Revisión de pruebas, el 25 de febrero
En concreto, el jueves 25 de febrero habrá una audiencia de revisión de pruebas ante la jueza de Garantías Marina Barbagetala. La misma fue solicitada por los abogados Miguel Cullen y Néstor Pedrotti, defensores de los empresarios Miguel Marizza, Néstor Iván Szcezech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú.Según trascendió, los letrados habrían planteado que la Fiscalía no remitió toda la documental para que los peritos contadores, que dependen del Superior Tribunal de Justicia (STJ), elaboren un informe preciso basados en los puntos de pericias determinados hace dos años atrás, en 2019.
Por el contrario, desde la Fiscalía sostienen que toda la documentación fue enviada a los peritos de Gualeguaychú, Diana Rossi y Natalia Mendiburu. Y defienden el trabajo que han realizado las profesionales hasta el momento.
Lo cierto es que la última palabra la tiene la jueza Barbagelata, quien deberá analizar si la pericia se está llevando a cabo como estaba preestablecido, tomando en cuenta los puntos de pericia propuesto por Fiscalía y las defensas.
La causa, iniciado hace 7 años
La causa está caratulada “Presuntas irregularidades en el marco del convenio de colaboración entre el Estado provincial y la Cámara Argentina de la Construcción (decreto Nº 3974/14)-Cumbre del Mercosur 2014 s/investigación de oficio”.El caso tiene relación con la cita regional que se dio en la capital entrerriana entre el 14 y el 18 de diciembre de 2014, cuando se realizó la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Hasta aquí llegaron Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rouseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Nicolás Maduro (Venezuela), Horacio Cortes (Paraguay) y José Mujica (Uruguay).
Previo al encuentro continental, el gobernador Sergio Urribarri firmó un acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción, que se constituyó en el agente que contrató las obras necesarias durante la Cumbre.
El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística.
El acuerdo lo firmó el entonces titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.
Alicia Feltes, actual titular de Vialidad, fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.
Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.
Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela del Centenario y La Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos.
Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $535.184,34.
Pero esos gastos después quedaron bajo la lupa judicial. El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación penal por el supuesto delito de pago de sobreprecios, y la cifra que calculó ronda los $18 millones.
Sin embargo, ese cálculo fue realizado por la Fiscalía en 2017 y recién en 2019, y tras varias audiencias, se designó a peritos contables que dependen del Superior Tribunal de Justicia para que realicen un informe más “independiente”.
Desde entonces, se espera el informe final que será clave para determinar si el caso debe avanzar hacia un juicio o descansar en los archivos de Tribunales.
