La gestión para ello fue iniciada por el propio Roncaglia, quien solicitó que su designación sea considerada ad honorem “debido la incompatibilidad de percepción de haberes de retiro provenientes de la Policía Federal Argentina con el desempeño de las funciones en la administración pública provincial”.
Ahora, el decreto Nº 171 vuelve para atrás tal determinación, deja sin efecto el Nº 2353 y dispone que Roncaglia continúe “las funciones encomendadas conforme decreto Nº 245/23”, que es el que lo designa como funcionario.
La nueva decisión se basa en el dictamen Nº 0007/25 de la Fiscalía de Estado, por el cual se hizo “un análisis jurídico para determinar si existe situación de incompatibilidad según lo dispuesto en la ley Nº 7413, respecto a la función del ministro de Seguridad y Justicia con su carácter de retirado de la Policía Federal”.
La conclusión del dictamen de la Fiscalía es que “no se advierte la configuración de incompatibilidad alguna entre el cargo desempeñado por Roncaglia y la percepción de un beneficio de retiro de una fuerza de seguridad nacional”.
