando sólo los dichos del imputado y la prueba sin sopesar que la escena de los hechos, así como los dichos de las víctimas, lo colocan “en un rol preponderante en torno a la configuración del suceso ilícito, del que no es posible extrañarse”. La jueza de cámara remarcó que en la actualidad el Estado Argentino asume un “paradigma diferente desplazando estereotipos y visibilizando a las personas, otrora escondidas en él, y aborda este tipo de situaciones con el objetivo de eliminar todo tipo de sometimiento, reducción o privación de libertad en resguardo de la dignidad humana –condición que reviste todo ser humano por el solo hecho de serlo y consagrado por el derecho internacional de los derechos humanos-.”
En el mismo sentido, la jueza Beatriz Aranguren y el juez Mateo Busaniche estimaron que correspondía hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. Por ello, revocaron el auto que dispone la falta de mérito dictada respecto del imputado y ordenaron al juez de primera instancia el dictado de un nuevo pronunciamiento.
